Estos días se manejaba el rumor de la inminente modificación de las tasas judiciales y todo parecía indicar que se iba a producir hoy dada la anunciada presencia del Ministro de Justicia en rueda de prensa tras Consejo de Ministros y posterior asistencia al pleno del Consejo de la Abogacía Española.
Si eres lector habitual del blog sabrás (y si no lo sabes ahora) que soy miembro de lo que que se conoce en las redes sociales como brigada tuitera un conjunto de ciudadanos (más de 8000 integrantes) agrupados para conseguir no solo derogar las tasas judiciales sino buscando una justicia con medios, eficaz e independiente, poniendo en práctica lo que se conoce como inteligencia colectiva y acciones de enjambre en redes sociales.
La brigada tuitera tiene como logro el que las tasas judiciales estén actualmente muy presentes en la agenda política. Se trata de una norma que implanta la obligación de pago de tasas para acceder a la justicia y que ya lleva más de dos años en vigor. Tendría que ser algo que no se estuviera debatiendo pues difícilmente la justicia preocupa al conjunto de los ciudadanos más allá de cuando un ciudadano se encuentra inmerso en la odisea de un procedimiento legal; es un problema que el ciudadano puede considerar que no va con el mismo o que no le va a afectar y que es fácilmente identificable como un interés particular de los abogados que les afecta al bolsillo (el infame anterior ministro Gallardón así lo expresaba) por la menor litigiosidad y no al conjunto de la ciudananía, entre otros handicaps para entender el grave problema que suponen para la totalidad de los ciudadanos. A pesar de lo expuesto, las tasas judiciales están en la actualidad de la agenda política gracias al esfuerzo de ese nutrido grupo de juristas y no juristas así como por sus acciones individuales en ejercicio de la inteligencia colectiva, la excelente comunicación en redes sociales y otras acciones como una campaña de reuniones con partidos políticos. Habrá quien piense que no soy neutral en esta afirmación y sin serlo me expongo a ser contraargumentado, pero nadie más que esas personas ha hecho algo efectivo por comunicar y dar a conocer este problema a la ciudadanía. Se ha involucrado a personas de referencia, a partidos políticos, a periodistas, a medios de comunicación. Y todo eso lo han hecho personas individuales con la ayuda e implicación de unos pocos colegios profesionales. La mayoría de los colegios profesionales no ha hecho nada al respecto. De hecho mi propio Colegio de Abogados de Zaragoza ha sido incapaz en dos años de colgar una pancarta en la fachada. Repito INCAPACES DE COLGAR UNA PANCARTA.
El discurso y la lucha es por la derogación de las tasas judiciales implantadas en el 2013 y lo vamos a conseguir. Cuando esté conseguido saldrán muchos de las madrigueras y agujeros donde están actualmente metidos para ponerse las medallas del logro sin que durante todo este tiempo hayan hecho nada.
El motivo de esta entrada es básicamente dejar clara mi postura al respecto de un posible escenario en el cual producida una moderación de las tasas judiciales pero manteniendo las mismas, esta propuesta o decisión del Gobierno sea aceptada por la abogacía institucional. Quiero dejar terminantemente diáfano que en ese supuesto no me representan.
También quiero dejar claro que no busco ni espero medalla, alabanza ni reconocimiento alguno. La lucha contra las tasas judiciales es algo que entiendo inherente y coherente al propio ser del abogado. Parece que muchos abogados no lo entienden así.
DEROGACION TASAS JUDICIALES
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