viernes, 17 de agosto de 2018

ACREDITACION DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

La aprobación del Real Decreto ley 9/18 sobre violencia de género ha desatado polémica con posterioridad a esta entrada del blog en la que explicaba algunas cuestiones sobre el mismo y que llegó a ser citada en este artículo de El Español.

Uno de los aspectos que más polémica ha generado (en lo que yo he visto) es la ampliación de las posibilidades de acreditación de ser víctima de violencia de género, que en dicha entrada yo consideraba como algo positivo razón por la cual voy a tratar de explicar mi postura en esta entrada. Algunos de los argumentos en contra de este aspecto que he tenido ocasión de ver han sido del tenor  de que debería ser una función de un juez de manera exclusiva, o que dado que si hay una situación de violencia de género obligatoriamente hay un maltratador y se afectarían derechos como la presunción de inocencia (solo puede ser considerado maltratador un condenado en sentencia judicial) incluso el derecho al honor, o que se podrían ver afectados procedimientos de familia.

Responderé sintéticamente a alguna de estas cuestiones. Pero primeramente voy a utilizar una analogía. Imaginemos un accidente de tráfico en el que un peatón que circula por un paso de cebra es atropellado por un vehículo que excede la velocidad. Es gravemente lesionado. Existirá un procedimiento judicial que durará meses para determinar en una sentencia unos hechos probados y unas consecuencias. Mientras tanto ¿el peatón es una víctima de un accidente de tráfico? Se me podrá decir que no son supuestos similares (obviamente, no hay supuestos similares a la violencia de género) pero la cuestión que quiero traer es la siguiente: ¿por qué los juristas tenemos esa tendencia a pensar que determinados resultados sólo han de ser decididos en un procedimiento jurídico y por juristas? Naturalmente cuestiones como la culpabilidad y consecuencias lo serán en dicho procedimiento jurídico pues implica la interpretación y aplicación de normas, pero la condición como tal de víctima, ¿no se tiene desde el mismo momento del accidente? ¿no puede haber otros efectos y determinaciones que no dependan de un procedimiento jurídico y de la aplicación de normas? ¿las víctimas de violencia de género no sufren violencia de género aunque no pongan una denuncia? 

Creo que parte de la oposición a esta novedad y ampliación de sistemas de acreditación radica en el miedo (que es razonable en muchos profesionales que hayan trabajado en esta materia) a como se realizará en la práctica en estos escenarios no sometidos a un control jurisdiccional la consideración de víctima de violencia de género. Digamos que podemos pensar que habrá "profesionales" que no actuarán con el debido rigor o incluso con sesgos, pero sí que habrá muchos otros que actuarán correctamente. Esta reflexión nos deberá llevar a mejorar los protocolos de intervención, asistencia y detección (vease por ejemplo el deplorable  programa informático que efectúa las evaluaciones de riesgo de las víctimas). Pero debo incidir en una cuestión, los efectos de dichos reconocimientos de situaciones de víctima de violencia de género (tal y como dice el Real Decreto Ley) se deberán circunscribir al acceso a derechos para quien sea considerado como víctima, y ello sin que supongo efectos negativos y lesión de derechos para un tercero (mientras no haya sentencia judicial) presunto maltratador, dado que si no, entre otros derechos, se vulneraría en mi opinión el principio de igualdad al desplegarse efectos negativos contra una persona sin darle oportunidad de defenderse.

Pero entrando en materia de alguna de esas críticas, respondería:

- En relación al control jurisdiccional, hay que decir claramente que en la actualidad en las órdenes de protección no hay un examen lo suficientemente individualizado de la situación y suele haber una clara situación de indefensión del denunciado que la mayoría de las veces, detenido de noche y privado de libertad durante muchas horas, se enfrenta sin posibilidad de preparación adecuada con su abogado ni de obtener prueba de descargo ante unas vistas en las que los meros hechos denunciados en la denuncia sin más prueba, suelen ser suficientes para que se conceda una orden de protección de manera casi automática sobre todo si tiene la mala suerte de que pocos días antes ha habido una (desgraciada) muerte debida a la violencia de género y el juez que le vea se acordará de Poncio Pilatos y se lavará las manos por si acaso. El actual control jurisdiccional tiene por tanto poco de control y mucho de concesión automatizada.

-  Lo que regula el Decreto Ley es una ampliación de las situaciones de acreditación, y esos "informes" de servicios sociales u otros que regula no tienen la categoría y no son un informe pericial, con lo que no deberían constituir por sí mismos una prueba de la violencia de género, debiendo ésta probarse en un procedimiento judicial como hasta ahora, con otros medios de prueba. Desde esta perspectiva por tanto no se produce ninguna lesión de la presunción de inocencia (probablemente y en previsión de no lesionar ciertos derechos, estas situaciones de acreditación pendientes de desarrollo reglamentario deberán prever el no hacer mención con datos identificativos de la pareja o supuesto autor de los malos tratos y limitarse a recoger los elementos por los cuales se aprecia la existencia de la condición de víctima de violencia de género)

- En relación a la afección a procedimientos de familia, y siguiendo algunas cuestiones denunciadas, entre otras, por Ana Clara Belío (presidenta de la sección de derecho de familia del Colegio de Abogados de Madrid y competente y profesional abogada especializada en familia, es decir una voz del todo autorizada aunque discrepe de lo que dice) que pone la atención en la afección a la declaración de custodia compartida con la actual redacción del artículo 92.7 del Código Civil ("Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica") deberá ceñirse esta situación de acreditacion de víctima de violencia de género al reconocimiento de derechos (como he indicado con anterioridad) y no a la afectación de derechos de terceros que no han podido intervenir ni defenderse en el citado procedimiento y ante la ausencia de contradicción no tenerse como válido como prueba de la misma manera que otros procedimientos de prueba que no sean suficientemente acreditativos (testigos de referencia, p.e.)

- Del mismo modo en la atribución de la competencia para los procedimientos a los juzgados de violencia sobre la mujer tampoco deben ser informes que abran dicha vía sin la existencia de otros indicios o apertura de un procedimiento penal. Aquí he de decir que mi opinión profesional es que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no deben tener competencias civiles sino exclusivamente penales para que independientemente de la perspectiva de género haya una efectiva situación de igualdad entre las partes y una de ellas no parta estigmatizada en el procedimiento como creo que ocurre en la actualidad en estos casos.


En mi opinión, el error de este Real Decreto Ley será quedarse ahí y no ir a más. Debe ser un cambio de paradigma en la atención y lucha contra la violencia de género, desde un aspecto más social y preventivo y menos penal, y será positivo que para acceder a ayudas y derechos no sea necesario la existencia de un procedimiento penal y ahí es clave el poder acreditar la situación de víctima por otros medios. Naturalmente debe llevar a otras reformas, algunas las he apuntado con anterioridad y otras deben ser objeto de una pausada y adecuada reflexión para no salir de Guatemala y acabar en Guatepeor.

Mucho me temo que dada la utilización de la figura del Decreto Ley sin los presupuestos de urgente necesidad, tal reflexión sea en estos momentos inexistente pues de existir podía haberse esperado a efectuarse una reforma de mayor amplitud, mayor calidad y mayor calado. Veremos si el tiempo me da la razón.

jueves, 9 de agosto de 2018

REAL DECRETO LEY 9/18 SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

En el BOE del 3 de agosto se recoge el Real Decreto ley de medidas urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado sobre Violencia de Género que modifica dos artículos de la ley orgánica 1/04 de medidas de protección integral contra la violencia de género. En la presente entrada comentaremos algunos aspectos sobre el mismo:

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY

No parece que el contenido de dichas modificaciones cumpla los requisitos de un decreto ley de urgencia y necesidad tal y como han sido recogidos en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Si los gobiernos de Rajoy abusaron de esta figura para la regulación legal sin cumplir este presupuesto, desgraciadamente parece que el gobierno de Sánchez continua con esta desagradable opción legislativa que podría (y debería) suponer la inconstitucionalidad del Decreto Ley.

NOVEDADES EN LA ASISTENCIA JURIDICA A LA VICTIMA

Se modifica el artículo 20 de la citada ley que regula la asistencia jurídica. Así se introducen nuevas obligaciones y responsabilidades para los abogados de oficio como:

- la de ostentar la representación procesal de la víctima siendo su despacho el lugar para notificaciones a la misma siempre que no haya procurador (situación obligada en casos de acusación particular) de lo que parece que esta obligación lo será cuando no haya voluntad de haber acusación particular

- Se introduce que los Colegios de Abogados deberán garantizar la inmediata presencia y asistencia a las víctimas. Esta asistencia inmediata es algo que los profesionales siempre hemos insistido en su conveniencia pero me remito a lo que indico continuación.

Ninguno de este incremento de obligaciones lleva aparejado un incremento de las indignas retribuciones que perciben los abogados incluso ni siquiera se cobrará el efectuar dicha representación procesal

Los Colegios de Procuradores deberán garantizar la designación inmediata de procurador. Esto es algo necesario y difÍcil de dar en la práctica y no es un problema exclusivo de los juicios rápidos en violencia de género sino también para las defensas. El matiz importante es que sin procurador no se puede actuar como acusación particular y si esa designación no es inmediata no se debería dejar intervenir al abogado de la víctima como tal, aunque en la práctica se haga y debería llevar aparejada la nulidad (algo que no se si algún valiente ha planteado). Una medida necesaria, pero que como digo ya veremos como aplican los de por sí desbordados sistemas del turno de oficio de los Colegios de Procuradores.

Por último, se deja negro sobre blanco (en la ley) que la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, naturalmente sin poder retrotraer las actuaciones y actuando a partir de ese momento. Supongo que su incorporación es para evitar problemas en Juzgados concretos, pues en otros ya se posibilitaba esa personación.

NOVEDADES SOBRE LA ACREDITACION DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

Hasta este decreto ley, la acreditación de la condición de víctima derivaba de la existencia de una orden de protección. Se preveía también un informe del Ministerio Fiscal hasta que se dictara la orden de protección pero ciertamente estos supuestos eran muy residuales por la habitual rapidez e inmediatez de la orden de protección.

El Decreto Ley amplia estos supuestos, y ciertamente veo necesaria y positiva la ampliación, que ya se producía en otros ámbitos y sentencias precisamente con la existencia de sentencias condenatorias u otras pruebas acreditativas sin la necesidad de la orden de protección. Las nuevas vías de acreditación que se abren con el Decreto Ley y que han generado una cierta polémica son:

- sentencia condenatoria. 

- orden de protección u otra medida cautelar. La ampliación es positiva en la práctica pues había juzgados puntuales en los cuales existían problemas para que tramitaran una orden de protección e incluso de este modo no se está sometido a los plazos y requisitos de la orden de protección

- informe del ministerio fiscal, que ya no está ceñido al supuesto de que no se haya acordado aun la orden de protección solicitada. 

- informe de los servicios sociales, servicios especializados y servicios de acogida. Este es el punto mas criticado y que sin embargo voy a defender más adelante

- Cualquier otro título (prueba) conforme a la legislación procedimental que se regule.


Respecto a estas cuestiones, como digo, ampliar la acreditación es positivo. y sobre todo es positivo que la acreditación de víctima de violencia de género no sea exclusivamente derivada de un marco procedimental penal. Contra lo que muchos piensan, mi experiencia en asistencia a víctimas de violencia de género me ha hecho ser crítico con el mensaje dominante de las campañas sobre esta cuestión dirigidas a que la víctima de violencia de género denuncie, pues para muchas víctimas tomar la decisión de denunciar y afrontar un procedimiento penal sobre el que poco conocen y que les resulta duro y difícil, no es en absoluto fácil. En mi opinión es mejor que la víctima tenga acceso a ayudas y profesionales que le hagan salir de la situación de maltrato y que una vez fortalecida, en el momento en que ella decida, si quiere y es su deseo, denuncie (no olvidemos que un procedimiento penal de violencia de género puede iniciarse y avanzar sin la denuncia de la víctima si bien su papel en ese proceso es esencial). En estas situaciones hacer depender el acceso a derechos y ayudas de que la víctima sea activa en el inicio del proceso penal y dependa de la orden de protección, fuerza a las mismas a adoptar una posición procesal y vital para la que pueden no estar preparadas en ese momento y que llevaba en muchas ocasiones a que no lo hicieran o a que una vez iniciado el procedimiento quisieran retirar la denuncia (algo que no se puede) o en su defecto a no declarar contra el agresor acogiendose a un derecho procesal que llevaba tanto a la ineficacia del procedimiento iniciado (absolución del acusado ante la inexistencia de prueba) como a una clara disfunción en el funcionamiento de los juzgados especializados en la violencia contra la mujer (agotados de ver como muchos procedimientos iniciados acababan en sobreseimiento por esta voluntad de no declarar).

Abrir esta posibilidad puede tener como efecto una mayor agilidad en el acceso a ayudas sin pasar por un proceso penal que será duro para la víctima y también incluso a descargar a juzgados de violencia sobre la mujer que serán más efectivos con menos carga de trabajo. Todo esto pasará si cambiamos la mentalidad e incidimos en la prevención y protección y no tanto en la denuncia y sistema penal. Ya veremos que ocurre.

Entiendo que muchas críticas parten del conocimiento de la existencia de malos profesionales en la atención a la víctima en esos "servicios especializados" (no voy a mencionar el nombre del caso mediático de estos veranos que seguro que te viene a la cabeza). Pero siendo cierto que deberá ser exigible rigor y criterio en esos informes de profesionales, no hay perjuicios en el ámbito penal ni afectación a la presunción de inocencia del presunto (mientras no sea condenado) maltratador, pues el informe será una vía de acceso a derechos (los de la ley integral) y no una prueba contra reo.

Os dejo el enlace a otra visión (más) crítica con el Decreto Ley de mi apreciada amiga Verónica del Carpio

martes, 26 de junio de 2018

POPULISMO PER JUDICIAL

El Gobierno se propone que el Estado se persone en defensa de las víctimas de delitos sexuales. La noticia no solo es inesperada sino sorprendente, máxime cuando en el actual Consejo de Ministro hay una Ministra de Justicia que es Fiscal y dos magistrados (interior y defensa). Alguno de ellos, en particular la ministra de Justicia, debería saber cual es precisamente el funcionamiento y cometido de la Fiscalía, máxime cuando es en lo que ha estado trabajando estos últimos años. Precisamente el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice lo siguiente:

"El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social"

La mera lectura ya indica que el Ministerio Fiscal es el encargado de la protección de las víctimas de este tipo de delitos. A pesar de ello, también existen turnos de abogados de oficio especializados en asistencia a víctimas, en particular a víctimas de violencia de género y a víctimas de violencia sexual. Los primeros, son imperativos por la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género y los segundos dependen de cuestiones organizativas de los Colegios (y de que las administraciones se impliquen naturalmente) pero existen en muchos sitios. Independientemente de ello, el Estatuto de la Víctima posibilita a toda víctima de cualquier delito a contar con un abogado del turno de oficio para poder ejercer la acusación particular. Este tipo de acusaciones, sean por la vía que sean de las indicadas, son necesarias y convenientes, ofrecen un mejor acompañamiento de la víctima, mayor cercanía y facilitan el ejercicio de Derechos. El tándem Ministerio Fiscal - abogado de acusación es suficiente para proteger los intereses y derechos de las víctimas.

Expuesto lo anterior, y expuesto que al menos tres de los ministros deberían conocer lo indicado, ¿qué sentido tiene el anuncio del Gobierno? Ejercer un populismo en el ámbito judicial, al que alguien debería dar ya nombre, un populismo que busca satisfacer una calenturienta opinión pública. El problema es que estos mensajes son perjudiciales, como digo en el título:

- son ofensivos para el Ministerio Fiscal, al ningunear su función

- son ofensivos para esos servicios de turno de oficio ya existentes al despreciar su existencia

- mandan un mensaje de que lo existente hasta el momento no funciona y las víctimas están desprotegidas cuando no es así y puede tener un efecto disuasorio

- son perjudiciales en el plano procesal, pues como algún que otro fiscal ha indicado, acumular acusaciones populares suele desencadenar caos, falta de coordinación y retrasos que solo favorecen a los culpables (lo explica el fiscal Juan Antonio Frago en relación al Prestige en esta entrada de su blog)

Así que si verdaderamente te preocupa el funcionamiento de la Justicia, deberías aplaudir poco o nada estos desvaríos que solo buscan un efecto electoral y que sin embargo generan notables efectos perjudiciales en lo que verdaderamente interesa, la protección de las víctimas.

Por cierto, una vez más, la respuesta de Consejo General de la Abogacía Española y Colegios de abogados ante este desprecio a unos abogados de turno especializados y mal financiados ha sido el más ominoso silencio.

viernes, 1 de junio de 2018

ADIOS RAJOY. ADIOS CATALA

El triunfo de la moción de censura lleva consigo el cese del Gobierno y de los ministros. A expensas de quien sea el ministro o ministra de Justicia (hay que tener en cuenta el especial papel de Margarita Robles en esta legislatura) y teniendo la intención Sánchez de gobernar al menos unos meses, como ciudadanos preocupados por la Justicia deberemos estar especialmente vigilantes, al menos de los siguientes extremos:

- Tasas judiciales. Durante años he combatido las mismas integrando la brigada tuitera y en todo momento mantuve que no hay tasa buena. Me da igual que las tasas las paguen las grandes empresas, no entiendo un sistema de justicia en el cual haya que pagar tasas o depósitos.

- El colapso de los juzgados especializados en reclamaciones bancarias reconocido por el propio funesto ministro. Hay que tener en cuenta que el sistema de procedimiento previo que tantos criticamos fue defendido por Margarita Robles con malas palabras hacia los abogados

- la ley mordaza, una ley utilizada para llegar con sanciones administrativas a donde no llega la ley penal y de este modo restringir el uso de derechos mediante la generación de miedo a la sanción.

- Lexnet y por extensión todo lo que va aparejado a la Justicia Digital precisa parar, repensar, ir hacia atrás y abandonar unos proyectos que generan más problemas que soluciones.

- El incremento de dotación de medios deberá ser para más adelante, al haber manifestado mantener los presupuestos, pero se debe ir trabajando en cubrir las deficiencias en Justicia que muchos colectivos llevan denunciando desde hace tiempo

- El ministro debe atender las peticiones de los colectivos que trabajan en la Justicia, así las demandas de la naciente red de abogados (que une a abogados cansados de los desplantes y de que sus Colegios no les defiendan) como las peticiones de jueces y fiscales sobre todo en lo relativo a la independencia judicial.




Debemos tener presente que si ha caído este Gobierno ha sido porque Sánchez ahora sí que ha conseguido votos de partidos que en su día no consiguió, y que esos votos derivan de la reciente sentencia Gurtel y de que es difícil trasladar a la ciudadanía que apoyas a un gobierno de un partido en el que han hecho las prácticas que la sentencia recoge. Y que eso ha ocurrido porque unos jueces se han atrevido a condenar, otros (instrucción) a investigar, fiscales han llevado para adelante la acusación y un importante papel de algunas acusaciones, de abogados sobre todo los que pelearon para que se produjera la testifical de Rajoy, probablemente la parte más demoledora de la sentencia para él, y ariete de su destitución.

Los ciudadanos deberían ser conscientes de esto y de la importancia de los juristas en la defensa de derechos colectivos y por extensión los partidos políticos que hoy han celebrado la caída de Rajoy.

Desde el hacktivismo, creo que llega un momento para que estos colectivos, brigada tuitera incluida, trabajen duro. Sánchez necesita apoyos de los partidos que hoy le han apoyado o de Ciudadanos, y estos partidos deben ser la vía para sacar adelante proyectos de ley que llevan tiempo trabajandose por estos colectivos como la brigada tuitera o red de abogados.

sábado, 26 de mayo de 2018

V CERTAMEN MILLENNIUM

Ayer tuve la oportunidad de participar en el ya V Certamen Millennium de Derecho Internacional Privado. Quien me iba a decir a mi, que durante la carrera de Derecho y en parte importantísima por el profesor que sufrimos acabé aborreciendo el Derecho Internacional Privado, que iba a acabar dedicando buena parte de mi ejercicio profesional a la extranjería y que iba a acabar asistiendo, sin nadie que me apuntara con una escopeta, a un evento de estas características.

Mi presencia se debió sin duda a Pilar Diago, catedrática de Derecho Internacional Privado de la universidad de Zaragoza, alma de la Plataforma Millenium y a que ha sabido crear un equipo de importantes colaboradores y amantes de esa materia, como año tras año, motivar y animar a los alumnos en el estudio de la citada asignatura. Pilar no duda en usar las redes sociales como twitter, web, etc. para dinamizar la enseñanza y enganchar a esos jóvenes juristas. Como sufridor en su día de un profesor totalmente desmotivador, me encantan las iniciativas de Pilar Diago a la que le reconozco mayor mérito por realizarlo en un institución que como tal es caduca y reacia a los cambios.

El certamen Millenium conjuga por un lado la reunión de jóvenes científicos estudiosos de la materia, profesionales y alumnos, consiguiendo un equilibrio y armonía que parece mucho más sencillo de lo que es. A lo largo del mismo se suceden diferentes exposiciones, y tenía ganas de que la agenda me permitiera acudir para una vez visto como oyente, animarme a participar presentando una comunicación en alguna de sus ediciones.



Este año, la oportunidad de acudir fue directa. Pilar nos pidió a mi y a otro compañero y amigo, Roberto Ferrer, el ser asesores técnicos del Tribunal en una categoría concreta: carteles. Los alumnos realizan un cartel / poster en el que se expone un caso o tema de derecho internacional privado, confiando Pilar en nuestra mentalidad de nuevas tecnologías para valorar aspectos comunicativos de los citados carteles. Un planteamiento innovador y necesario, pues los juristas tienen una asignatura pendiente, la comunicación, e incorporar nuevas maneras y métodos de hacerlo es absolutamente innovador en una institución como la Universidad (y quien dice Universidad dice otras instituciones de juristas).

Como le decía a Pilar, valoro mucho sus iniciativas. Hacer cosas diferentes suele conllevar escenarios de hostilidad, pues hacer cosas supone dejar en evidencia a quien no las hace, y mantener una línea plana y continuista en las instituciones tiene mucho que ver con ocultar incapacidades. Y eso también podemos extrapolarlo a otras instituciones de juristas.

En resumen del día, conocí a personas y profesionales muy interesantes a las que espero volver a encontrar en un futuro, disfruté mucho del día, tuve la oportunidad de charlar con Antonio Ripoll, notario de Alicante, que nos seguimos hace tiempo en tuiter, y espero que siga habiendo muchos más certamenes MIllennium y ojala esta iniciativa fuera copiada por otras cátedras o se hiciera algún envento similar sobre materias concretas.

lunes, 21 de mayo de 2018

PARTICIPACION COLEGIAL: ENMIENDAS A PRESUPUESTOS

En diversas ocasiones he expresado mi opinión de que, siendo crítico con los sistemas de participación de los colegiados, es conveniente utilizar al menos los que se tienen. Así, al menos en lo que respecta a mi colegio, Zaragoza, es muy escasa la asistencia a las Juntas Generales y al uso de las enmiedas a los presupuestos de los Colegios.

Compartía con un asistente a las Jornadas de Extranjería una anécdota en relación a algo que a muchos colegiados nos parece anacrónico: los Coros de los Colegios de Abogados. Esta actividad cultural, que algunos compañeros (es difícil discriminar si muchos o pocos) consideran que no debe estar subvencionada con cargo a los presupuestos colegiales y que sea costeada por los cantores en cuestión. Me contaba (no voy a decir el Colegio en cuestión) como un compañero había manifestado vía enmienda a los presupuestos la anulación de la partida en cuestión y se había llevado una reprimenda con notable hostilidad.

Poco pueden presumir los Colegios de Abogados de fomentar la participación si los pocos cauces legales que se tienen, generan hostilidad hacia quien los usa. Los mecanismos democráticos están para usarlos, y así las enmiendas se someten a la votación de la asamblea, que para eso está, Y dice poco y malo de un Colegio que vea con hostilidad a quien plantea una iniciativa democrática.

Curiosamente hace dos años, en un momento de aburrimiento, estuve a punto de emplear mi tiempo en hacer una enmienda similar en mi Colegio. Hice otra antes y la del Coro se quedo sin hacer y luego como uno va saturado de tiempo lo deja estar. Esa enmienda que presenté tuvo poco recorrido pues la enmienda fue coincidente con una decisión ya tomada por la Junta (suprimir la revista de papel y que se cambiara por una revista telemática), pero la experiencia me sirvió (la recepción de la enmienda fue distinta y se entendió sin mayor problema) para comprobar que fui el único (ponga el adjetivo que quiera) que hizo algo así. El tramite de enmiendas parece un tramite sin uso alguno por los colegiados.

Soy hater declarado del Coro

No me gusta que en las organizaciones en las que estoy, con responsabilidades o sin ellas, no haya un clima de particpación y en ello tiene tanta responsabilidad quien teniendo la responsabilidad gubernativa de articular y abrir cauces de participación no lo hace ni lo fomenta, como de los integrantes por no usarlo.

Así que desde aquí, os animo a este año presentar enmiendas, la del Coro o la que sea, en todos los Colegios, y desde luego espero que la actitud de los mismos sea aperturista y no entiendan el ejercicio democrático de derechos como algo incómodo.

Si queremos criticar las instituciones, al menos demostremos en la práctica con su uso que los canales existentes son insuficientes.

Y si las enmiendas prosperan, de paso nos echamos unas risas :)

martes, 15 de mayo de 2018

NEGOCIACION DE BAREMOS DEL TURNO DE OFICIO

Anda el patio de los abogados del turno de oficio revuelto y descontento (los procuradores deberían estarlo por más razones, pues perciben auténticas miserias, pero no los veo revueltos ni exteriorizando su descontento) entre otras razones porque las retribuciones (indemnizaciones es la palabra técnicamente correcta) son como digo míseras y parece muy probable que en pocos días el ministro Catalá anuncie una actualización de dichos baremos que llamará a la engañifa pues con toda probabilidad no supondrá recuperar la actualización de cantidades desde que fueron congeladas años ha. El problema de partida es que ya entonces eran una mierda (se me permita la expresión) con lo cual si actualizas una mierda, lo que acabas teniendo es una mierda actualizada.

Quien dice Catalá, ministro de Justicia, dice otras Comunidades Autónomas pues en el despiporre autonómico de la atribución de competencias hay lo que se llama un territorio ministerio (dependiente del Ministerio de Justicia) y otras Comunidades Autónomas lo que hace que cada uno de esos territorios tenga unos baremos de retribuciones distintas y la sensación de enfado por agravio comparativo entre unos profesionales y otros según donde presten un mismo servicio (turno de oficio), pero esto es otra cuestión en la que no voy a entrar.

En lo que quiero entrar en esta entrada es en manifestar públicamente lo que considero que es un error de nuestros representantes en las negociaciones de los baremos con las Administraciones. Y si no es como yo digo, que me den la información al respecto y gustosamente, me retractaré de lo aquí indicado.

Cambiemos el escenario, y usted amable lector, imaginese yendo a comprar un coche. ¿Se acercaría al concesionario más cercano y compraría el primer coche que le entrara por el ojo y pagaría el precio que le indicara el vendedor? Apuesto a que la mayoría me contestará que no, que visitará varios concesionarios y varias marcas para tener como referencia cual es el margen de precios y poder tomar la decisión y negociar un precio con el vendedor.

Otro escenario, es víctima o abogado de una víctima de accidente de tráfico. ¿se sentaría en la mesa de la compañía de seguros y aceptaría la oferta que le hicieran? Seguro que también me contestan que no, que harían un estudio previo conforme a los baremos de accidente de tráfico para calcular cuales son las cifras correctas desde las cuales realizar una negociación con la compañía.

Entonces ahora me pregunto yo. ¿Cómo estamos negociando los baremos del turno de oficio?

Uno de los grandes déficits de los despachos de abogados es la incorporación de conocimientos de gestión empresarial a su actividad y lo vemos entre otras cosas, a la hora de fijar los precios. En mi opinión, para negociar correctamente los baremos se deberían de tener en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes:

a) los costes repercutidos, pues los precios han de tener en cuenta los costes de estructura necesarios para el desarrollo de esa actividad. Deberían estimarse unos costes / hora de gastos de despacho (despacho, luz, material, etc.)

b) debería hacerse una estimación de las horas dedicadas a un asunto medio, lo que debería incluir segmentar esos asuntos: no es lo mismo un asunto de familia (divorcio), que un despido, o que un ordinario civil o que un procedimiento administrativo de extranjería.

c) las horas (tiempo) de tareas burocráticas asociadas al turno de oficio, rellenar documentación, buscar la justificación, acreditación, etc.

d) retraso en el cobro. Desde que se inicia un procedimiento hasta su cobro (dependiendo de cada territorio aquí también tendremos que tener diferencias) pasa un tiempo que también ha de ser traducido en una contraprestación económica, pues lo que se está haciendo es financiar un servicio a la administración.

Así, que seguro dejandome algún extremo a evaluar, pues yo no soy quien tiene la responsabilidad de negociar estas cosas nos saldría una fórmula tal que así:

Costes hora + precio hora + financiación por retraso

Siendo las horas como digo, estudiadas previamente y segmentadas en una clasificación de asuntos y sumadas a las de tareas burocráticas.

Y luego solo queda determinar lo que entendemos por un precio hora digno, precio hora que a la hora de fijarse tendrá que tener en cuenta aspectos como el valor del trabajo que desempeñamos, nuestro conocimiento y profesionalidad, la responsabilidad inherente, etc. Que entiendo que no ha de ser el precio de mercado y que se puede ser flexible en esto. Y aplicando ese precio hora a la ecuación anterior tendremos una referencia de baremos a negociar.

Luego se les dice a los abogados, mire, usted va a cobrar a este precio neto / hora. Y luego ya cada cual, libremente y por su motivación y circunstancias decidirá integrar el turno o no integrarlo, pero habida cuenta que hay lugares donde hay compañeros que están prestando el turno obligados (sí, obligados) y que desde el Consejo General de la Abogacía Española se aplaudió con las orejas (yo creo que el día que se tire un cuesco el ministro la ovación será de órdago) la reforma de la ley de justicia gratuita que supone que legalmente estamos obligados a prestarlo, por lo menos que se haga con retribuciones dignas.

Y es que además, en una negociación si tú explicas de donde te sacas los números que pides, es más fácil obtener una respuesta positiva, que todo hay que decirlo.

Y ojo, que puedo estar equivocado y que haya sistemas mejores para la determinación de esos objetivos de negociación, pero por lo visto o aprendido parece que suelen reducirse esas negociaciones a objetivos de incremento porcentual, con lo que vuelvo a lo que decía al inicio. Si incrementas porcentualmente una mierda, lo que acabas teniendo es una mierda más grande.



El post está escrito desde la crítica (que tanto molesta y sus consecuencias tiene para este humilde autor del blog, pues es más fácil cargar hacia abajo que hacia arriba), pero desde la crítica constructiva a ver si sirve para mejorar el sistema y las negociaciones