POLEMICO PAGO A LOS ABOGADOS DE OFICIO DE GURTEL: ¿QUE DEBEMOS SABER?

Esta semana de campaña electoral ha sido noticia que Justicia pagó unos 800000 euros a abogados designados de oficio para la defensa de acusados en GURTEL aunque algunos no tenían derecho a ello. Lo que ha generado indignación y alguna manifestación poco rigurosa e inadecuada ha sido tanto el importe como que se pagara en casos en que no se tenía derecho a la Justicia Gratuita. Aunque realmente el acicate de la exaltación ha sido que fuera en el caso Gurtel y que el pago proviniera siendo ministro del partido popular Rafael Catalá. Lo peor de todo, que nuevamente salpica, perjudica e invisibiliza a los abogados del turno de oficio.

En primer lugar el tema no es nuevo. El convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española y el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) ya es conocido por los profesionales del turno de oficio dado que hace un año muchos de los abogados del turno (que no defendieron la Gurtel) vieran retrasados sus pagos, según el propio CGAE fueron 20000 abogados los afectados el año pasado. El Ministerio se negó a abonar las cantidades del trimestre hasta que el dinero pagado por el convenio Gurtel no fuera devuelto (en este sentido la posición de la abogacía del Estado es que ese convenio es irregular) Este por tanto fue el primer perjuicio para el colectivo.

En relación al importe. El mismo aparece como elevado a ojos de una mirada no profunda, pero hay que analizar tanto el número de profesionales intervinientes como de defendidos, así como el tipo de caso: años de instruccion y meses de vista oral. Este tipo de procedimientos tienen un precio elevado por lo que supone no solo e complejidad y responsabilidad sino también por la dedicación y exclusividad que exigen. Si como abogado de oficio te toca una macrocausa en la que tienes que estar semanas o meses de juicio oral, vas a hacer poco más en tu despacho y tu facturación (y tu manera de ingresar dinero y vivir) se va a ver seriamente dañado. El importe por tanto no es lo que nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender, o al menos a mi me sorprende, es la capacidad para negociar y conseguir un convenio con un precio razonable para la defensa en un caso, pero sin embargo no se tenga la capacidad (probalemente ni las ganas ni la intención) de que en el 99,9% de los asuntos del turno de oficio el abogado de oficio deje de percibir una miseria.

Respecto al pago a defendidos que no tienen reconocido el derecho a la justicia gratuita, es necesaria una pequeña explicación. El abogado designado de oficio ha de hacer su trabajo con igual diligencia en estos casos, tanto se reconozca como se deniegue la justicia gratuita. Es un problema recurrentemente planteado por estos profesionales el que en estos casos el profesional tiene notables problemas para percibir el pago por sus servicios dado que la Administración no le paga y el designado muchas veces tampoco. La denegación no es siolo porque el designado tenga ingresos superiores a los establecidos para el reconocimiento del derecho, es también porque no aportan documentación (indigentes, transeuntes, migrantes sin papeles ni domicilio) o porque la administración se acoge a interpretaciones legales, como en el caso de las personas jurídcas. En estos casos, muchas veces el profesional no cobra y esto no es justo. Y es una reivindicación constante la de que sí que cobren de la Administración también en estos supuestos. De ahí el no entendible "fuego amigo" de algunos al comentar esta denuncia. Y tampoco es entendible por qué la abogacía institucional sí que se preocupa de que se pague en este caso pero se despreocupa en el resto de los casos.

Estas cuestiones eran las que debían ser explicadas al colectivo y la nota informativa del CGAE no lo ha hecho. Lo que se debe de explicar no es que este caso es excepcional, sino el porqué se ha de pagar por la Administración en todo caso y además en una cantidad que compense verdaderamente el esfuerzo de los abogados designados.

La guinda fueron las vergonzosas declaraciones de políticos escandalizandose porque se pagara la defensa de este tipo de defendidos. Y ahí también falló el Consejo General de la Abogacía pues debió decir rotundamente que el abogado (de oficio o de pago) defiende con la mayor de las diligencias a toda persona que sea acusada con independencia del delito del que se le acuse. Esa es una de las grandezas de esta profesión, que cada vez menos gente entiende.