Que la Administración de Justicia precisa una reforma es algo que ningún operador va a negar. De hecho, muchos profesionales llevamos años demandando sustanciales reformas. Hoy, el ministro de Justicia se ha despachado con una batería de propuestas que en resumen puedo definir como enormemente graves. Aqui solo me voy a detener, en este momento, en la idea de implantar tasas para las segundas instancias.
El sistema español, así como el de muchos otros estados, se sustenta, con excepciones, sobre una doble instancia. La pretensión del ministro es limitar el acceso a la doble instancia imponiendo una tasa para los recursos de apelacion. La justificación que da es la existencia de un abuso en los recursos.
Al hablar de abuso, estoy plenamente capacitado para definir la intención del ministro como de limitar el acceso. Según el ministro hay demasiados recursos por abuso, y con la tasa habrá menos. Omite deliberadamente, que es algo parecido a mentir, que quien litiga de manera abusiva ya puede ser sancionado por su mala fe, y que en muchos procesos además, se verá condenado en costas. No es cierto que se abuse de los recursos de apelación, precisamente por el riesgo de condena en costas allí donde esta fijado: civil, administrativo y social para aquellos que no son trabajadores, o estan eximidos legalmente. El caso social además es distinto, pues no estamos ante una apelación, sino ante un recurso de suplicación, mucho más tasado.
Obvia el señor ministro el papel fundamental de la jurisprudencia en el actuar de los tribunales. Gracias a la jurisprudencia los abogados podemos conocer lineas interpretativas de los propios juzgados y aventurar las probabilidades de prosperar de un recurso. La jurisprudencia, sobre todo la menor, se construye sobre ese trabajo de apelación. Reduciendo las apelaciones vamos a afectar directamente a la calidad de la jurisprudencia.
Obvia que los juzgados y tribunales cambian de criterios y por tanto que no existe una verdad inmutable a la hora de interpretar una norma o situación a la luz del derecho. Así como la existencia de un importante porcentaje de resoluciones que son modificadas en via de apelación.
Obvia fundamentalmente que errar es de humanos y la justicia es impartida por humanos. Que decir cuando en primera instancia actua un juez sustituto. Con todos los respetos hacia los jueces sustitutos, cuando tengo un juicio, si veo que en la vista hay un sustituto, temo cuando pensaba que iba a ganar y me alegro cuando pensaba que iba a perder. No es lo mismo un juez sustituto que un juez de carrrera y todavia se hace más importante la revisión en instancia via apelacion.
Obvia que en un recurso no solo se ventilan cuestiones de fondo, es decir argumentos a favor o en contra de la razón de uno u otro litigante. Tambien se discuten garantías procesales, de defensa, derechos constitucionales. El recurso es un arma fundamental contra la lesión de derechos constitucionales de los ciudadanos vulnerados por un concreto actuar de un juez.
Y lo más grave, es una medida claramente discriminatoria, pues en la evaluación de si recurrirmos o no con una tasa, entra la capacidad economica del cliente. No va a apelar con la misma alegria quien tiene una situacion desahogada que quien no la tiene. Y recordemos que estamos en una crisis de sistema, con cinco millones de parados. Que esta propuesta se haga ahora, no es casual, por tanto.
Hoy más que nunca, me he acordado de Ihering y de su lucha por el derecho. En resumen Ihering trasladaba la idea de que para tener un derecho hay que pelear por él, y no es otra cosa lo que hacemos los abogados en los tribunales, planteando litigios, peleando, apelando y volviendo a apelar. Y no solo por los intereses del cliente. Cuando peleamos por un derecho, lo hacemos por un derecho de todos.
Y contra eso va nuestro ministro.
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