Vanessa Gonzalez también se presentó en las anteriores elecciones a la presidencia.
Aquí teneis la entrevista
1.
¿CUAL ES LA RAZON QUE MOTIVO EL PRESENTAR SU
CANDIDATURA A PRESIDIR EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA?
La anterior elección me presente al cargo con la
intención de dar voz a todos los abogados de España. Me presento porque deseo
la transformación del Consejo General de la Abogacía Española, para que sea un
verdadero órgano de representación de la abogacía española y se convierta en
una institución verdaderamente democrática y transparente. Es necesario dar luz
y taquígrafos al consejo, que sólo tiene sentido si funciona y por y para todas
las personas colegiadas y no responde sólo a intereses clientelares de las
oligarquías financieras y políticas de España.
En la anterior ocasión me entere por la prensa de la
convocatoria electoral y tanto mi colegio como muchos otros incumplieron el
estatuto general de la abogacía porque ni siquiera cumplieron con el único
requisito exigido, publicar la convocatoria en el tablón de anuncios del
colegio. En mi opinión ninguna revista colegial
editada seguramente, incluso cuando ya no exista ni plazo para presentar
la convocatoria o cuando se haya realizado la elección ya, son los medios
establecidos para la convocatoria electoral a la que tienen derecho a acceder
todos los abogados ejercientes de España, y que son muestra de que no existe un
procedimiento democrático para la elección de la presidencia del CGAE, así como
tampoco de los consejeros, en mi opinión. Pero lo verdaderamente importante es
que, en mi opinión, el hecho de que sólo voten los decanos y decanas, que ni si
quiera están obligados a convocar una asamblea y someter a la consideración de
las personas colegiadas a quien se vota, es más los decanos y decanas ni
siquiera están obligados a rendir cuentas de su vota a las juntas de gobierno.
También hay que tener en consideración que los estatutos de mi colegio no
regulan un procedimiento concreto de toma de decisiones y de acuerdos por tanto
de la junta de gobierno y para que los colegiados podamos al menos pedir
explicaciones o someter tan importante cuestión a debate en una junta
extraordinaria o hacer una moción de censura sino consideramos adecuada la
decisión del Decano necesitamos más del 10% de las firmas de las personas colegiadas y a la asistencia para votar a mano alzada en
una asamblea el día que la Junta de Gobierno quiera convocarnos, en definitiva
que los colegiados sólo pagamos cuotas pero no tenemos derecho a votar a
quienes nos representan y en unas condiciones como la descritas desde luego el
voto de un Decano o Decana por mi muy electo que haya sido no puede representar
a cada una de las personas colegiadas, por lo que creo que el actual estatuto
general de la abogacía y el que desde años tienen pendiente y preparado para su
aprobación por el ministerio de justicia NO es democrático, ni en cuanto a la
forma ni en su funcionamiento y desde hace años en mi opinión se vulnera
flagrantemente el art 36 Ce.
Me presento a la elección para cambiar una realidad
que no me gusta. Quiero formar parte de una institución democrática, que me
represente y que me sea útil en mi ejercicio profesional y porque creo que las
cosas algún día deben cambiar, porque en algún momento la abogacía española
tiene que empezar a tener sentido de colectivo y nuestras instituciones servir
y responder a los fines para los que se constituyeron la defensa de la abogacía
y de sus colegiados y de nuestro
Estado Social y democrático de
derecho.
Me sentí decepcionada y sin derechos sólo con
obligaciones por pertenecer a una institución que siento que no me representa,
que no me protege no me defiende, sino todo lo contrario que me perjudica y que contribuya a que en España
cada día tengamos una administración de justicia de peor calidad en la que los
abogados estamos de más, porque en muchas ocasiones parece que pintamos muy
poco o nada y que somos un estorbo.
En el escenario político actual creo los colegios de
abogados son instituciones esenciales y la abogacía es un pilar fundamental del
estado de Derecho, a diferencia de quienes opinan que sobran abogados yo creo
no sobran, y veo que la política que parecen seguir muchos de los que nos
representan es encaminada a la eliminación de abogados ejercientes y a ser la
comparsa de partidos políticos, lobbies y grupos de poder ajenos a la abogacía.
He visto con estupor como la Decana de mi colegio María Eugenia Gay, se erigió
en mediadora en nombre de todos entre el Gobierno de España, utilizando los
medios del colegio, a nuestros empleados para ponerlos al servicio de la
comisión de mediación que ella impulso, y todo ello por su cuenta y riesgo sin
que sea función del colegio y sin que el consejo más allá de recordarle que no
es su función ser mediadora en asuntos constitucionales. Los colegiados del
ICAB y de todos los colegios catalanes hemos tenido que soportar también que la
comisión de defensa del ICAB, hable por todos los colegiados, imponiendo la
opinión de los independentistas a todos los colegiados de Barcelona, no es de
extrañar que el Tribunal Supremo confirmase la condena por violación de
derechos fundamentales al ICAB, por la adhesión al pacto por el derecho a
decidir. Esta importantísima sentencia que reconoce la violación de los
derechos fundamentales de los colegiados que recurrimos, concretamente los
arts. 16, 20.1 y 22.
Entiendo que la democracia española del siglo XXI no
puede permitirse colegios de abogados que violan derechos fundamentales de sus
colegiados, que ni si quiera se pida perdón y que el Consejo se limite a no
difundir la sentencia y es más no permitir si quiera que nuestra web sirva para
difundir tan importante sentencia, ni si quiera darnos la oportunidad de
expresar nuestro parecer a los recurrentes tras la sentencia.
Los colegios de abogados catalanes no puede ser un
instrumento al servicio del secesionismo, poniendo una opinión unánime sobre
cuestiones trascendentales para la vida social y política, pero que nada tienen
que ver con el ejercicio de la abogacía y que nada tienen que ver con las
finalidades de nuestras corporaciones, y son propias de estados corporativos y
de régimen totalitarios, que nada tienen que ver con la democracia española.
La presentación de mi candidatura obedece a la
finalidad de denunciar una vez más la falta del funcionamiento democrático del
consejo de la abogacía española, en mi opinión y mi voluntad de higienizar
democráticamente el consejo.
Por otra parte, creo que debe cambiar íntegramente el
Consejo General de la Abogacía, que además de dotarse de una norma que
garantice un funcionamiento democrático del mismo, lo configure como un órgano
de representación de todos los abogados de España y con competencia claras en
toda España. Creo que el Consejo no debe ser sólo un órgano de coordinación de
todos los colegios de España, porque además para ello está totalmente
injustificado el dineral que representa su mantenimiento por todos los abogados
de España que no tenemos más que obligación de pagar pero que no tenemos ni
siquiera Derecho a votar a los que nos representan, ni a recibir prestación,
apoyo o formación alguna del consejo general de la abogacía española.
¿CUALES CREE QUE DEBEN SER LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA
BAJO SU PRESIDENCIA?
En primer lugar, es necesario impulsar una reforma del
Estatuto General de la Abogacía Española para democratizar el Consejo General
de la Abogacía Española y los 83 colegios de abogados de España, por medio de
la que se regule un procedimiento democrático de elección de nuestros
representantes y del funcionamiento en general de los Colegios de Abogados de
España.
Esa reforma debe prever también unas normas que
permitan que el ejercicio de la abogacía se pueda desempeñar con dignidad, es
absolutamente imprescindible luchar contra la precariedad de la abogacía,
luchar porque se reconozca a los abogados como seres con derechos. En esta
España del 2020 somos personas sin derecho a la conciliación familiar y laboral
y sólo con obligaciones como la de prestar el servicio de asistencia jurídica
gratuita, sin que se nos reconozcan unos honorarios dignos y ello sea de forma
libre, el turno de oficio no puede ser nunca obligatorio, ¿Se puede obligar a
un médico a operar a sus pacientes?, pues de la misma forma entiendo, que no se
puede obligar a un abogado a defender a nadie. Debemos pasar página y
olvidarnos de la eterna cantinela de que la abogacía tiene una obligación moral
de prestar el servicio.
Es necesario que el Consejo General de la abogacía
Española organice una reivindicación conjunta y perfectamente orquestada por
los 83 colegios de abogados de España al mismo tiempo, para exigir al gobierno
una nueva ley de justicia gratuita que garantice que los colegios de abogados
sean los únicos prestadores de los
servicios de asistencia jurídica gratuita y se elimine la obligatoriedad para
los abogados de forma personal de prestar el servicio y exigir un presupuesto
igualitario y que cubra todas las necesidades y gastos que la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita
ocasione de los colegios de abogados y a los abogados y que se garanticen unos
honorarios profesionales dignos para todos los abogados del turno de oficio que
no dependan de una negociación a la baja cada año, es necesario que el Consejo
General de la Abogacía, participe cada año en la elaboración de los
presupuestos en materia de justicia, pero más en materia de justicia gratuita y
eso se tiene que lograr aprobar en una necesaria y nueva ley de justicia
gratuita que acabe con la esclavitud actual de los abogados de oficio.
Y por supuesto hay que lograr una fecha certera y
segura de cobro mensual de todos los abogados de España, y si para eso hay que
ir a una huelga de todos los abogados de España, pues hay que plantearlo.
Por encima de todo y como objetivo prioritario hay que
crear una comisión de lucha contra la privatización del turno de oficio, que
controle todos los concursos y asesorías jurídicas que se encargan a
asociaciones y despachos que forma parcial van haciendo camino en la
privatización del turno de oficio, que desde hace años nos persigue y contra la
que actualmente no se está luchando, y hay que iniciar acciones legales contra
todo acto de privatización encubierta del turno de oficio.
Debe ser también un objetivo prioritario del consejo
luchar contra la competencia desleal y ejercer acciones legales, contra todo
acto de intrusismo, hay que poner fin a plataformas de intermediarios que se
lucran de la competencia desleal entre abogados y velar por la dignificación de
la abogacía, no podemos consentir que la red este plagada de webs que ofrecen
divorcios o desahucios a precios degradantes, ni consentir que aseguradoras y
bancos ofrezcan seguros que ofrezcan a precio indignos todo tipo de servicios jurídicos.
El consejo tiene que tener por objetivo que la
abogacía tenga unos derechos sociales que hoy en día no tiene, ya que no
tenemos asegurada ni siquiera una pensión de jubilación digna, no puede ser que
hayan personas arrastrándose por juzgados, enfermos de cáncer a los que se les
deniegan suspensiones de juicios o compañeras de parto a los que ni siquiera el
día del parto se les suspende la vista, ante la situación que vive la abogacía
es necesario que se conquisten por los menos los mismos derechos sociales que
un trabajador por cuenta ajena tiene reconocidos, ya que el colectivo de
abogados autónomos tiene un gravísimo problema actualmente y por eso el consejo
tiene que tener como objetivo la conquista de los mismos derechos sociales para
trabajadores autónomos que por cuenta ajena.
Debe ser un objetivo del consejo que la abogacía
española obtenga el reconocimiento social merecido, es necesario que se nos
considere autoridad, que no se nos proteja de agresiones, de fraudes estafas,
porque la abogacía es una profesión de riesgo, y es necesario velar por el
cumplimiento de las normas deontológicas y articular mecanismos necesarios para
lograr el cobro de las minutas de los abogados. No es de recibo seguir
manteniendo un sistema por el que la inmensa mayoria de veces se piden venias y
el nuevo letrado no sólo procura el pago del compañero sino que le recomienda
al cliente que no paga o no le informa que tiene pagar al anterior letrado. Hay
que establecer nuevas normas deontologicas para lograr que siempre que se pida
una venia se pague primero al primer letrado, sea de oficio o particular y
hacer que las juras de cuentas y las tasaciones de costas no caigan en saco
roto por la inactividad de los tribunales. No podemos tolerar que se nos diga
que las juras de cuentas no son una prioridad, porque la reclamación de
nuestros honorarios si debe ser un objetivo del consejo luchar contra la
morosidad a la abogacía.
Es necesario revocar el código demonológico aprobado
sin la participación de ningún colegio que
fue presentado en Valladolid y que establece diferencias entre
comunidades autónomas permitiendo en definitiva que cada comunidad tenga sus
propias normas deontologicas. En los tiempos que vivimos necesitamos una
abogacía unida con unas normas deontológicas iguales para todos los abogados
españoles, una abogacía unida será una abogacía libre y fuerte para velar por
los derechos de la ciudadanos y ese es un gran objetivo, que en mi opinión se
ha pervertido, con un código que no es claro, y que crea problemas en lugar de
solventarlos.
El Consejo de la abogacía Española, tiene que ser
transparente, luz y taquigrafos, no puede ser que los que pagamos no tengamos
derecho a conocer el salario de nuestros
empleados, ni lo que nos cuesta la presidencia, es necesario que se hagan
públicos todos los gastos de representación, tenemos que saber que nos cuesta y
en que se invierte nuestro dinero.
El Consejo General de la Abogacía Española debe dar
ejemplo de transparencia y democracia a todas nuestras instituciones, no es de
justicia que la máxima institución de representación de la abogacía sea la más
opaca de las administraciones. Todos los abogados tenemos que tener derecho a
conocer con detalle nuestros presupuestos ingresos y gastos y a votar si los
aprobamos o no, porque es una
corporación de derecho público, no un club de amigos por accidente y no es de
justicia que los colegiados tengamos que pagar sin poder intervenir en la
aprobación y la gestión de nuestro presupuesto.
No puede hablarse más de abogacía institucional, eso
no existe, esa es una clasificación elitista que chirria, ¿es a caso los que
acceden a los cargos de juntas de gobierno no lo hacen para representarnos a
todos?, sinceramente es como tratar de separar a ricos de pobres, la abogacía
española o es toda o ni el consejo ni los colegios de abogados tienen razón de
ser, ya que la única razón de ser y el objetivo principal por tanto del consejo
de la abogacía española, es la representación de todos los abogados y por tanto
la unidad de la abogacía española, sino tendríamos que ir hacia otro modelo de
corporaciones en las que no tendría sentido que la colegiación fuese obligatoria,
ni que sólo existiese un único colegio por demarcación profesional.
Sólo debe hablarse de la abogacia española, porque
todos somos parte de nuestras instituciones y no es de justicia hablar de
abogacía institucional, como si las personas colegiadas que no ostentan cargos
de representación no fuesen institución.
Todos los abogados españoles somos el Consejo de la
Abogacía Española y todos formamos parte de nuestros colegios, por lo que todos
somos institución y no tiene ningún sentido hablar de abogacía institucional y
además resulta verdaderamente feo utilizar ese término.
¿QUE MODIFICARIA DEL FUNCIONAMIENTO Y SITUACION ACTUAL DEL CONSEJO GENERAL
DE LA ABOGACIA?
1- La transparencia, creo que actualmente es totalmente opaco y como he
dicho antes hay que levantar las alforjas, ya es hora de poner luz y
taquigrafos, de hacer públicos, con detalle nuestros gastos e inversiones y de
que todos los acuerdos del consejo sean públicos, debería existir en la web
abogacia.es un acceso a todos los acuerdos del pleno y de la comisiones, no
sólo nuestros gastos y presupuestos, el trabajo de las comisiones es
completamente opaco no conocemos en que se trabaja, ni que se propone en
nuestro nombre, a modo de ejemplo nos tuvimos que enterar viendo en youtube la
intervención de Victoria Ortega de que el consejo bailándole el agua al
gobierno, en nuestro nombre proponía y estaba de acuerdo con una de las peores
reformas para España, que es la eliminación de los jueces de instrucción para
que la investigación criminal pase a manos de una fiscalía, que ni es
independiente, ni tiene medios ni recursos para dedicarse a ello y que de
aprobarse será el principio de un gran agujero para la justicia española que ya
esta muy detrás de países en vías de desarrollo.
Todo lo que se proponga en nombre de la abogacía española tiene que ser
fruto del debate y consenso de toda la abogacía española, lo contrario no es
funcionamiento democrático del consejo.
Es necesario que se organicen más congresos, asambleas, ponencias que el
consejo llegue a toda España con frecuencia y que se haga de forma
participativa.
No es de recibo que un congreso como el de la abogacía española que se hace
cada cuatro años, se esté organizando desde hace años, incumpliendo el propio
estatuto de la abogacía española y sin reglamento democrático alguno, que
permita la participación de todos los colegiados. El último congreso, que ha tenido un elevadísimo coste, ha sido un
gran fiasco, cada año se han ido restando democracia, no hay un reglamento
público, que desarrolle unas normas democráticas, no se permite la
participación de los colegiados, porque no se pueden enviar ponencias ni
propuestas de ninguna clase, se ha eliminado cualquier tema relacionado con el
ejercicio de la profesión y se impide el debate colegial, simulando ser un
congreso científico, que por el mal funcionamiento del mismo no sirve ni como
formación, porque todo fueron ponencias superpuestas, la mayoría ofrecidas por
miembros o ex miembros de juntas de gobierno, no hay transparencia en la contratación
de los ponentes, ni en ninguna contratación y eso tiene que cambiar, porque
el consejo como corporación de derecho
público debe regirse por criterios de contratación pública. Por ello ya no
existen ni conclusiones en los congresos, lo que un signo del declive de la
abogacía española pues las conclusiones de los congresos han inspirado leyes y
jurisprudencia y hoy en día han sido eliminadas y así se ha apagado la voz de
la abogacía, especialmente en las cuestiones que afectan a la regulación y
ejercicio de la profesión.
En mi opinión hay que reformar
urgentemente el estatuto general de la abogacía española para
democratizar nuestra institución y dar derecho de voz y voto a todos los
colegiados, un abogado un voto, sometimiento a referéndum de cuestiones
trascendentales, y sometimiento a votación del proyecto de presupuestos y
gestión del consejo por todos los colegiados, sometimiento del consejo,
consejos y colegios de abogados a criterios de contratación pública son entre
otras cosas una necesidad urgente de la abogacía española.
Y por supuesto hay que acercar el consejo a todos los lugares de España, es
necesario que se realicen actos en toda España,
y creo que debería hacerse un congreso anual del consejo en cada
comunidad autónoma, para plantear los principales problemas de cada comunidad y
trabajar por una justicia igual en toda España y una abogacía con los mismos
derechos y los mismos recursos en toda España, si la gestión y los recursos de
la justicia están descentralizados debe hacerse un esfuerzo porque la justicia
sea igual en toda España y hoy en día hay muchísimas diferencias, que no nos
ayudan. Igualdad y Justicia.
Y no puedo dejar de referirme a la abogacía catalana, dados los difíciles
momentos en los que vivimos la abogacía española no puede abandonar a los
abogados catalanes que estamos siendo abandonados, ya que en momentos
extremadamente difíciles para cualquier jurista en Cataluña, no hemos tenido
ningún apoyo, los catalanes que no somos independentistas, y lo siento pero si
en Cataluña pasan cosas y ejercer la abogacía en nuestra situación no es
sencillo, creo que el consejo debería haber intervenido censurando los
comunicados de la comisión de defensa y del Consejo de los ilustres colegios de
abogados de Cataluña, se ha dedicado a decir en nombre de todos que el derecho
de autodeterminación existe, que es licito y a cuestionar la democracia
española, el juicio del proces, las detenciones de los políticos
independentistas etc...Mientras el consejo de la abogacía española ha mantenido
silencio sin rebatir nada, cuando lo primero que debe exigirse es que se
respete a todos los compañeros y no se ponga a todos una voz unánime donde no
ha existido siquiera debate y sobre cuestiones ajenas al ejercicio de la
abogacía.
También creo que el Consejo de la Abogacía Española debe exigir respeto a
los derechos fundamentales de los colegiados y dar publicidad a la sentencia
del Tribunal Supremo que reconoce que nuestros derechos fundamentales se han
violado por la adhesión al pacto nacional por el derecho a decidir y se nos
tiene que pedir perdón y que María Eugenia Gay, no le eche la culpa a Oriol
Rusca, que también la tiene de ello, ya que ella decidió mantener el recurso de
casación del CICAC y además pedía encima nuestra condena e costas, los dos son
igual de responsables y han seguido la misma política en ese tema imponiéndonos
a todos su opinión.
¿CUAL SERIA SU PRIMERA DECISION COMO PRESIDENTE/A?
Lo primero que haría sería impulsar la reforma del Estatuto General de la
Abogacía española, para que pueda tener lugar una reforma que permita a todos
los abogados de España elegir a sus representantes, porque el actual proceso de
elección en mi opinión no es democrático, ni transparente, ni permite a todos
los candidatos una elección en igualdad de condiciones, pues no es posible
exponer nuestro programa ni siquiera se permite un debate entre los candidatos.
Para que se puedan celebrar unas elecciones democráticas con dignidad y que
resulte electo el candidato o candidata elegida por todos los abogados o
abogadas de España.
¿CUALES CREE QUE SON EN ESTOS MOMENTOS LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE
LOS PROFESIONALES DE LA ABOGACIA?
La precariedad, la competencia desleal, la esclavitud en el turno de
oficio, el mal estado de la administración de
justicia y la mala calidad y condiciones de trabajo en la abogacía, la
falta de conciliación de la vida familiar y laboral, la ausencia total de
derechos sociales y el desprestigio y la devaluación constante de nuestra
profesión.
¿QUE ACCIONES LLEVARIA A CABO EN RELACION A ESTAS PREOCUPACIONES?
Yo creo que nuestra situación es
desde hace tiempo de vida o muerte, los abogados y abogadas son necesarios y no
podemos permitirnos perder a nadie y si
en definitiva no se puede vivir de la abogacía, se pierden profesionales y la
sociedad española no puede permitirse eso.
Yo organizaría una gran asamblea para decidir entre todos para elaborar una
carta de derechos de los abogados y abogadas
y decidir si convocamos una gran huelga para lograr el reconocimiento de
nuestros derechos si los políticos no nos reconocen unos derechos sociales que
garanticen nuestro estado de bienestar, si no nos escuchan y desoyen nuestras
reivindicaciones pues harba que salir a la calle y tomar medidas de presión, y que no digan
que no podemos, porque si pueden los jueces podemos nosotros. Si el Consejo exigiese el reconocimiento de
nuestros derechos, probablemente no habría ni que ir a la huelga, pero hay que
pedir....los derechos sociales no se conquistan sin esfuerzo y sacrificio hay
que trabajar por ello y hacer visible nuestra indigna realidad.
¿PUEDE HACER UN RESUMEN DE SU PROGRAMA?
Reforma del Estatuto General de la Abogacía Española, Derecho a voto de
todos los colegiados de sus representantes. Democratización de lodos los colegios
de abogados.
Luz y taquígrafos exponer todos los gastos e inversiones y contrataciones
del Consejo, hay que exponer la lista de empleados, colaboradores y sus
salarios y funciones.
Sometimiento del consejo a criterios de contratación pública. Lucha por el
reconocimiento social y de derechos
sociales, de todos los abogados, jubilación digna, incapacidad permanente y
temporal, maternidad, asistencia sanitaria, derecho a la salud.
Conciliación de la vida familiar y laboral
Reconocimiento de la figura del abogado como autoridad
Impulsar que reforme ley de Asistencia Jurídica Gratuita y que establezca
honorarios profesionales dignos para todos los abogados españoles con fecha
mensual y certera de pago, reconocimiento del derecho de pago de todas las actuaciones
profesionales.
Creación de una comisión especial para la lucha contra la privatización del
turno de oficio y denuncia y acciones legales contra todos los actos de
privatización encubierta del turno de oficio.
Trabajar por un pacto de estado para la reforma de la administración de
justicia en España, en la que se garantice el derecho a a la tutela judicial
efectiva de la abogacía.
¿CREE QUE LOS PROFESIONALES DE LA ABOGACIA TIENEN UNA BUENA VALORACION
SOBRE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA? ¿CREE QUE CONOCEN SUS
FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO?
La mayoría tiene una opinión mala o inexistente porque el consejo es una
institución completamente ajena a la mayoría de los abogados, que prácticamente
nada saben de el, la mayo ria, no sabe ni que hay elecciones a la presidencia,
están pasando totalmente desapercibidas porque no hay debate alguno, ni
posibilidad de absolutamente nada.
No se conocen sus funciones ni su funcionamiento a la mayoria no le importa
y si pudiese no pagar las cuotas no las pagaría, porque no las considera
necesarias, es algo completamente inexistente en la vida profesional de los
abogados y abogadas.
¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LOS ACUERDOS Y ACTAS DE LOS PLENOS SEAN PÚBLICOS?
¿POR QUE?
Sí, porque no es democrático que no tengamos derecho a conocer que se decide, porque y con el voto de quien, y por cuestión de responsabilidad, porque si no conocemos el contenido de esos acuerdos a quien debemos exigir responsabilidades los colegiados?, deben publicarse todos y es más creo que los plenos también deberían ser públicos y que pudiese asistir todo aquel que lo considerase oportuno, son públicos los plenos del ayuntamiento y televisados en ocasiones porque no vamos a poder asistir a los abogados a las reuniones en las que se toman decisiones que afectan a la institución que pagamos entre todos, y que está formada por todos los colegiados, y es una corporación de derecho público de adscripción obligatoria a la que estamos obligados a pertenecer?
ACTUALMENTE, SOLO PUEDEN VOTAR EN ESTAS ELECCIONES 83 DECANOS. ¿MODIFICARIA
ESTE SISTEMA DE ELECCION? ¿DE QUE MODO?
En las
anteriores elecciones fui la primera en denunciar esto y precisamente me
presente para reformar eso, UN ABOGADO UN VOTO, eso es lo justo, que voten
todos los colegiados y que tenga lugar una elección con un procedimiento
democrático que garantice la igualdad de posibilidad de ser electo, que se
establezca un comité electoral, se fije un techo de gasto, la necesidad y
derecho de exponer un programa y en definitiva crear unas normas electorales
democráticas , ya que en la actualidad son totalmente inexistentes.
¿QUE ARGUMENTO DARÍA PARA CONVENCER DE QUE DEBE SER EL CANDIDATO/A VOTADO/A
EN ESTAS ELECCIONES?
Llevo años luchando
y pleiteando incluso contra el CGAE, ya impugne la anterior elección
precisamente planteando, que no había habido un proceso democrático, he
dirigido todos los recursos contencioso administrativos interpuestos por ALTODO
CATALUÑA contra las indignas negociaciones de unos módulos que en su momento
hasta fueron negociados en
reuniones a las que asistía la
entonces gerente del ICAB. He tenido
que defender mis derechos fundamentales
y el Tribunal Supremo ya ha reconocido que han sido violados mis derechos
fundamentales por mi colegio de abogados y he participado en todas las
asambleas y congresos que he podido defendiendo con integridad y contra
corriente en muchas ocasiones la dignidad del turno de oficio.
Soy una persona ajena al Consejo y a cualquier colegio
de abogados, no pertenezco ni he pertenecido a ninguna junta de gobierno y me
puedo dedicar a la transformación para la democratización y transparencia que exige la necesaria
defensa de la abogacía española y me siento con ilusión y fuerza para hacerlo y
me mueve la necesidad de justicia que sentí desde que decidí dedicarme a la
abogacía y creo que puedo demostrar que desde hace años soy una persona
luchadora y lo he dado todo por la defensa de la abogacía y creo que soy la
persona que puede significar el cambio de 360 grados que necesita el consejo.
¿CONOCE EL CONGRESO DE LA ABOGACIA
INDEPENDIENTE CELEBRADO EN CORDOBA ORGANIZADO POR LA RED DE ABOGADAS Y
ABOGADOS? ¿QUE OPINION LE MERECE ESTE CONGRESO Y ESTA RED?
Si participe en el activamente, de hecho envié la ponencia de la necesaria
reforma del estatuto de la abogacía española que defendí en el congreso y se
aprobó por amplia mayoría. Fue una gran iniciativa y le agradezco enormemente a
los compañeros su organización, ha sido todo un ejemplo para la abogacía
española y un rayo de esperanza ante nuestro desolador panorama, espero que sea
el germen de algo grande y que fructifique lo que tanto trabajamos, fue un gran
esfuerzo para compañeros de toda España, que asistieron pagándose los viajes de
su bolsillo, sin ninguna Junta de Gobierno detrás pagando los costes y además
fue gratuito para todos los asistentes un gran logro de los organizadores a los
que realmente hay que felicitar, además fue muy participativo y teniendo en
cuenta que en los congreso de Valladolid, no se podía prácticamente intervenir
y que la moda es que ahora muchas conferencias son un debate entre los ponentes
que no permite la participación del público que solo es parte del decorado, fue
mucho de agradecer porque realmente intervinieron todos los compañeros que
quisieron y prácticamente todo el congreso fue elaborado por las ponencias
enviadas por los asistentes. Fue un gran éxito y es esperanzador y tengo una
buena opinión de la red y espero que poco a poco se vaya tejiendo esa
estructura que o mucho cambian las cosas o por el momento es absolutamente
imprescindible para la supervivencia de la abogacía española.
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