Soy bastante crítico con el papel de los medios de comunicación, cómplices en la situación de desinformación en que se encuentra la sociedad actual. Hay que quitarse la venda de los ojos y ver que los mismos obedecen a criterios de satisfacción de sus principales accionistas, que no tienen los mismos intereses que el conjunto de los ciudadanos. No es que ya que los medios no tengan una conveniente neutralidad informativa, que no la hay poniendo acento ideológico en sus informaciones, sino que no es casual la inexistencia de acciones de los mismos conducentes a generar ciudadanos críticos y con conocimiento de lo que pasa.
Muchas veces su actitud es preocupantemente servil a los intereses del poder. Así podemos ver una saturación de una información sesgada en relación a delincuentes que están siendo puestos en libertad en estos momentos, en asociación a la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot; delincuentes cuyos actos pasados nos parecen repugnantes pero de los que actualmente se está olvidando lo más importante en estos momentos, que es que son puestos en libertad sencilla y llanamente porque han cumplido su pena.
¿Obedece este tipo de atención informativa a una necesidad ciudadana? En mi opinión rotundamente no. Son los propios medios quienes están creando un estado de opinión y esa necesidad de información sobre la excarcelación con un doble motivo. El primero responsabilizar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta situación, cuando esta situación solo obedece insisto al cumplimiento de la pena impuesta. Una vez cumplida al a calle. El segundo motivo, no olvidemos que está en trámite la reforma del Código Penal, en la cual se pretende introducir la prisión permanente revisable. Cuando este debate se plantee vamos a ser una minoría con argumentos jurídicos frente a una inmensa mayoría con posiciones emocionales sobre la cuestión. Ayer mismo la lectura del jastag #victimasparot era atroz.
En esta situación de generación de opinión los profesionales como los abogados tenemos un importante papel de contrarrestar cuestiones que afectan a los derechos humanos, constitucionales, a la normativa, a la regulación, etc. Pero como hacerlo? Ultimamente he escrito en este blog sobre la comunicación a través de las redes sociales, pero esta tiene sus limitaciones de a quien llegamos. Tomando por ejemplo muy tuiter compruebo que las personas a las que sigo, mayoritariamente tienen una opinión critica, seriamente formada y no se dejan arrastrar por esos argumentos simplones que introducen los medios de comunicación. Pero claro, por eso los sigo en tuiter. No dejan de ser una minoría en comparación con la mayoría ciudadana. Del mismo modo, en quienes pueda influir también son una minoría muy parecida a la que sigo.
En otro orden de cosas el ejemplo puesta en esta entrada del blog privacidad lógica que leía hoy. Especialistas en la materia llevan años denunciante un determinado fraude en relación a los fondos de formación. Y no se les ha hecho ni caso, ni la ciudadanía tiene conocimiento de ello. Y no será porque durante todo este tiempo no han tenido oportunidad de conocer la cuestión. Pero lo cierto es que nadie ha querido informar sobre ello.
En definitiva como ciudadanos con determinados conocimientos tenemos la obligación de informar sobre cuestiones de las que tenemos conocimiento. ¿Pero como superar las limitaciones impuestas por los medios de comunicación?
Y vosotros que pensais, ¿esta tarea debería ser una responsabilidad de los Colegios Profesionales?
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