miércoles, 1 de julio de 2015

ENTRADA EN VIGOR DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (MORDAZA) Y REFORMA CODIGO PENAL

Hoy es sin duda un día triste para todo ciudadano y para todo jurista comprometido con el bienestar social y el desarrollo democrático de la sociedad. Hoy entran en vigor la nueva ley de seguridad ciudadana y la reforma del código penal, que instauran y avanzan en un sistema represivo y policial, limitador de derechos fundamentales. Mucho se ha escrito y bien desde el plano técnico (también en este blog) y escogeré al final algunas de esas entradas para quien quiera profundizar. Me interesa en este blog ahondar en otros aspectos.

La intención esencial de estas reformas, además del recorte de derechos y libertades y profundizar en el desequilibrio entre la relación de poderes constitucionales dando un papel predominante al gubernativo y policial, es generar una situación de miedo y amedrantamiento a los ciudadanos, como ya he explicado en alguna otra entrada de este blog. De este modo, el ciudadano, pensando que puede ser sancionado arbitrariamente con una elevada multa o pena y sintiendose indefenso ante el poder y desamparado por ver limitado su acceso a unos tribunales que no entiende independientes, se abstendrá de realizar conductas que entenderá como situaciones de riesgo personal y patrimonial.

Esto hace todavía más importante la difícil labor en la que están (estamos) embarcados muchos juristas de transmitir el conocimiento jurídico de una manera accesible al ciudadano. De este modo ayudan poco mensajes alarmistas de denuncia ante estas reformas, que no tienen el debido rigor técnico y que precisamente lo que hacen es ahondar en esa estrategia del poder gubernativo y generar todavía más miedo. El ciudadano ha de ser conocedor de que conductas entrañan un riesgo y cuales no, y del riesgo que entrañan. Esto lo intenté explicar en este blog en relación al mensaje alarmista de que no se pueden tomar imágenes o grabaciones de policías. Sí se pueden tomar imagenes y grabaciones de policías como expliqué en esta entrada.



El otro día hablaba con un excelente y afectuoso compañero, Jose Manuel Marraco, también lector del blog, y además abogado de Greenpeace que me decía la problemática que se les venía encima con la ley mordaza. Si esta es la situación para una organización como Greenpeace con un reconocimiento y prestigio social, imaginemos para el ciudadano individual cuando quiera y sea su voluntad el ejercer el derecho de manifestación o de expresión y opinión. Casualmente me lo he encontrado hoy también, y le he dado el pésame por la entrada en vigor de estas normas, y hemos hablado de la necesidad de que los juristas demos un paso al frente y aportemos soluciones imaginativas. Lo cual he hecho ya con otros compañeros buscando crear un grupo de mentes jurídicas que se pongan a ese trabajo.

Y es que aunque sea voluntad de la totalidad de partidos políticos a excepción del partido popular, el derogar estas normas en cuanto sea posible esto llevará más tiempo del que imaginamos. No solo ha de producirse un cambio de gobierno y un juego de mayorías que lo permita. Es que hasta que eso suceda, constitución de cámaras parlamentarias y la debida tramitación de los proyectos de reforma, tendremos estas normas en vigor más tiempo del que pensamos. Y no solo con éstas, el gobierno lleva intención de tramitar un número considerable de reformas que afectan a justicia y derechos ciudadanos durante este verano. Algo que está pasando de manera inadvertida a la sociedad y movimientos ciudadanos por mucho que unas pocas voces estemos alertando de esta cuestión.

Como digo habitualmente, y en este momento con mayor razón, se hace todavía más importante hoy el papel de los juristas dado que en lo que compete a la ley mordaza no podemos hacer cargar sobre el ciudadano individualmente sancionado el esfuerzo y costes de luchar contra esta infame normativa en un orden contencioso administrativo que no es el mejor para ello. De hecho parte de la estrategia del miedo es que en la norma aparecen muchos conceptos jurídicamente indeterminados. De este modo, el ciudadano no sabrá con seguridad si una determinada acción o comportamiento policial es correcto dado que la norma no le dará garantía jurídica y no tendrá resoluciones judiciales durante mucho, mucho tiempo, que le alumbren tampoco pues para ello deberán sustanciarse expedientes sancionadores, ser recurridos y obtener sentencias que sean recurribles y que haya pronunciamientos coincidentes. Y esto en términos de juzgado son años. Este es uno más de los efectos perniciosos, generar inseguridad en el ciudadano.

En definitiva, un día triste para una sociedad democrática y para quienes defendemos los derechos humanos. Un día triste para toda la ciudadanía española

A continuación recojo las entradas que considere de interés para el lector que quiera profundizar en aspectos técnicos.

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