Este año 2020 nos está trayendo muchas cosas y pocas buenas. Y hoy quiero retomar el blog para poder explicar algunas de ellas, una explicación que omito constantemente en mi dia a dia en cuanto cometo el error de criticar determinadas decisiones que se toman con el supuesto objetivo de combatir la pandemia. Digo supuesto objetivo porque suponerles eficacia es mucho suponer, no porque piense que haya algún plan malévolo en contra de los ciudadanos.
Leónidas (le he cambiado el nombre) es un amigo, una buena persona. Y como es una buena persona cree todavía que el resto de la gente es buena persona. Y desde luego no tiene ninguna duda de que quienes comparten sus ideas son buenas personas. Y esto se extiende a quienes están en posición de tomar decisiones contra la pandemia. También te puedes encontrar con Gorgo, Gorgo está muy preocupada por la extensión y duración de la pandemia y el peligro que ello supone. Creo que todos tenemos Leónidas y Gorgos a nuestro alrededor o nos topamos con ellos en redes sociales.
Así que cuando cometes el error de manifestar públicamente que tal o cual decisión que se toma restrictiva de derechos fundamentales es inconstitucional dado que no tiene la cobertura jurídica adecuada (en tu opinión). inmediatamente Leónidas o Gorgo (o los dos) sale al paso diciendote que "es más importante el derecho a la vida (salud)" (habrá que ir pensando en un nombre para esta particular ley de Godwin pandémica). Y entonces miras al cielo con resignación y te planteas si explicar algo sobre los derechos fundamentales, el estado de Derecho, luego te entra el desánimo y desistes. Hasta hoy que tienes un poco de tiempo para escribir en el blog..
Naturalmente es algo que excede de una entrada de un blog y que simplemente quiero pulsar en determinadas teclas por si te inducen a una reflexión. En primer lugar recordar que nuestra Constitución en su artículo 1.1 (tienes que leer poco para llegar hasta ahí) indica que España se constituye en un Estado de Derecho (social y democrático). Es decir, la importancia del sistema jurídico, absoluto esqueleto de nuestra sociedad. Y un cuerpo sin esqueleto no se sostiene. Todos y especialmente nuestros gobernantes deben de cumplir las leyes, que emanan de la soberanía popular (de todos nosotros). Es el orden que nos hemos dado y que construimos y mejoramos (ejem, ejem). Si un gobernante se salta las leyes no solo no hay estado de Derecho, no hay democracia. De ahí la importancia de la absoluta escrupulosidad al respecto.
Y hay ámbitos especialmente protegidos y donde este refuerzo de cumplimiento se engrandece hasta el punto de exigir mayorías cualificadas y reforzadas para poder regular sobre los mismos. Son los derechos fundamentales y en nuestra Constitución en particular aquellos aspectos que se han de regular por ley orgánica integrando el denominado bloque de constitucionalidad.. Así en ese bloque tenemos la regulación de derechos fundamentales y la restricción de los mismos, como el estado de alarma, excepción o de sitio.
Los derechos, también los fundamentales, tienen fricciones entre ellos y hay situaciones donde hay que equilibrar o establecer un orden de prevalencia. Tampoco son absolutos y así hay circunstancias donde se pueden ver restringidos o inefectivos. Por ejemplo, la privación de libertad. Pero fíjese que para la privación de la libertad en aplicación de una pena o de un procedimiento judicial (prisión provisonal), existe un cuerpo específico de normas como es el sistema penal (o procesal penal) en atención a como de importante se entiende que haya un sistema de garantías, con revisión judicial incluida, por afectar a un derecho fundamental como la libertad.
Y cuando se producen esas fricciones o coincidencias de ámbitos de ejercicio de derechos donde ha de prevalecer uno sobre otro u otros o equilibrar su coexistencia, existe una construcción jurídica de como hacerlo, y así, se habla del necesario juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En resumen, ha de restringirse lo mínimo, la restricción ha de ser necesaria y además idónea para el objeto o fin buscado que determina la restricción del derecho. Pero siempre bajo la cobertura del principio de legalidad. Siempre bajo el imperio de la norma.
Y precisamente, para que haya una adecuada garantía ha de seguirse el cauce legal fijado, el procedimiento establecido, para evitar que haya abusos o decisiones desproporcionadas, innecesarias o inadecuadas.
Cada vea más juristas están llamando la atención sobre la necesidad de adaptar las normas actuales para adecuar respuestas ágiles y a la vez garantistas por parte de la administración ante la pandemia. Existen divergencias sobre si determinadas decisiones (las más restrictivas de derechos fundamentales como la libertad de circulación) pueden ser amparadas por ls ley de sanidad o si exigen estado de alarma. pero fuera de estaa discusiones que se solventarían si el legislativo hubiera hecho su trabajo y han tenido meses para hacerlo, y dice mucho de su incompetencia (cuando te preguntes por qué nuestro país está peor que otros aquí tienes una de las causas) tenemos unos hechos objetivos y preocupantes.
En la practica tenemos un caos de decisiones normativas autonómicas sin la más mínima coordinación. Una restricción de derechos fundamentales que no acaba de argumentarse correctamente desde los obligados juicios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Unos gobiernos, central y autonómicos (como es el caso de Aragón) cambiando las reglas (leyes de competencia judicial y decretos leyes) a mitad de partida cuando van perdiendo (cuando las resoluciones dicen que están afectando indebida e incorrectamente derechos fundamentales).
Y la ciudadanía admite esta situación sin el más mínimo gesto de desaprobación. Absolutamente adormecida y anestesiada en su egoísmo individual, hasta que no le dejan salir de puente. Que entonces se enfada. Pero por no poder irse de puente. O como Leónidas y Gorgo, pensando que todo está bien porque hay un bien superior "el derecho a la vida".
Me quedo con las ganas de decirle a Leónidas y Gorgo que entonces están de acuerdo con la pena de muerte aplicada en determinados supuestos (psicópatas asesinos en serie) porque tenemos que proteger la vida los demás, con el mismo argumento con el que acepta lo que está pasando. Pero sé que tampoco va a servir de nada, más que para enfadarlos, así que no se lo digo.
Me veo en la obligación de reiterar que no estoy incidiendo en si las medidas adoptadas son necesarias o no, sino en la importancia de que las medidas se adopten conforme a lo que marca la legalidad. Pues si no, son inconstitucionales, y estamos validando afectar inconstitucionalmente a derechos fundamentales. Con lo que eso supone. Y el peligro que supone entender correcto que nuestros gobiernos hagan esto, y a que precipicio conduce ese camino.
Me preocupa personalmente constatar lo extendido y asumido del discurso según el cual "el fin justifica los medios", algo que por otra parte no es nuevo; y lo conveniente de leer "El Principe" de Maquiavelo y reflexionar sobre las cuestiones que apunta.
Y también me preocupa el perfil bajo de mi colectivo en estos momentos, la gente que trabajamos con el Derecho, y lo positivo que sería que se aunaran esfuerzos colectivamente para utilizando las herramientas que mejor sabemos usar, plantar cara ante esta situación.
