Desgraciadamente parecer ser inminente la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana que en definitiva supone reforzar el poder ejecutivo frente a un poder judicial debilitado estableciendo un estado autoritario con amplísimos poderes policiales carentes del debido control jurisdiccional afectando a importantísimos derechos fundamentales civiles y políticos como el de reunión o manifestación.
Ayer se anunció una reforma de ley enjuiciamiento criminal que por lo poco que he podido leer contiene elementos inconstitucionales como la posibilidad de escuchas sin autorización judicial y que entre otras cosas considera a los delitos cometidos por medios telematicos de similar modo a los delitos de terrorismo. Además va a favorecer la impunidad de los delitos de corrupción estableciendo unos plazos máximos de instrucción que en la actualidad son de imposible cumplimiento.
Hay más ejemplos pero no voy a largar innecesariamente esta entrada. La deliberada legislación dirigida a vaciar derechos se une para su absoluta eficacia a diseñar un sistema carente de independencia judicial.
Para acabar de ejecutar tal planificación el gobierno se ha dedicado a hacer reformas que dificulten e impidan el acceso de los ciudadanos a los tribunales y ahí juegan un importante papel las tasas judiciales.
Lo más lamentable de todo es la situación actual del tribunal constitucional que hace del mismo un organismo del que poco esperar ante este gravísimo atentado de derechos y como digo ante este desmantelamiento del sistema constitucional.
Hoy más que nunca es importante la labor de los juristas en la denuncia y en la acción contra estos desmanes. No todos están allí es cierto. Ellos sabrán por que.
Van a terminar cargándoselo todo...
ResponderEliminarPasaba a saludarte :)
Salud