sábado, 12 de abril de 2014

LA FUNCION COMUNITARIA DE LOS ABOGADOS EN LA SOCIEDAD

El pasado jueves fui ponente en una mesa redonda sobre la reforma de la ley de seguridad ciudadana, que se realizó en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Tuve la suerte y el placer de intervenir junto a contrastados y significados abogados de la ciudad, como Pedro Santisteve, también ponente, y siendo el moderador José Manuel Marraco abogado de Greenpeace.

Al preparar mi intervención traté de que la misma tuviera el menor sesgo ideológico posible para lo que partí de informes que sobre el proyecto han realizado asociaciones y el propio del Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es que el examen de dicha reforma de la seguridad ciudadana asusta por alejarse de la doctrina constitucional consolidada y otras cuestiones que explicaré en otra entrada.

La reforma de la ley de seguridad ciudadana supone desequilibrar aún más la ya desequilibrada interrelación con los poderes legislativo y judicial, potenciando el ejecutivo. Está claramente unida a otras reformas de calado como la reforma del Código Penal, la de la ley orgánica del poder judicial y las ya impuestas tasas judiciales. Todas ellas van a debilitar al poder judicial. El legislativo es un triste teatro de los partidos políticos mayoritarios, y el ejecutivo el gran triunfador.

Ante esta situación muy lejana de la inicialmente prevista cuando nos dotamos de una Constitución y desde luego alejada de lo que es un sistema democrático, los juristas tenemos la obligación de hacer algo. En el debate posterior trasladé que debemos dejar de ser complacientes y pensar que el trámite parlamentario mejorará la ley, o que será matizada en su aplicación por los tribunales o que el Tribunal Constitucional la anulará sensiblemente. Esto es una manera ombligüista de eludir nuestra obligación no ya solo como juristas sino como ciudadanos.

Al menos tentemos dos tareas que realizar:

* Comunicar. Somos los juristas los que tenemos la capacidad de entender la gravedad del ataque a los derechos constitucionales y lo que supone para los ciudadanos. Y tenemos la obligación de ser capaces de trasladarlo a los ciudadanos.

* Desarrollar estrategias legales a aplicar si esta ley de seguridad ciudadana se aprueba tal y como está en el anteproyecto buscando la manera de atenuar y dificultar sus efectos.

Este papel es de todo el colectivo y por tanto también debe ser responsabilidad institucional, de los Colegios de Abogados. Y no se trata de una lucha ideológica o contra un determinado gobierno. Se trata de una defensa de un estado social de Derecho, el mandado por la Constitución, y de los derechos humanos y fundamentales que la misma recoge.

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