sábado, 31 de marzo de 2012

LA REVISION DE LAS TASAS JUDICIALES

El viernes 30 de marzo se informa por el Consejo de Ministros la presentación de un anteproyecto de ley para revisar las tasas judiciales. La información que aparece en la página web de la moncloa no deja de ser confusa pero aun así, el proyecto es preocupante.

La confusión deriva de la ampliación de las tasas a las personas físicas y en qué casos. Parece entenderse que se aplicará a toda aquella persona a la que no se le reconozca la justicia gratuita, lo cual supondrá que a todo aquel cuya unidad familiar supere los 1053 euros brutos mensuales. Si en caso de que no se supere dicha cantidad, pero el particular decide acudir con un abogado de libre designación, y por tanto no se tramita y reconoce el beneficio de justicia gratuita, y se le obliga al pago de las tasas, se estará afectando al derecho de defensa, integrado por la libre elección de letrado, y vulnerando el principio de igualdad.

Independientemente de ello, las tasas previstas son lo suficientemente elevadas para que en la actual coyuntura de crisis económica se constituyan por sí mismas como un ataque contra el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que indudablemente supondrá que el particular se vea coaccionado y limitado en la libre decisión de pleitar o no pleitar, o de recurrir o no recurrir.

Señala el gobierno que el objetivo de esta tasa es evitar la "litigiosidad artificiosa" que satura los juzgados. Me asusta comprobar al ver estas afirmaciones el profundo desconocimiento que el gobierno, y el ministro de justicia, tiene de la realidad de los juzgados. No existe tal litigiosidad artificiosa, siendo un número prácticamente inapreciable el de los procedimientos carentes de sentido, o con poco juicio, si se me permite el juego de palabras. Por otra parte, el atasco judicial, no se debe primordialmente al numero de procedimientos, sino a la manera de su tratamiento, a la deficiente gerencia, a la ineficacia consolidada, la carencia de medios, la no implantacion de las TIC, escasez de organos jurisdiccionales y a una cuestión de cultura de la propia organización. Problemas que subsistirían y persistirian aunque se redujera drásticamente el número de procedimientos.

Me enfada especialmente que se justifique la implantacion de las tasas con que las mismas van a sufragar la justicia gratuita. Durante los ultimos tiempos, la realidad en la generalidad de las comunidades autonomas es reducir las partidas presupuestarias para afrontar el turno de oficio, rebajar las indemnizaciones que perciben los letrados, retrasos en los pagos que acrecientan la precariedad de la prestación y la importancia de la labor financiadora de los abogados adscritos, así como constantes afirmaciones dirigidas a reducir el número de beneficiarios de la justicia gratuita.  Extrapolando el presupuesto del colegio de abogados de Zaragoza, el mismo estima para 2012 unos ingresos aproximados en relacion al turno de oficio de 3.400.000 euros para aproximadamente 1 millon de habitantes. Esto nos arrojaria un calculo aproximado extrapolando a los 46 millones de habitantes en españa de un coste actual del turno de oficio en una cuantia de 156,4 millones de euros. Insisto que son cantidades aproximadas, pero según la web de la moncloa en 2010 se recaudaron 172 millones, y se esperan recaudar 300. Es decir, que para cubrir el coste actual no son necesarias las tasas, y que dudo mucho que con el claro superavit, se vayan a incrementar las indemnizaciones a los letrados. ¿A que se destinará el superavit?

Habrá que ver también cual es la manera en la que procuradores y abogados podremos "facilitar" el pago de la tasa. Sinceramente y tengo bastante imaginación, no tengo ni idea de a qué se puede referir. Eso todavía me da más miedo.

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