El pasado viernes y organizada por la sección del turno de oficio del Colegio de Abogados de Zaragoza se realizó en la sede del mismo una mesa redonda con los intervinientes de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas para tratar este tema. La mayoría de los representantes de los mismos salvo el PSOE han sido abogados en ejercicio, lo están o actualmente son no ejercientes. Digamos que por lo tanto conocían bien los intríngulis de la cuestión.
Creo que este tipo de actos (hace tres años organizamos un debate más amplio de temática en relación a la justicia desde la brigada tuitera) son positivos porque las cuestiones relacionadas con Justicia no suelen tener espacio en el resto de debates electores organizados y por otra parte sirve para trasladar a los partidos políticos la importancia de determinados temas y de que escuchen a quienes los sufren directamente.
Como digo por las características de los intervinientes y por las exposiciones de los mismos sabían identificar claramente el quid de la problemática (algunos más que otros, especialmente claro lo fue el representante de Izquierda Unida abogado en ejercicio y miembro del turno de oficio) y muchas veces he tratado estas cuestiones en otras entradas del blog. La normativa de justicia gratuita establece que esta se prestará por los Colegios profesionales y por tanto por sus integrantes pero luego el problema está en el cómo se "recompensa" a estos por su trabajo y que muchas veces denominamos "dignidad", aunque la dignidad son más cosas. por ejemplo las condiciones y modo en que se prestan esos servicios asociados a la justicia gratuita.
Así para los Colegios Profesionales también es importante: ya que tienen que prestar el servicio, que el mismo sea efectivamente compensado pues si no es así quienes están pagando los costes de organización son el conjunto de los integrantes del Colegio. En este sentido pronto cogió la intervención desde abajo, desde el público, Pablo Marín Decano del Colegio de Procuradores de Zaragoza (a quien aprovecho para saludar pues en su momento me confesó que lee este blog) y que expresó si no recuerdo mal 4000 expedientes que en el año 2017 no se habían abonado a los procuradores del turno de oficio. Esta es una de las cuestiones donde más se incidió y debo de explicar: ¿usted amable lector se imagina que hubiera cosas que hace en su trabajo por las cuales no le pagaran? Pues eso es lo que ocurre en el turno de oficio: que prestaciones efectuadas por los integrantes no son remuneradas y por tanto son financiadas directamente por los cada vez más exiguos bolsillos de los profesionales que han sentido y sienten duramente la crisis económica desde el 2008.
Respecto al abono de los gastos de infraestuctura (gestión de los Colegios) también incidió y recogió posteriormente Antonio Morán Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza mencionando la estimación de un recurso contencioso contra el actual sistema de pago, sentencia que analicé en este blog y ya expliqué que no era para alegrarse tanto.
Como he dicho se incidió bastante en el tema de lo que no se paga pero no tanto en por qué no se paga o más bien cómo vamos a hacer que se pague. Es decir, que los políticos intervinientes dejaron claro que sabían cual era el escenario, pero lo que faltó fueron soluciones y compromisos para el cambio de ese escenario. Y es que claro, no dudo de la voluntad de los mismos de cambiar, pero es que en el fondo, de lo que estamos hablando es de dinero y en el dinero, en el presupuesto, quien manda son otros que serán a los que en todo caso habrá que convencer y en la situación actual y con las iniciativas pasadas nada hemos conseguido en los negociaciones. Faltó una reflexión de futuro como digo y una concreción de la manera de realizar estos cambios.
Quien apuntó la manera fue el representante del Partido Popular, Fernando Ledesma, al expresar la necesidad de que los juristas hagamos divulgación sobre esta problemática y sobre los problemas de la Justicia como una manera de hacer entender al conjunto de la sociedad la necesidad de mejorar la misma, mencionando por dos ocasiones la labor de la brigada tuitera (que andamos algo dormidos últimamente) como grupo de presión reconociendo expresamente la fuerza de su presión tanto en el ámbito autonómico como al Gobierno de la nación. Coincido con él en que es necesario hacer labor de comunicación sobre estos problemas, divulgativa y reivindicativa, algo en lo que también en mi opinión fallan Colegios y especialmente el Consejo General de la Abogacía que claramente está a otras cosas de mayor postureo.
Y finalizo diciendo que además de esa presión hacia fuera, poco hacemos hacia dentro, si cuando se organiza un debate de estas características la presencia de público es escasa. Es hora de que se dejen los motivos que hacen quedarse en casa y no apoyar una iniciativa que va en interés de todos. El mensaje que se manda a los políticos es que ni siquiera a nosotros nos importa y nos merece el esfuerzo de asistir, cono lo cual ¿qué interés y esfuerzo van a poner ellos?
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