domingo, 12 de mayo de 2019

EL MARKETPLACE DE TRANSFORMA ABOGACIA

La crónica de un festival al que no asistí. Y es que tras debatir seriamente conmigo mismo al final decidí no ir a Transforma Abogacia (ese evento al que me resisto a denominar Congreso pues como bien explican algunos tuiteros, por ejemplo aquí, no cumple con los requisitos estatutariamente recogidos para una importante finalidad, que los gerifaltes escuchen a la plebe, lo de hacer caso ya tal). No acudí por razones eminentemente personales, he de atender a mi propio proceso de transformación como abogado y determinadas situaciones y comportamientos que iba a ver me iban a generar más perjuicio que beneficio. Lo que no quita para que en un evento que lleva a gala la innovación, pueda perfectamente realizar una valoración a través de lo que ha llegado por las redes sociales.

Precisamente, resumo el Festival en un marketplace como digo en el título. ¿Qué es un marketplace? Un marketplace es una plataforma que pone en contacto a vendedores de productos con clientes interesados en comprar un producto.

¿Por qué defino el Festival como un Marketplace?

Para empezar las semanas previas al mismo fueron un constante bombardeo en redes sociales por parte de los numerosos ponentes que ya excedía del habitual autobombo y parecía seguir instrucciones de hacer publicidad de un Festival al que parecía que costaba que llenara el número de inscritos previstos. 

Porque lo que se ha volcado en redes sociales durante los día del Festival ha sido esencialmente postureo: selfies, fotos con amiguetes, etc frente a otros eventos que hemos podido seguir en el pasado en los cuales los asistentes compartían contenido y reflexiones que llegaban mediante las redes sociales a los que no estábamos presentes. De este modo, la sensación ha sido de un enorme escaparate de lucimiento en redes, algo así como mucha fachada y poco fondo. El fondo, que seguro que lo ha habido pues me he quedado con las ganas de escuchar a unos cuantos ponentes ha quedado muy diluido.

Porque el mismo día de inauguración se tenía conocimiento del nuevo código deontológico recién aprobado del que destaqué que se habilitaban los marketplaces en el sector de servicios legales. Estos últimos años habían aparecido y estaban funcionando varios de ellos sin que estuviera claro si la utilización de los mismos por abogados era una infracción deontológica. Muchas veces reclamé publicamente que hubiera un posicionamiento oficial al respecto. La cuestión es clara, si eran contrarios a la deontología y había abogados utilizandolos era una competencia desleal y se debería actuar contra ellos. Y si no era una infracción pero no se aclaraba que no lo era, lo mismo. Los abogados debían tener la seguridad de qué se puede y no se puede hacer. Paradojicamente incluso alguno de ellos se publicitaba en la propia revista del Consejo General de la Abogacía. En el momento de aprobarse el código deontológico encontré la respuesta a un enigma que contenía el propio programa ¿como había una sesión sobre los marketplaces en la que un ponente era el CEO de un marketplace si en principio los mismos eran contrarios a la normativa deontológica? Como digo, el programa no contenía por tanto un enigma sino un spoiler.

Pero la razón definitiva para considerar al Festival un marketplace es que los amigos (a los que conocí en el Hackathon que gané con Quierete Viva) de Emerita Legal ganaron el premio a la start up legal. Podemos discutir si exactamente Emerita es un marketplace pero en términos generales podríamos encuadralo en él. Sin duda un merecido premio. Pero me quedo con que ya las luces de neón son absolutamente deslumbrantes, o deberían serlo para todos los abogados. Se validan los marketplaces y uno de ellos gana. Ya estais tardando en usarlos. Tonto el último.

Y estais tardando porque uno de los aspectos para los que debería servir un Festival de estas características es para transmitir un conocimiento que algunos ya tienen desde hace tiempo (y que unos pocos comparten mientras la mayoría se lo ha guardo para ellos). Y si la abogacía en sí es ya un enorme marketplace sin que nos quepa discusión alguna al respecto (bueno, ya vereis como esto me lo discuten), todos y cada uno de los abogados tienen que tener esa información. Algo que no va a pasar si las ponencias, documentos y demás información que se ha dado en este certamen,, no se hacen llegar a todos y cada uno de ellos (aquí un enlace de la web con un poquito de material)

Considero una práctica restrictiva que no se haga. E inmoral si tenemos en cuenta que esa fiesta la hemos pagado todos directa o indirectamente. Todo apunta a un déficit del carallo que por tanto habrá sido pagado por el Consejo que pagamos todos, y que un elevado porcentaje de asistentes han acudido subvencionados por sus colegios, que también pagamos todos. Y me resulta difícilmente justificable que se subvencione el acceso a un conocimiento si este no es compartido con quienes de modo indirecto lo han financiado. Pues en ese Marketplace en el que ya estamos sin que nadie pueda y ni deba llamarse a engaño, debe haber unos mínimos de igualdad: el conocimiento. La información.


Nota.- Como he dicho al principio no estuve en persona aunque un rato sí que estuve en espíritu gracias a la mención que hizo en su ponencia Borja Adsuara al hablar de Abogacía en tuiter donde hizo un pequeño listado de algunos de esos abogados que le parecen interesantes (vamos, supongo que dijo eso). Gracias Borja por el detalle y tener el efecto que de alguna manera estuviera un ratito presente. 

domingo, 5 de mayo de 2019

MESA REDONDA SOBRE EL TURNO DE OFICIO

El pasado viernes y organizada por la sección del turno de oficio del Colegio de Abogados de Zaragoza se realizó en la sede del mismo una mesa redonda con los intervinientes de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas para tratar este tema. La mayoría de los representantes de los mismos salvo el PSOE han sido abogados en ejercicio, lo están o actualmente son no ejercientes. Digamos que por lo tanto conocían bien los intríngulis de la cuestión.

Creo que este tipo de actos (hace tres años organizamos un debate más amplio de temática en relación a la justicia desde la brigada tuitera) son positivos porque las cuestiones relacionadas con Justicia no suelen tener espacio en el resto de debates electores organizados y por otra parte sirve para trasladar a los partidos políticos la importancia de determinados temas y de que escuchen a quienes los sufren directamente.

Como digo por las características de los intervinientes y por las exposiciones de los mismos sabían identificar claramente el quid de la problemática (algunos más que otros, especialmente claro lo fue el representante de Izquierda Unida abogado en ejercicio y miembro del turno de oficio) y muchas veces he tratado estas cuestiones en otras entradas del blog. La normativa de justicia gratuita establece que esta se prestará por los Colegios profesionales y por tanto por sus integrantes pero luego el problema está en el cómo se "recompensa" a estos por su trabajo y que muchas veces denominamos "dignidad", aunque la dignidad son más cosas. por ejemplo las condiciones y modo en que se prestan esos servicios asociados a la justicia gratuita.

Así para los Colegios Profesionales también es importante: ya que tienen que prestar el servicio, que el mismo sea efectivamente compensado pues si no es así quienes están pagando los costes de organización son el conjunto de los integrantes del Colegio. En este sentido pronto cogió la intervención desde abajo, desde el público, Pablo Marín Decano del Colegio de Procuradores de Zaragoza (a quien aprovecho para saludar pues en su momento me confesó que lee este blog) y que expresó si no recuerdo mal 4000 expedientes que en el año 2017 no se habían abonado a los procuradores del turno de oficio. Esta es una de las cuestiones donde más se incidió y debo de explicar: ¿usted amable lector se imagina que hubiera cosas que hace en su trabajo por las cuales no le pagaran? Pues eso es lo que ocurre en el turno de oficio: que prestaciones efectuadas por los integrantes no son remuneradas y por tanto son financiadas directamente por los cada vez más exiguos bolsillos de los profesionales que han sentido y sienten duramente la crisis económica desde el 2008.



Respecto al abono de los gastos de infraestuctura (gestión de los Colegios) también incidió y recogió posteriormente Antonio Morán Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza mencionando la estimación de un recurso contencioso contra el actual sistema de pago, sentencia que analicé en este blog y ya expliqué que no era para alegrarse tanto.

Como he dicho se incidió bastante en el tema de lo que no se paga pero no tanto en por qué no se paga o más bien cómo vamos a hacer que se pague. Es decir, que los políticos intervinientes dejaron claro que sabían cual era el escenario, pero lo que faltó fueron soluciones y compromisos para el cambio de ese escenario. Y es que claro, no dudo de la voluntad de los mismos de cambiar, pero es que en el fondo, de lo que estamos hablando es de dinero y en el dinero, en el presupuesto, quien manda son otros que serán a los que en todo caso habrá que convencer y en la situación actual y con las iniciativas pasadas nada hemos conseguido en los negociaciones. Faltó una reflexión de futuro como digo y una concreción de la manera de realizar estos cambios.

Quien apuntó la manera fue el representante del Partido Popular, Fernando Ledesma, al expresar la necesidad de que los juristas hagamos divulgación sobre esta problemática y sobre los problemas de la Justicia como una manera de hacer entender al conjunto de la sociedad la necesidad de mejorar  la misma, mencionando por dos ocasiones la labor de la brigada tuitera (que andamos algo dormidos últimamente) como grupo de presión reconociendo expresamente la fuerza de su presión tanto en el ámbito autonómico como al Gobierno de la nación. Coincido con él en que es necesario hacer labor de comunicación sobre estos problemas, divulgativa y reivindicativa, algo en lo que también en mi opinión fallan Colegios y especialmente el Consejo General de la Abogacía que claramente está a otras cosas de mayor postureo.

Y finalizo diciendo que además de esa presión hacia fuera, poco hacemos hacia dentro, si cuando se organiza un debate de estas características la presencia de público es escasa. Es hora de que se dejen los motivos que hacen quedarse en casa y no apoyar una iniciativa que va en interés de todos. El mensaje que se manda a los políticos es que ni siquiera a nosotros nos importa y nos merece el esfuerzo de asistir, cono lo cual ¿qué interés y esfuerzo van a poner ellos?

jueves, 25 de abril de 2019

DIVORCIOS Y FAMILIAS MONOPARENTALES: EL CONSTANTE OLVIDO Y DISCRIMINACION

El 24 de abril fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón la orden CDS/384/2019 por la que se regula el procedimiento para obtener la calificación de familia monoparental y donde tenemos un nuevo olvido de la situación en la que se encuentran muchas familias de este país que han pasado por un divorcio (o separación) o una ruptura de una situación de convivencia con hijos comunes.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial que a su vez recoge datos del Instituto Nacional de Estadistica en el año 2016 se produjeron 101296 nulidades, separaciones o divorcios. En Aragón 2487 con una tasa de 1,89 por cada 1000 habitantes en ese año. Es decir estamos hablando de una situación en la que cada vez se encuentran más familias.

Los efectos de un divorcio con hijos, afectan económicamente a ambos cónyuges que incrementan sus cargas a las ya existentes y se ven obligados a afrontar el día a día con menos recursos económicos. Sin embargo, son excepcionales la existencia de políticas públicas sociales dirigidas a estos colectivos de manera específica y a atenuar las consecuencias económicas de los divorcios.

En este sentido, la citada orden mantiene su olvido sobre las familias que surgen tras un divorcio. En la exposición de motivos se menciona la necesidad de atender a las nuevas necesidades sociales pero al referirse a los divorcios solo habla de "parejas separadas o divorciadas con ingresos muy bajos por pensión de alimentos" cuando el problema económico de esas familias no es ese como digo, sino el derivado precisamente del divorcio en sí, sin que la pensión de alimentos sea un indicativo.

La exclusión y discriminación ya se da en el artículo 2 al definir la familia monoparental pues obvia estas nuevas situaciones y descaradamente las situaciones de guarda y custodia compartida (algo que no nos sorprende mucho por la posición del actual gobierno y otros nefastos partidos en contra de la misma como explico en esta entrada)

"1. Las familias monoparentales son aquellos núcleos familiares compuestos por una única persona progenitora, siempre que constituya la única sustentadora de la familia, y los hijos o hijas a su cargo, que no conviva con su cónyuge ni con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal, así como aquellos casos en los que la persona que encabeza la unidad familiar tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos o hijas y se encuentren en alguna de las situaciones previstas en la letra e) del siguiente apartado."

respecto al citado apartado e)

"no haya percibido la pensión por alimentos establecida judicialmente o en convenio regulador a favor de los hijos e hijas durante seis meses consecutivos o alternos, en el período de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, o que, aun percibiendo la pensión por alimentos establecida judicialmente, sus ingresos familiares sean inferiores a 1,5 veces el IPREM vigente calculado en doce mensualidades"

Teniendo en cuenta que el 1,5 del IPREM para 2019 supone unos ingresos de 822,90 euros mensuales, claramente se está excluyendo de la consideración de monoparentalidad a un importante número de familias divorciadas, cuando los citados criterios de renta no son aplicados al resto de situaciones que sí son consideradas como monoparentales.

Esto choca con la redacción del artículo 46 de la ley 9/14 de Aragón de apoyo a la familia en la cual al tratar las famlias monoparentales realiza una definición en la que (siendo mejorable) cabe entender incluida las familias divorciadas incluyendo las de guarda y custodia compartida

"A efectos de la presente ley, se entiende por familia monoparental el núcleo familiar compuesto por un único progenitor, que no conviva con su cónyuge ni con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal, y los hijos a su cargo, siempre que constituya el único sustentador de la familia."

Para quien piense que es una cuestión que no afecta a muchos ámbitos importantes de los menores, apunto que la monoparentalidad es tenida en cuenta en criterios de baremación a acceso a centros educativos por ejemplo.

Creo que es necesaria una mayor atención a la situación de muchas familias divorciadas por parte de las políticas públicas y sociales, debiendo corregir la situación de discriminación existente con las mismas.

miércoles, 10 de abril de 2019

COLECTIVOS INDIGNADOS

Periódicamente el comentario o valoración de alguien en redes sociales, o en un artículo, etc, transmitiendo una valoración generalizada sobre un colectivo hace que miembros del mismo manifiesten airadamente su enfado en redes sociales. Creo que sería incluso buena idea el desarrollar un "Ofensómetro" que midiera el nivel de indignación de colectivos en redes sociales de manera similar a como se mide la intensidad de los terremotos. O darles un nombre como a los Huracanes que comenzara por la letra inicial del colectivo ofendido.

Yo mismo he ofendido periódicamente a colectivos con mis tuits y también he visto como mi propio colectivo (abogados) se ofende de vez en cuando. Esta semana observaba como el tuit de una fiscal ofendía a un colectivo que también parece propenso a la ofensa, el de los LAJs (aka secretarios judiciales en su día).



Ciertamente la generalización es injusta y un LAJ hace algo más que darle a un botón (de grabación de las vistas) y bajarse a tomar un café. Toman tanto café (más bien tardan tanto tiempo en tomar cafés) como los jueces, fiscales y demás funcionarios de justicia. También sacan resoluciones de difícil comprensión y en mi experiencia personal algo pasa cuando porcentualmente está muy desequilibrado el número de resoluciones motivadas de LAJs que recurro frente al porcentaje (mínimo) de las mismas que recibo en conjunto.

Pero no era mi intención la de reflexionar sobre los LAJs, sino como, siendo cierto que las generalizaciones son injustas, observo en todos los colectivos indignados una nula o ínfima autocrítica cuando se dan estas situaciones. Y voy a poner un ejemplo con mi colectivo para no ofender a otros colectivos distintos. Periódicamente los abogados del turno de oficio se indignan por comentarios o valoraciones prejuiciosas sobre la implicación de los mismos en la defensa de los asuntos. Existe una extendida valoración (injusta) por la cual un abogado de oficio es un mal profesional que pasa de los asuntos que defiende. Recuerdo cuando hace un par de años pasó con un chiste en una película infantil (Tadeo Jones 2) que llevó hasta a pronunciarse a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Nos guste o no nos guste, esa valoración (injusta) del abogado de oficio existe. Y en ningún momento he visto una reflexión introspectiva o autocrítica en relación a por qué existe. Considero que detrás de muchas generalizaciones puede haber una muy profunda semilla de verdad. Alguien que ha tenido una mala experiencia para tener una visión negativa. Y cierto, no es justo generalizar, ni fundamentarnos en prejuicios, pero si queremos corregir disfunciones de como se nos ve, deberiamos incidir activamente en erradicar los mismos. 

En el ejemplo puesto, desde labores activas de comunicación para una adecuada valoración del profesional de oficio hasta un activo reforzamiento de que el profesional de oficio tenga conocimientos actualizados, formación continua, recursos y apoyos para realizar un buen trabajo, etc.

Que la acción no sea solo indignarse y ofenderse. Que sea mirarse, ser capaces de encajar las críticas, identificar los problemas y actuar sobre ellos.

domingo, 7 de abril de 2019

EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACIA

Ayer se realizó el examen de acceso a la abogacía de 2019 y hoy se podían leer en tuiter en el hastagh #ExamenAbogacia numerosas críticas de examinados. Tras unos años en los cuales el porcentaje de aprobados era bastante alto, este año por las quejas parece que la dificultad se ha incrementado cogiendo a muchos por sorpresa. Ciertamente he podido ver una foto de una pregunta harto difícil y nada práctica. Aún así, existe una notable diferencia entre el acceso en España y en otros países europeos como comenta este artículo.

Previamente a este sistema de acceso (cinco años si mi memoria no me falla) anteriormente no era necesario ningún sistema de formación o acreditación, limitandose a la mera colegiación. Si existía algún obstáculo era la tasa de incorporación, bastante elevada según qué Colegio, hasta que por la ley de colegios profesionales se estableció que la misma no podía superar los costes de tramitación de acceso. Estamos hablando de cuotas de incorporación de cuatro cifras en las cuales puso los ojos Defensa de la Competencia. Así es como accedí yo, que ya tengo una edad.

Como anécdota personal, en el 2001 creo recordar, circunstancias de la vida me llevaron a un congreso internacional en Verona sobre el racismo donde participaban organizaciones de toda Europa. Yo era el único español allí y cuando me preguntaban y presentaba y decía ser abogado y veían que tenía menos de 30 años, no había persona que no me mirara con admiración en sus ojos por haber conseguido ser abogado tan joven, dado que en sus países el acceso a la profesión conlleva largos años de estudio, preparación y exámenes y solo los más preparados accedían tras años de esfuerzo, con lo que para ellos yo debía ser una especie de Justiniano redivivo. Debía sacarlos de su error explicandoles que en España no tenía ningún mérito, bueno, sí que lo tenía y sigue teniendolo mantenerse en ejercicio por cuenta propia con tu propio despacho.

Volviendo al tema que nos ocupa, y tras cuatro años siendo profesor del máster de acceso (ya no lo soy) y teniendo alumnos en prácticas puedo entender perfectamente las críticas de los examinados, y es que el sistema no es habilitante ni capacitante. No cumple en absoluto con lo legal y reglamentariamente establecido, que se recoge en el artículo 10 del Real Decreto 775/11 que vienen a ser competencias prácticas. Un gran número de clases son teóricas en las que se transmiten conocimientos que deberían haberse transmitido en el grado. Relean el citado artículo a ver donde encaja eso. Entre otras cuestiones. Y naturalmente las mismas disfunciones se trasladan a un examen de acceso tipo test que como definió Sevach hace unos años en su blog es una mezcla entre el MIR y el examen teórico de conducir.

Las quejas, razonables aunque en algún caso no razonadas en su agresiva exposición (entendible por el cabreo pero impropias de quien quiere ejercer la profesión de abogado) han sido: no cumplir con el temario, excesiva dificultad, excesivas preguntas de carácter procesal, poca claridad en algunas preguntas (un clásico de otros años) e incluso penosas condiciones de realización del examen en Galicia, entre otras.

Entendiendo el enfado de quien sufrió ayer el examen, el problema es de base. Siendo necesario que haya un mínimo de competencias profesionales entre los ejercientes (ver foros de facebook y similares resulta aterrador por el bajo nivel jurídico que presentan algunos abogados ejercientes) ello debe conducir a un buen sistema de acceso, con una adecuada formación en competencias y habilitante y no siendo el examen una barrera de acceso ni un mero trámite, sino un sistema de evaluación objetivo. El máster de acceso debería implicar que quien lo supera satisfactoriamente sea capaz de ejercer por cuenta propia o ajena desde el mismo momento de su finalización y esto como digo no es así, sin que parezca que importe mucho a quien le tiene que importar.

Resulta ciertamente incoherente, por ejemplo, que si se trata de un sistema que garantiza que quien accede está plenamente capacitado para desempeñar la profesión de abogado, se restrinja su acceso al turno de oficio obligando a los mismos a estar tres años de alta (que no garantiza que durante esos tres años se adquiera experiencia). Si está capacitado se está para todo y si entendemos que no están capacitados es que no deberían acceder.

Vistas así las cosas, es normal que quienes ayer se examinaron piensen que todo es un sistema dirigido a limitar el acceso. Conforme a lo que he comentado más arriba, las prácticas de algunos Colegios de Abogados parecían indicar que era así, pero contra lo que algunos expresaban en tuiter, los abogados de este país no están buscando limitar el acceso. En un primer momento, quien lo dice debería aprender que es difícil hacer una afirmación tan genérica de un colectivo tan heterógeno, es difícil hablar de abogados o de una abogacía. Lo que sí es una barrera existente es una contracción de mercado de los servicios legales y un elevado número de colegiados, algo que trataré en otra entrada de este blog diciendo lo que pocos dicen, en este país sobran abogados. Pero a pesar de ello, no existe tal intención obstaculizadora, no se preocupen, los abogados en este país son incapaces de ponerse de acuerdo para nada. Otra cosa son los Colegios de Abogados y el Consejo, sobre lo cual no puedo afirmar nada pues lo desconozco, aunque parecen descontentos con el sistema actual.

Este tema, el del acceso a la profesión y el del fracaso del sistema que no garantiza el cumplimiento de los fines establecidos normativamente sería una cuestión a tratar precisamente en un Congreso de la Abogacía y que este fuera un lugar donde quien dice que nos representa escuche a los colegiados, pero naturalmente de eso no se va a hablar en la Feria de Muestras que han montado con nombre de Congreso y que pagamos entre todos.

lunes, 1 de abril de 2019

ACOSO LABORAL O MOBBING: DIFICULTADES EN JUICIO

Sin lugar a dudas, dentro de aquellos supuestos que más dificultosos me resultan como abogado están los relacionados con el acoso laboral o mobbing. Precisamente de ello habla también este artículo de el País aunque más centrado en el ámbito del derecho penal que no en la vertiente laboral del mismo.

Y es que dentro de la respuesta legal contra el acoso laboral, nos encontramos con diferentes procedimientos relacionados con una situación de acoso laboral. Por un lado, lo normal es que el acoso laboral genere una situación de incapacidad temporal (en los casos más graves incluso puede dar lugar a una incapacidad permanente), y como todo caso relacionado con incapacidad podremos acabar discutiendo en juicio tanto la existencia de la misma, como la determinación de dicha contingencia como accidente de trabajo precisamente por estar íntimamente relacionada al desarrollo y ejecución del trabajo.

A su vez, como situación de vulneración de derechos y de ocasión de daños, podremos discutir la misma en la jurisdicción social. Y en ocasiones, la habitual dificultad de prueba de estas situaciones nos puede llevar (paradójicamente) a utilizar la vía penal por el delito de acoso laboral del artículo 173.1 párrafo segundo del Código Penal:

"Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima."

Y digo paradójicamente porque una de las dificultades de perseguir el acoso es probar el mismo. Hay que tener en cuenta que el acoso se da en un entorno hostil para el trabajador en el que habitualmente carece de apoyos, pues si tuviera apoyos sería más difícil que se diera el acoso. Como suelo decir a mis clientes que sufren la desgracia de vivir estas situaciones, es más fácil unirse al acosador que defender al acosado, y el acosado ve como nadie le ayuda en su trabajo y menos aún en juicio llegado el caso, por lo que una de las pruebas esenciales de nuestros procedimientos judiciales, los testigos, suelen declarar a favor del acosador.

La mencionada dificultad de prueba hace que cuando una víctima de acoso acuda a mi despacho, primero trate de identificar si verdaderamente estamos ante una situación de acoso o de mobbing. Como suelo decirles para que se me entienda claramente, tener a un jefe hjjoputa y desagradable no es lo mismo que tener una situación de acoso en el trabajo.

Identificada la situación de acoso o mobbing, es muy importante empatizar con la víctima de esa situación, que esta en un momento muy delicado personal en el que lleva bastante tiempo, pues siempre pasa un buen tiempo hasta que la víctima decide hacer algo cuyo primer paso es informarse, frecuentemente tras iniciar una baja laboral.

Quizás lo más difícil de estos supuestos es hacerles entender que viene un largo proceso por delante. Cuando alguien tiene un problema y tras tiempo sufriendolo quiere actuar, quiere una solución a su problema y la quiere ya. Es algo que es fácil de entender pero es algo que no se va a dar. Es necesario hacer una planificación estratégica y habitualmente comenzar por dar un espacio de seguridad a la víctima (baja laboral) y desde ahí ir viendo como conseguir la prueba de acoso. La propia situación de incapacidad temporal también se convertirá en una prueba objetiva llegado el caso y muy probablemente sea necesario una pericial psicológica, para lo cual también va a ser importante que el padecimiento se haya sufrido durante bastante tiempo. 

Después, articulada la consecución de prueba se iniciarán los procedimientos judiciales que nos van a llevar más de un año hasta que se llegue a juicio. Y durante todo ese tiempo, si no se está en situación de incapacidad temporal, se va a tener que estar en el entorno hostil donde se produce el acoso. Como digo, no es algo fácil en absoluto y como abogado es muy duro dado que son procesos complejos, donde tienes que diseñar una buena estrategia que analizar y revisar constantemente.

Muchas veces, pues el mobbing tiene ese objetivo, a veces se encuentra la "solución" en una salida rápida de la empresa, bien negociada o porque se tiene la suerte de encontrar otro trabajo. Suele ser la mejor solución en todos los sentidos (coste - beneficio) pero queda un regusto se insatisfacción dado que al fin y al cabo, lo que quiere el acosador es que te vayas de la empresa.

En cualquier caso, el abogado debe más que nunca atender a la situación emocional de su cliente, hacer que le sienta como un apoyo y afinar en la búsqueda de soluciones legales luchando en desventaja contra el acosador.

Nada fácil, como digo

sábado, 9 de marzo de 2019

SOCIOS

He utilizado este blog en muchas ocasiones para compartir reflexiones en relación al ejercicio profesional de la abogacía y la adaptación a las nuevas situaciones que se van produciendo. Remarcaría en este momento dos cuestiones que considero claves: la necesidad de dar un valor añadido y la tendencia a la microespecialización.

Creo que la microespecialización (desarrollaré una entrada explicativa más adelante) no va a ser exclusiva de los servicios legales sino prácticamente de todos los servicios. Cada vez es más frecuente que quien tiene una necesidad acuda a google (el buscador por excelencia) y contrate a quien encuentre buscando su necesidad concreta. Este tipo de servicios pueden prestarse por organizaciones pequeñas, automatizando procesos y sin necesidad de muchos recursos humanos.

La necesidad de dar un valor añadido a los servicios conducirá necesariamente a formar alianzas con quienes se pueda facilitar dar estos servicios complementarios no necesariamente estrictamente legales.

En España el porcentaje mayoritario de abogados en ejercicio son abogados que funcionan de manera individual, como mucho agrupados en dos o tres personas, muchos de ellos compartiendo espacios físicos como sistema de reducción de costes. Su tendencia a la prestación de servicios generales así como la reducción del mercado tanto por volumen en sí como por la irrupción de otros prestadores de servicios pone en peligro la continuidad de este modelo de negocio realizado por muchos.

Ello me hace pensar que es positivo tender hacia la agrupación de profesionales generando alianzas con beneficio mutuo para los profesionales que la formen.

La elección de las personas con quienes desarrollar proyectos es esencial. Solemos cometer el error de pensar que por la existencia de afinidad personal, llevarse bien o divertirse conjuntamente, una persona es la ideal para poder emprender un camino profesional conjunto. Esto suele conducir a escenarios de error donde además no se han previsto como solucionar conflictos en ese momento.

Lo importante es tener claramente identificados los objetivos, entender de la misma manera el proyecto y el desarrollo del mismo y compromiso en su ejecución. De no darse estos parámetros la vida del proyecto será corta.

También que cuando se detectan las primeras indicaciones de que existen divergencias sobre objetivos, proyecto o compromiso se afronten y de no arreglarse se cierre el proyecto. Pensar que las cosas se acabarán solucionando o que afrontar las mismas no es prioritario es también un error que se pagará caro con posterioridad.