viernes, 25 de julio de 2014

HACIA UNA NUEVA ABOGACÍA - LOS RETOS DEL TURNO DE OFICIO

El viernes por la mañana han comenzado las sesiones con Javier Lara y Pere Huguet decanos y vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía hablando sobre el turno de oficio

Javier Lara comienza exponiendo la regulación legal del turno de oficio. Lo único bueno del nuevo proyecto es mantener el sistema a cargo de los colegios sobre todo cuando se ha barajado o planteado la privatización del mismo. El observatorio de justicia gratuita tiene una nuena valoración de los abogados del turno de oficio.

Los abogados están solos defendiendo el turno de oficio con el apoyo de algunos medios de comunicación y hacen una labor de intentar concienciar al ciudadano de la labor de los abogados del turno de oficio. Habla del éxito de la manifestación de ayer en Madrid y de los paros convocados y la razón de la suspensión de los mismos.

Durante el trabajo legislativo el Consejo ha reiterado la exigencia de garantizar el cobro de las indemnizaciones del turno de oficio. Es inadmisible que haya situaciones en las cuales el abogado del turno de oficio no cobre por los servicios prestados.

La asistencia jurídica gratuita es básica para el Estado de Derecho porque garantiza derechos y ello debe ir correspondido con unos honorarios dignos para el abogado del turno, sin embargo,la intención del gobierno no es esa e incluso a la retribución le quiere dar el carácter de subvención. Comenta lo que ocurrió con tres abogados del turno de oficio en el caso Malaya a los que la Junta de Andalucía pretende pagarles de 300 a 400 euros.

Después ha pasado a comentar el nuevo proyecto:

- El servicio de orientación gratuita dejaría de ser gratuito obligando a los ciudadanos a pagar una tasa que aunque fuera reembolsable si se les concede el derecho se convertiría en un obstáculo infranqueable para muchos.

- Otro obstáculo será que transcurrido un año del procedimiento se exigirá al ciudadano ratificar la voluntad de continuar con el procedimiento a la hora de recurrir, que afectara especialmente a extranjeros o a los ciudadanos más desfavorecidos y con menos recursos sociales. 

- hasta 4 años para revisar situaciones de mejor fortuna

- obligaciones burocráticas para el colegio: registro de sentencias favorables y desfavorables, algo imposible de precisar. Si hay denegación de solicitud los gastos generados son a cargo de los colegios. Y otros muchos.

- no se garantizan servicios específicos de orientación jurídica, ni se cubren acciones que son necesarias.

- obligaciones para el abogado entre otras dar comunicación sobre archivos por causa imputable al cliente y de sentencias favorables y desfavorables. Será sancionable que a juicio de la Administración el abogado no haya planteado la insostenibilidad

- la territorialidad. Alerta de que puede ser las bases de una privatización

- retribución via subvenciones. Supondría no prestación por no haber presupuesto u obligar a los prestatarios a soportar las cargas. Ha aprovechado para denunciar las indignas retribuciones actuales. Respecto a las costas la Administración pretende quedarse las costas en caso de darse condena a tal efecto.

Ha finalizado su intervención comentando la negociación que ha habido al respecto.



Después ha intervenido Pere Huguet que ha comenzado hablando sobre el peligro de la privatización del turno de oficio. Si el Colegio de Abogados tramita un expediente de justicia gratuita se incrementan las garantías para el ciudadano.

En estos momentos el único expediente electrónico en Justicia es el de justicia gratuita que ha sido realizado por la abogacía. Se ha preguntado por que la administración de Justicia no tiene implantados este tipo de expedientes para pasar a explicar el sistema de gestión informatización.

En el turno de debate se han comentado cuestiones sobre colaboración de las asociaciones, la posibilidad o no de una huelga y aspectos técnicos del SIGA.

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