jueves, 13 de septiembre de 2018

ABOGADOS DE EXITO

Hay conceptos que los solemos construir conforme a nuestras experiencias y creencias. Lo que es normal para unos no lo es para otros. A lo largo de mi vida me he movido en muchos y diferentes entornos, tanto por cuestiones personales como profesionales. Siempre lo he considerado como un factor de enriquecimiento, el conocer y tratar con gente muy diversa, y aprendí eso. Aprendí hace muchos años que no puedo ni debo juzgar a la gente. Tanto los conceptos que podemos manejar son diferentes como tampoco conozco las circunstancias que pueden llevar a una persona a comportarse de uno y otro modo.

Uno de esos conceptos es el "éxito", lo que entendemos por éxito, lo que entiendo yo, lo que entiendes tú lector, puede ser diverso. Y depender de muchos factores. No todas las metas son las mismas, ni las dificultades para conseguirlas. Mi concepto no es mejor que el tuyo ni el tuyo es mejor que el mío. Esa es una de las razones para hacer algo que desgraciadamente cada vez es más excepcional: el respeto. El respeto por la manera que otra persona tiene de ver las cosas. Y es algo también muy relacionado con no juzgar. Tú puedes compartir o no esa manera, pensar que el otro está equivocado. Pensar que no vas a actuar así. Pero con respeto y sin juzgar.

En la profesión que desempeño, abogado, también existe el concepto del éxito. Podemos pensar que hay estereotipos, pero no dejan de ser eso, estereotipos. Y bien para el que los tenga y para el que los quiera conseguir. Pero yo no me muevo con esos estereotipos. Así que hoy quiero hablar de algunas cosas que considero que identifican el éxito.

* el éxito es ser feliz con lo que haces
* el éxito es sentir que eres creativo
* el éxito es sentir que estas rodeado de personas que te valoran y te quieren como eres
* el éxito es ser honrado y honesto
* el éxito es ser fiel a tus principios, a lo que te han enseñado como correcto
* el éxito es aprender constantemente
* el éxito es luchar contra las adversidades. Levantarse si has caído.
* el éxito es mirarte y sentirte bien contigo mismo
* el éxito es saber que en ocasiones te equivocas, que no lo sabes todo, que hay quien sabe más que tu y que no debes  minusvalorar a nadie
* el éxito es tener tiempo para hacer lo que quieres y no para hacer lo que debes o tienes que hacer
* el éxito es respetar y no juzgar a las personas


Dedico especialmente este post a los/as que van de "estrellitas" y que para sentirse así, van mirando por encima del hombro; los/as que necesitan sentirse superiores y para eso ven a otros como inferiores, los que piensan que unas personas valen más que otras, los/as que juzgan a personas sin conocer sus circunstancias o por apariencias o por lo que meramente puedas percibir de sus publicaciones en redes sociales.

Para mi no teneis éxito salvo que tener éxito sea ser unos mierdas.

domingo, 9 de septiembre de 2018

REDES SOCIALES Y CONDUCTAS DELICTIVAS

Después de varios años (creo que el último libro que conseguí leer en verano fue Danza de Dragones en el 2012) he conseguido leer en verano. Ha sido "Instinto y Pólvora" de Silvia Barrera, a la cual tengo el placer de conocer personalmente y en el que habla de su experiencia queriendo ser y siendo policía. Pero mis andanzas como lector no tienen importancia en este momento, lo que quiero trasladar es algunas ideas que lanza Silvia y que yo también comparto personalmente sobre el mundo de internet y las conductas delictivas en el mismo.

Me gustó que tratara (probablemente ella sí que lo haya conseguido) de hacer entender a sus lectores algo en lo que mayoritariamente yo he fracasado cuando he dado formación sobre esta cuestión, pues a diferencia de quien escribe un libro, quien pontifica en un aula sí que ve las caras de los receptores de la información. Y probablemente también fracase al explicarlo aquí: internet, las redes sociales, lo que se llama ciberespacio, tiene otras reglas sociales y de conducta. Hay otras reglas de comportamiento. Y esto, en el ámbito jurídico que es donde me muevo tiene efectos, por una parte la proliferación de determinados conflictos (sobre todo en redes sociales), conductas nocivas (acoso, etc.), ciberdelincuencia y añado yo aunque no sea visto así, al cambiar nuestras reglas de comportamiento, acabará afectando al Derecho como sistema normativo de organización social.

¿Me explico? No, ¿Verdad? Bueno, a ver si consigo explicarme con algunos apuntes que da Silvia Barrera en esa parte de su libro:



Silvia nos cuenta cosas que no somos conscientes. Como la mayor peligrosidad de la ciberdelincuencia, dado que el ciberdelincuente tiene una diferente respuesta emocional. Añado yo, que la "despersonificación" del entorno digital, anula en mayor medida la empatía y sobre todo la consciencia del daño que se está generando. 

Además, la proliferación e incremento de conductas delictivas, potenciada por las herramientas informáticas existentes y la facilidad de su uso, es optimizada porque la propia víctima ayuda a los cibercriminales al no ser consciente de la cantidad de información que hay en internet (mucha de ella facilitada por la propia víctima) sobre ella. A mayor falta de privacidad, mayor exposición al ciberdelincuente.

Y si como vemos, es más fácil realizar actividades delictivas y cada vez se producen más, sin embargo se incrementa la dificulta de persecución y castigo de las mismas por quien tiene la obligación de hacerlo: fuerzas y cuerpos de seguridad y los juzgados y tribunales, con un número insuficiente de efectivos para su persecución, de conocimientos y de medios para ello.

En resumen, un escenario de lo más preocupante en el que los ciberdelincuentes están viendo perfectamente sus oportunidades, las potenciales víctimas no son conscientes de los riesgos en el ciberespacio y los medios de control y de persecución están desfasados y son insuficientes.

Silvia apunta a la necesidad de mayor prevención y formación de cara a esta cada vez mayor presencia en el ciberespacio. Y coincido con ella, aunque tengo la sensación de ese niño pequeño en la playa que quiere frenar el avance de las olas con su cubo y su pequeña pala. Esto no se soluciona con charlas aisladas y puedo asegurar la nula conciencia en instituciones y administraciones en la necesidad de formación en cuestiones básicas de ciberseguridad y autoprotección en el entorno digital.

Esas cosas de las redes sociales no tienen importancia, además la gente ya sabe usarlas porque sabe abrirse una cuenta ... (estoy siendo irónico, que todo hay que decirlo).

domingo, 2 de septiembre de 2018

OPORTUNIDADES JURIDICAS PERDIDAS DEL PROCES

Pocos me discutirán que el proces es un tema que polariza las respuestas y ante el que hay posicionamientos muy radicalizados y poco mesurados. Cada vez que el tema aparece en redes sociales es difícil encontrar una respuesta tranquila ante el mismo y que no parta como digo de un posicionamiento previo. Ello se extiende también a muchos profesionales con los que me relaciono a través de redes sociales y no es exclusivo de este tema y aplicable a otros, aunque probablemente no con la misma tensión e intensidad, en las opiniones sobre determinadas cuestiones pueden mucho los sesgos. Así es difícil encontrar quien da la razón a quien no le une un determinado sesgo.

Pero a diferencia de estos otros temas, el prucés nos está dando a los juristas un terreno para poder debatir y reflexionar sobre el ejercicio de determinados derechos fundamentales con escenarios a mi juicio muy interesantes y que si fueramos capaces de poder deshacernos de esos sesgos y de las connotaciones políticas y emocionales inherentes al pruces, y acercarnos con neutralidad, estoy convencido que nos podrían permitir avanzar en reflexiones jurídicas de calado sobre dichos derechos fundamentales.

Así por ejemplo, la colocación y "descolocación" de los lazos amarillos nos abordaría la utilización del espacio público para la comunicación de mensajes políticos por los ciudadanos; la propia libertad de expresión y la afectación a situaciones laborales (boicots a empresas mientras mantengan a directivos que han expresado una determinada posición ante el prucés); la emisión de consignas políticas por los altavoces de un ayuntamiento (el de Vic).y otros. Pongo solo estos ejemplos porque son los que he apreciado en los ultinos tres días de aterrizaje vacacional. Los escenarios como digo son seguramente muchos y afectan al ejercicio de derechos fundamentales.

Me parecen escenarios del todo interesantes para poder reflexionar sobre el ejercicio de esos derechos fundamentales, una reflexión del todo positiva para otras situaciones que nada que tengan que ver con el tema en cuestión. Sin embargo, no veo que se produzcan esos debates enriquecedores serenos y abstrayendose de la cuestión política. Probablemente esta sea la principal oportunidad jurídica perdida, la de que los juristas (ultimamente denostados) seamos incapaces de abstraernos del comportamiento generalizado y aportar esa visión constructiva, argumentada y razonada, que valdría (si fueramos del todo optimistas) para aportar algo de sentido común a una situación cada vez más tensionada.

viernes, 17 de agosto de 2018

ACREDITACION DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

La aprobación del Real Decreto ley 9/18 sobre violencia de género ha desatado polémica con posterioridad a esta entrada del blog en la que explicaba algunas cuestiones sobre el mismo y que llegó a ser citada en este artículo de El Español.

Uno de los aspectos que más polémica ha generado (en lo que yo he visto) es la ampliación de las posibilidades de acreditación de ser víctima de violencia de género, que en dicha entrada yo consideraba como algo positivo razón por la cual voy a tratar de explicar mi postura en esta entrada. Algunos de los argumentos en contra de este aspecto que he tenido ocasión de ver han sido del tenor  de que debería ser una función de un juez de manera exclusiva, o que dado que si hay una situación de violencia de género obligatoriamente hay un maltratador y se afectarían derechos como la presunción de inocencia (solo puede ser considerado maltratador un condenado en sentencia judicial) incluso el derecho al honor, o que se podrían ver afectados procedimientos de familia.

Responderé sintéticamente a alguna de estas cuestiones. Pero primeramente voy a utilizar una analogía. Imaginemos un accidente de tráfico en el que un peatón que circula por un paso de cebra es atropellado por un vehículo que excede la velocidad. Es gravemente lesionado. Existirá un procedimiento judicial que durará meses para determinar en una sentencia unos hechos probados y unas consecuencias. Mientras tanto ¿el peatón es una víctima de un accidente de tráfico? Se me podrá decir que no son supuestos similares (obviamente, no hay supuestos similares a la violencia de género) pero la cuestión que quiero traer es la siguiente: ¿por qué los juristas tenemos esa tendencia a pensar que determinados resultados sólo han de ser decididos en un procedimiento jurídico y por juristas? Naturalmente cuestiones como la culpabilidad y consecuencias lo serán en dicho procedimiento jurídico pues implica la interpretación y aplicación de normas, pero la condición como tal de víctima, ¿no se tiene desde el mismo momento del accidente? ¿no puede haber otros efectos y determinaciones que no dependan de un procedimiento jurídico y de la aplicación de normas? ¿las víctimas de violencia de género no sufren violencia de género aunque no pongan una denuncia? 

Creo que parte de la oposición a esta novedad y ampliación de sistemas de acreditación radica en el miedo (que es razonable en muchos profesionales que hayan trabajado en esta materia) a como se realizará en la práctica en estos escenarios no sometidos a un control jurisdiccional la consideración de víctima de violencia de género. Digamos que podemos pensar que habrá "profesionales" que no actuarán con el debido rigor o incluso con sesgos, pero sí que habrá muchos otros que actuarán correctamente. Esta reflexión nos deberá llevar a mejorar los protocolos de intervención, asistencia y detección (vease por ejemplo el deplorable  programa informático que efectúa las evaluaciones de riesgo de las víctimas). Pero debo incidir en una cuestión, los efectos de dichos reconocimientos de situaciones de víctima de violencia de género (tal y como dice el Real Decreto Ley) se deberán circunscribir al acceso a derechos para quien sea considerado como víctima, y ello sin que supongo efectos negativos y lesión de derechos para un tercero (mientras no haya sentencia judicial) presunto maltratador, dado que si no, entre otros derechos, se vulneraría en mi opinión el principio de igualdad al desplegarse efectos negativos contra una persona sin darle oportunidad de defenderse.

Pero entrando en materia de alguna de esas críticas, respondería:

- En relación al control jurisdiccional, hay que decir claramente que en la actualidad en las órdenes de protección no hay un examen lo suficientemente individualizado de la situación y suele haber una clara situación de indefensión del denunciado que la mayoría de las veces, detenido de noche y privado de libertad durante muchas horas, se enfrenta sin posibilidad de preparación adecuada con su abogado ni de obtener prueba de descargo ante unas vistas en las que los meros hechos denunciados en la denuncia sin más prueba, suelen ser suficientes para que se conceda una orden de protección de manera casi automática sobre todo si tiene la mala suerte de que pocos días antes ha habido una (desgraciada) muerte debida a la violencia de género y el juez que le vea se acordará de Poncio Pilatos y se lavará las manos por si acaso. El actual control jurisdiccional tiene por tanto poco de control y mucho de concesión automatizada.

-  Lo que regula el Decreto Ley es una ampliación de las situaciones de acreditación, y esos "informes" de servicios sociales u otros que regula no tienen la categoría y no son un informe pericial, con lo que no deberían constituir por sí mismos una prueba de la violencia de género, debiendo ésta probarse en un procedimiento judicial como hasta ahora, con otros medios de prueba. Desde esta perspectiva por tanto no se produce ninguna lesión de la presunción de inocencia (probablemente y en previsión de no lesionar ciertos derechos, estas situaciones de acreditación pendientes de desarrollo reglamentario deberán prever el no hacer mención con datos identificativos de la pareja o supuesto autor de los malos tratos y limitarse a recoger los elementos por los cuales se aprecia la existencia de la condición de víctima de violencia de género)

- En relación a la afección a procedimientos de familia, y siguiendo algunas cuestiones denunciadas, entre otras, por Ana Clara Belío (presidenta de la sección de derecho de familia del Colegio de Abogados de Madrid y competente y profesional abogada especializada en familia, es decir una voz del todo autorizada aunque discrepe de lo que dice) que pone la atención en la afección a la declaración de custodia compartida con la actual redacción del artículo 92.7 del Código Civil ("Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica") deberá ceñirse esta situación de acreditacion de víctima de violencia de género al reconocimiento de derechos (como he indicado con anterioridad) y no a la afectación de derechos de terceros que no han podido intervenir ni defenderse en el citado procedimiento y ante la ausencia de contradicción no tenerse como válido como prueba de la misma manera que otros procedimientos de prueba que no sean suficientemente acreditativos (testigos de referencia, p.e.)

- Del mismo modo en la atribución de la competencia para los procedimientos a los juzgados de violencia sobre la mujer tampoco deben ser informes que abran dicha vía sin la existencia de otros indicios o apertura de un procedimiento penal. Aquí he de decir que mi opinión profesional es que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no deben tener competencias civiles sino exclusivamente penales para que independientemente de la perspectiva de género haya una efectiva situación de igualdad entre las partes y una de ellas no parta estigmatizada en el procedimiento como creo que ocurre en la actualidad en estos casos.


En mi opinión, el error de este Real Decreto Ley será quedarse ahí y no ir a más. Debe ser un cambio de paradigma en la atención y lucha contra la violencia de género, desde un aspecto más social y preventivo y menos penal, y será positivo que para acceder a ayudas y derechos no sea necesario la existencia de un procedimiento penal y ahí es clave el poder acreditar la situación de víctima por otros medios. Naturalmente debe llevar a otras reformas, algunas las he apuntado con anterioridad y otras deben ser objeto de una pausada y adecuada reflexión para no salir de Guatemala y acabar en Guatepeor.

Mucho me temo que dada la utilización de la figura del Decreto Ley sin los presupuestos de urgente necesidad, tal reflexión sea en estos momentos inexistente pues de existir podía haberse esperado a efectuarse una reforma de mayor amplitud, mayor calidad y mayor calado. Veremos si el tiempo me da la razón.

jueves, 9 de agosto de 2018

REAL DECRETO LEY 9/18 SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

En el BOE del 3 de agosto se recoge el Real Decreto ley de medidas urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado sobre Violencia de Género que modifica dos artículos de la ley orgánica 1/04 de medidas de protección integral contra la violencia de género. En la presente entrada comentaremos algunos aspectos sobre el mismo:

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY

No parece que el contenido de dichas modificaciones cumpla los requisitos de un decreto ley de urgencia y necesidad tal y como han sido recogidos en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Si los gobiernos de Rajoy abusaron de esta figura para la regulación legal sin cumplir este presupuesto, desgraciadamente parece que el gobierno de Sánchez continua con esta desagradable opción legislativa que podría (y debería) suponer la inconstitucionalidad del Decreto Ley.

NOVEDADES EN LA ASISTENCIA JURIDICA A LA VICTIMA

Se modifica el artículo 20 de la citada ley que regula la asistencia jurídica. Así se introducen nuevas obligaciones y responsabilidades para los abogados de oficio como:

- la de ostentar la representación procesal de la víctima siendo su despacho el lugar para notificaciones a la misma siempre que no haya procurador (situación obligada en casos de acusación particular) de lo que parece que esta obligación lo será cuando no haya voluntad de haber acusación particular

- Se introduce que los Colegios de Abogados deberán garantizar la inmediata presencia y asistencia a las víctimas. Esta asistencia inmediata es algo que los profesionales siempre hemos insistido en su conveniencia pero me remito a lo que indico continuación.

Ninguno de este incremento de obligaciones lleva aparejado un incremento de las indignas retribuciones que perciben los abogados incluso ni siquiera se cobrará el efectuar dicha representación procesal

Los Colegios de Procuradores deberán garantizar la designación inmediata de procurador. Esto es algo necesario y difÍcil de dar en la práctica y no es un problema exclusivo de los juicios rápidos en violencia de género sino también para las defensas. El matiz importante es que sin procurador no se puede actuar como acusación particular y si esa designación no es inmediata no se debería dejar intervenir al abogado de la víctima como tal, aunque en la práctica se haga y debería llevar aparejada la nulidad (algo que no se si algún valiente ha planteado). Una medida necesaria, pero que como digo ya veremos como aplican los de por sí desbordados sistemas del turno de oficio de los Colegios de Procuradores.

Por último, se deja negro sobre blanco (en la ley) que la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, naturalmente sin poder retrotraer las actuaciones y actuando a partir de ese momento. Supongo que su incorporación es para evitar problemas en Juzgados concretos, pues en otros ya se posibilitaba esa personación.

NOVEDADES SOBRE LA ACREDITACION DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

Hasta este decreto ley, la acreditación de la condición de víctima derivaba de la existencia de una orden de protección. Se preveía también un informe del Ministerio Fiscal hasta que se dictara la orden de protección pero ciertamente estos supuestos eran muy residuales por la habitual rapidez e inmediatez de la orden de protección.

El Decreto Ley amplia estos supuestos, y ciertamente veo necesaria y positiva la ampliación, que ya se producía en otros ámbitos y sentencias precisamente con la existencia de sentencias condenatorias u otras pruebas acreditativas sin la necesidad de la orden de protección. Las nuevas vías de acreditación que se abren con el Decreto Ley y que han generado una cierta polémica son:

- sentencia condenatoria. 

- orden de protección u otra medida cautelar. La ampliación es positiva en la práctica pues había juzgados puntuales en los cuales existían problemas para que tramitaran una orden de protección e incluso de este modo no se está sometido a los plazos y requisitos de la orden de protección

- informe del ministerio fiscal, que ya no está ceñido al supuesto de que no se haya acordado aun la orden de protección solicitada. 

- informe de los servicios sociales, servicios especializados y servicios de acogida. Este es el punto mas criticado y que sin embargo voy a defender más adelante

- Cualquier otro título (prueba) conforme a la legislación procedimental que se regule.


Respecto a estas cuestiones, como digo, ampliar la acreditación es positivo. y sobre todo es positivo que la acreditación de víctima de violencia de género no sea exclusivamente derivada de un marco procedimental penal. Contra lo que muchos piensan, mi experiencia en asistencia a víctimas de violencia de género me ha hecho ser crítico con el mensaje dominante de las campañas sobre esta cuestión dirigidas a que la víctima de violencia de género denuncie, pues para muchas víctimas tomar la decisión de denunciar y afrontar un procedimiento penal sobre el que poco conocen y que les resulta duro y difícil, no es en absoluto fácil. En mi opinión es mejor que la víctima tenga acceso a ayudas y profesionales que le hagan salir de la situación de maltrato y que una vez fortalecida, en el momento en que ella decida, si quiere y es su deseo, denuncie (no olvidemos que un procedimiento penal de violencia de género puede iniciarse y avanzar sin la denuncia de la víctima si bien su papel en ese proceso es esencial). En estas situaciones hacer depender el acceso a derechos y ayudas de que la víctima sea activa en el inicio del proceso penal y dependa de la orden de protección, fuerza a las mismas a adoptar una posición procesal y vital para la que pueden no estar preparadas en ese momento y que llevaba en muchas ocasiones a que no lo hicieran o a que una vez iniciado el procedimiento quisieran retirar la denuncia (algo que no se puede) o en su defecto a no declarar contra el agresor acogiendose a un derecho procesal que llevaba tanto a la ineficacia del procedimiento iniciado (absolución del acusado ante la inexistencia de prueba) como a una clara disfunción en el funcionamiento de los juzgados especializados en la violencia contra la mujer (agotados de ver como muchos procedimientos iniciados acababan en sobreseimiento por esta voluntad de no declarar).

Abrir esta posibilidad puede tener como efecto una mayor agilidad en el acceso a ayudas sin pasar por un proceso penal que será duro para la víctima y también incluso a descargar a juzgados de violencia sobre la mujer que serán más efectivos con menos carga de trabajo. Todo esto pasará si cambiamos la mentalidad e incidimos en la prevención y protección y no tanto en la denuncia y sistema penal. Ya veremos que ocurre.

Entiendo que muchas críticas parten del conocimiento de la existencia de malos profesionales en la atención a la víctima en esos "servicios especializados" (no voy a mencionar el nombre del caso mediático de estos veranos que seguro que te viene a la cabeza). Pero siendo cierto que deberá ser exigible rigor y criterio en esos informes de profesionales, no hay perjuicios en el ámbito penal ni afectación a la presunción de inocencia del presunto (mientras no sea condenado) maltratador, pues el informe será una vía de acceso a derechos (los de la ley integral) y no una prueba contra reo.

Os dejo el enlace a otra visión (más) crítica con el Decreto Ley de mi apreciada amiga Verónica del Carpio

martes, 26 de junio de 2018

POPULISMO PER JUDICIAL

El Gobierno se propone que el Estado se persone en defensa de las víctimas de delitos sexuales. La noticia no solo es inesperada sino sorprendente, máxime cuando en el actual Consejo de Ministro hay una Ministra de Justicia que es Fiscal y dos magistrados (interior y defensa). Alguno de ellos, en particular la ministra de Justicia, debería saber cual es precisamente el funcionamiento y cometido de la Fiscalía, máxime cuando es en lo que ha estado trabajando estos últimos años. Precisamente el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice lo siguiente:

"El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social"

La mera lectura ya indica que el Ministerio Fiscal es el encargado de la protección de las víctimas de este tipo de delitos. A pesar de ello, también existen turnos de abogados de oficio especializados en asistencia a víctimas, en particular a víctimas de violencia de género y a víctimas de violencia sexual. Los primeros, son imperativos por la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género y los segundos dependen de cuestiones organizativas de los Colegios (y de que las administraciones se impliquen naturalmente) pero existen en muchos sitios. Independientemente de ello, el Estatuto de la Víctima posibilita a toda víctima de cualquier delito a contar con un abogado del turno de oficio para poder ejercer la acusación particular. Este tipo de acusaciones, sean por la vía que sean de las indicadas, son necesarias y convenientes, ofrecen un mejor acompañamiento de la víctima, mayor cercanía y facilitan el ejercicio de Derechos. El tándem Ministerio Fiscal - abogado de acusación es suficiente para proteger los intereses y derechos de las víctimas.

Expuesto lo anterior, y expuesto que al menos tres de los ministros deberían conocer lo indicado, ¿qué sentido tiene el anuncio del Gobierno? Ejercer un populismo en el ámbito judicial, al que alguien debería dar ya nombre, un populismo que busca satisfacer una calenturienta opinión pública. El problema es que estos mensajes son perjudiciales, como digo en el título:

- son ofensivos para el Ministerio Fiscal, al ningunear su función

- son ofensivos para esos servicios de turno de oficio ya existentes al despreciar su existencia

- mandan un mensaje de que lo existente hasta el momento no funciona y las víctimas están desprotegidas cuando no es así y puede tener un efecto disuasorio

- son perjudiciales en el plano procesal, pues como algún que otro fiscal ha indicado, acumular acusaciones populares suele desencadenar caos, falta de coordinación y retrasos que solo favorecen a los culpables (lo explica el fiscal Juan Antonio Frago en relación al Prestige en esta entrada de su blog)

Así que si verdaderamente te preocupa el funcionamiento de la Justicia, deberías aplaudir poco o nada estos desvaríos que solo buscan un efecto electoral y que sin embargo generan notables efectos perjudiciales en lo que verdaderamente interesa, la protección de las víctimas.

Por cierto, una vez más, la respuesta de Consejo General de la Abogacía Española y Colegios de abogados ante este desprecio a unos abogados de turno especializados y mal financiados ha sido el más ominoso silencio.

viernes, 1 de junio de 2018

ADIOS RAJOY. ADIOS CATALA

El triunfo de la moción de censura lleva consigo el cese del Gobierno y de los ministros. A expensas de quien sea el ministro o ministra de Justicia (hay que tener en cuenta el especial papel de Margarita Robles en esta legislatura) y teniendo la intención Sánchez de gobernar al menos unos meses, como ciudadanos preocupados por la Justicia deberemos estar especialmente vigilantes, al menos de los siguientes extremos:

- Tasas judiciales. Durante años he combatido las mismas integrando la brigada tuitera y en todo momento mantuve que no hay tasa buena. Me da igual que las tasas las paguen las grandes empresas, no entiendo un sistema de justicia en el cual haya que pagar tasas o depósitos.

- El colapso de los juzgados especializados en reclamaciones bancarias reconocido por el propio funesto ministro. Hay que tener en cuenta que el sistema de procedimiento previo que tantos criticamos fue defendido por Margarita Robles con malas palabras hacia los abogados

- la ley mordaza, una ley utilizada para llegar con sanciones administrativas a donde no llega la ley penal y de este modo restringir el uso de derechos mediante la generación de miedo a la sanción.

- Lexnet y por extensión todo lo que va aparejado a la Justicia Digital precisa parar, repensar, ir hacia atrás y abandonar unos proyectos que generan más problemas que soluciones.

- El incremento de dotación de medios deberá ser para más adelante, al haber manifestado mantener los presupuestos, pero se debe ir trabajando en cubrir las deficiencias en Justicia que muchos colectivos llevan denunciando desde hace tiempo

- El ministro debe atender las peticiones de los colectivos que trabajan en la Justicia, así las demandas de la naciente red de abogados (que une a abogados cansados de los desplantes y de que sus Colegios no les defiendan) como las peticiones de jueces y fiscales sobre todo en lo relativo a la independencia judicial.




Debemos tener presente que si ha caído este Gobierno ha sido porque Sánchez ahora sí que ha conseguido votos de partidos que en su día no consiguió, y que esos votos derivan de la reciente sentencia Gurtel y de que es difícil trasladar a la ciudadanía que apoyas a un gobierno de un partido en el que han hecho las prácticas que la sentencia recoge. Y que eso ha ocurrido porque unos jueces se han atrevido a condenar, otros (instrucción) a investigar, fiscales han llevado para adelante la acusación y un importante papel de algunas acusaciones, de abogados sobre todo los que pelearon para que se produjera la testifical de Rajoy, probablemente la parte más demoledora de la sentencia para él, y ariete de su destitución.

Los ciudadanos deberían ser conscientes de esto y de la importancia de los juristas en la defensa de derechos colectivos y por extensión los partidos políticos que hoy han celebrado la caída de Rajoy.

Desde el hacktivismo, creo que llega un momento para que estos colectivos, brigada tuitera incluida, trabajen duro. Sánchez necesita apoyos de los partidos que hoy le han apoyado o de Ciudadanos, y estos partidos deben ser la vía para sacar adelante proyectos de ley que llevan tiempo trabajandose por estos colectivos como la brigada tuitera o red de abogados.