MIEDO EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Tasas judiciales,  reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y de la planta judicial, reforma de la justicia gratuita, así como otros ataques a otros elementos de la Justicia como la privatización del Registro Civil. Y la amenaza con que en este Consejo de ministros pueda avanzar la ley de servicios profesionales. La estrategia del Gobierno es clara, en este y otros sectores: abrir una pluralidad de frentes que dificultan la capacidad de reacción de unos colectivos, en este caso los abogados, ya de por sí poco dados a reaccionar. Que nadie piense que es casualidad que todo coincida (salvo las tasas que ya llevan más de un año de vigencia).

Percibo una honda preocupación en los Colegios de Abogados por la aprobación de esta norma. No es para menos, limitar las cuotas de los colegiados a 240 euros anuales como parece ser la intención del Gobierno conduciría a una situación de catástrofe a muchos de ellos al descuadrar sus balances contables (sobre el proceso de cambio que deberían realizar los Colegios de Abogados escribí esto).

Lo que más me preocupa personalmente no es tanto la reforma en sí, que es de preocupar porque conducirá a unos Colegios Profesionales débiles, y por lo tanto menos capaces de defender los intereses del colectivo; sino comprobar la inexistencia de una alternativa trabajada a las pretensiones del gobierno.

El tema no es nuevo. Ya escribí sobre esta pretensión en enero de 2013 como puede leerse aqui y en otras entradas del blog. Señalo cuando escribí sobre ello pues se ha tenido 18 meses para afrontar este escenario. Podría poner numerosos ejemplos de como ante una imposición legal o de una parte gubernativa el poder de un colectivo bien organizado, dispuesto y plantando cara todos a una, ha tumbado la imposición legal o las pretensiones de un gobierno.

Claro que ese no es el escenario en el que nos encontramos, por muchos motivos, pero entre otros porque nadie desde las instituciones se ha preocupado por ayudar a estar en ese escenario de unión. Son numerosas las ocasiones en que he alertado sobre la deficiente política de comunicación institucional como hice aquí (salvo excepciones, pues bien conocida es mi admiración por Colegios y Decanos como el de Cartagena, que no es el único en hacer estas cosas).

Se ha perdido un tiempo precioso en hacer una labor de marketing y de "venta" a los propios colegiados de la importancia de los Colegios, de las acciones que han estado realizando en defensa de sus intereses; de la trascendencia y efectos positivos de los mismos para los colegiados. La realidad es que se ha incrementado el número de abogados que no verían mal la inexistencia de un Colegio o que entienden que una asociación de profesionales defiende mejor sus intereses (sobre ello escribí aquí).

Claro que todo ello pasaría por una modificación conceptual de los mismos, y que los miembros de las juntas entendieran sus mandatos como un mandato representativo democrático, con las obligaciones que ello conlleva: transparencia, información; pues resulta especialmente doloroso para los colegiados enterarse de las cuestiones que les afectan a través de los medios de comunicación (yo me considero afortunado por tener mis propias fuentes) y no a través de quienes deberían sentirse como sus representantes y actuar como tales. Así como introducir cauces que fomenten y motiven la participación de los colegiados generando cohesión en el colectivo.

Generalizar es injusto y lo expresado no deja de ser un análisis global. Cada cual tendrá que hacer en su momento la reflexión acorde a las responsabilidades que se detente. Yo no dejo de ser un colegiado de base preocupado precisamente porque sabe la importancia de la necesidad de defender los intereses colectivos. Pero lo cierto es que esa necesidad de trabajar el colectivo ya la indiqué aquí en enero de 2013. Y estamos como estamos.