CUESTIONES IMPORTANTES EN EL AUTO DEL JUEZ PEDRAZ EN RELACION AL 25-S

Segunda entrada sobre la cuestión, tras las consideraciones que he realizado en esta otra entrada. Ahora toca hablar de ese otro aspecto, que está pasando desapercibido oculto por la polémica sobre la crítica a la clase política.

De mayor gravedad, para la policía, para el Ministerio del Interior y por qué no, para esa clase política que mira para otro lado al respecto, son estas otras cuestiones a que me voy a referir a continuación. Lo que se refleja en dicho Auto, es un grave proceder policial dirigida a la criminalización de la protesta ciudadana.

Entremos a la esencia. Los primeros fundamentos del Auto recogen los pasos seguidos por la policía. me llama especialmente la intención la intención de averiguar quienes hacen aportaciones económicas a dicho movimiento, llegando a manifestar que los mismos sean también coautores de los delitos. La literalidad del Auto es la siguiente al recoger la petición de los investigadores de la policía:

“las personas encargadas de la apertura de las referidas cuentas corrientes desempeñan un papel activo en la organización  de los hechos presuntamente delictivos objeto de investigación y cabiendo ser 

consideradas las aportaciones económicas a las mismas como colaboración en dichos actos."

No hay que cansarse de repetir que una cosa son las apreciaciones policiales en los atestados, y otra distinta, las consideraciones o evaluaciones judiciales. Pero que la policía considere a quien haya hecho una mínima aportación (con total seguridad no son muy elevadas) colaboradores delictivos de los promotores, o es de una ignorancia abismal o lo que es peor, refleja unas directrices de superiores dirigidas a seguir un camino de máxima criminalización de la protesta social, con el único objeto claro está de amedrentar y coaccionar a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de sus derechos de reunión y de manifestación. Sobre algo parecido y coincidente escribí aquí. ¿a que viene sino pretender esa exhaustiva investigación sobre quien haya efectuado ingresos en las cuentas de dicha organización? Es como si algún integrante de Greenpeace fuera sometido a un proceso por alguna acción de dicha organización y se investigase y considerase colaboradores a todos los socios de la organización (yo lo soy). ¿Se ve así más claro el disparate?

En segundo lugar, en el propio Auto se recoge es que por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid se adopta un acuerdo incoherente con lo anterior, pues se expresa en dicha resolución administrativa que:


“la verdadera intención de la convocatoria es permanecer de forma indefinida
en el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso de los Diputados‛,


Con lo cual como dice el Auto, no existe ni esa gravedad que señala la policía, ni, digo yo, los fines que a la protesta se le atribuyo interesadamente con anterioridad y con posterioridad a la misma. Si la propia Delegación al autorizar la manifestación entiende que no se va a invadir el Congreso, a que se deben esas afirmaciones antes y después de la protesta? O dicho de otro modo, si la policía piensa que se va a invadir el Congreso, por qué se autoriza la manifestación?

Tal aspecto se corrobora, como dice el Fundamento Tercero del Auto, con las comunicaciones de la policía en relación a los hechos ocurridos en la manifestación del 25-S en los cuales en ningún momento se habla de intento de acceder o tomar el Congreso, sino de desordenes en los alrededores del mismo. Lo mismo ocurre con el atestado levantado, que entiende que se han cometido diversos delitos, pero ninguno de los que posteriormente se han comentado como dirigidos contra las altas instituciones del Estado. Es decir, que en documento oficial, la policía entiende que tales delitos tan graves, no se han cometido.

Es solo el propio día del auto, el 4 de octubre, cuando la brigada de información remite un informe en el que entiende que algunos (5 de 35 detenidos) sí que serían autores del delito contra altas instituciones. El propio juez recoge en el auto que se produce, y lo subraya, sorprendentemente, dado que no tiene coherencia alguna con lo que está relatando que ha ocurrido en los momentos anteriores por parte de la propia policía y la Delegación del Gobierno. Es más, esos 5 detenidos no están imputados en las diligencias de la Audiencia Nacional, sino que fueron sometidos al juzgado de instrucción por la propia policía, por lo que poco sentido tiene que dicho informe se remita a un juzgado, el de la Audiencia Nacional, que no conoce de ese proceso. A este respecto, el Auto también es duro y contundente:

"De ninguna forma, la unidad policial puede “sustraer” unos hechos  concretos
imputados a personas concretas  que son conocidos por un juzgado para
que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en
las funciones propias de la policía judicial"

En resumen, el Auto hasta el fundamento Séptimo incluido, recoge cronológica e historiadamente una enorme chapuza policial y un burdo manejo dirigido a criminalizar una protesta ciudadana, más propio de protagonistas de un comic de Ibáñez, que de una policía de un estado democrático del S. XXI. Lo relatado en dichos apartados, es mucho más grave que una mera opinión subjetiva sobre la convenida decadencia de la denominada clase política. Es el reflejo de una subdesarrollada forma de hacer política y de utilizar a la policía con fines políticos. Probablemente sea esto lo que más ha dolido a algunos de esos políticos, esa narración, clara, historiada, evidente de tan deplorable actuar. Como tanto molestó el libro de Roberto Saviano "Gomorra" a la Camorra.

Y aquí no dimite nadie.