EL DELIBERADO ATAQUE CONTRA LOS DERECHOS

Rompo hoy con la linea habitual del blog y escribo una entrada completamente desde la perspectiva de opinión, mi opinión. Hoy reflexionaba sobre una apreciación desbordante de la política gubernamental (y seguidista autonomica y local) contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. La palabra ajustada es esa, desbordante, porque prácticamente no hay ministerio que no se dedique a lapidar a los ciudadanos de a pie y a laminar sus derechos. Tan unánime es la actuación que he caído en la cuenta que no puede ser por torpeza o convencimiento individual de cada ministro. Ha de ser deliberada y estratégica.

En estos días son pocos los colectivos que no se ven inmersos en una lucha por la defensa de los derechos, tenemos a la sanidad movilizada; la educación desde hace tiempo, por mucho que ahora se anuncie la ley de reforma, también los abogados, jueces, fiscales, etc., con el ataque a la administración de justicia y contra su punta de lanza, la ley de tasas; la administración publica; muchas otras. Bromeo habitualmente con que como hombre se me han acabo los colores para tanta marea (ya sabeis que los hombres no solemos distinguir colores que lleven dos palabras como el blanco roto) de protesta. Y pensaba ¿que gobierno no consideraría un error político enfrentar a todos y cada uno de los ciudadanos contra su política? Porque me cuesta en estos momentos identificar un terreno virgen a los ataques de estos sucedáneos de Atila.

Si la respuesta objetiva nos indicaría que es un error enfrentarse a todos los ciudadanos la incognita por tanto se redobla ¿por qué lo están haciendo? Por torpeza, por chapuza, responderán algunos. Lo siento, no puedo compartir tales respuestas. El principio de Ockham dice que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Es un principio que utilizo en innumerables ocasiones en mi ejercicio profesional y soy firme defensor del mismo. ¿Soy incoherente en estos momentos? No, para mi la explicación más sencilla, aunque pueda resultar paradójico, es otra.

Niego la sencillez de la torpeza o la chapuza. Quienes llegan a ministros o a presidentes del Gobierno no lo hacen a través de la torpeza o la chapuza, al menos no por medio de la propia, sino de la ajena. La respuesta ha de ser necesariamente otra. En estos momentos políticos interesa desviar la atención de lo realmente procedente, un paso más del "rescate" europeo tantas veces negado por nuestros políticos. Estos días España recibirá 40000 millones del rescate bancario . Ello se enmarca en la creación del denominado Banco Malo, el Sareb, y la opción por defender una determinada acción en el marco inmobiliario en vez de optar por la que pedirían los ciudadanos, una verdadera depuración de responsabilidades de todos los implicados: banqueros, promotores, constructores, y políticos que se beneficiaron del vendaval inmobiliario durante los óltimos años a nuestra costa.

En el altar hipotecario y para evitar esas responsabilidades se están efectuando muchos sacrificios. Las cifras del paro se disparan y las maquilladas rondan los 5.000.000 de desempleados, con trágicas historias personales detrás de los números, los EREs se multiplican destrozando los tejidos empresariales y productivos de nuestro país; cae cualquier inversión en investigación y se destroza el sistema educativo. La respuesta política es que hemos consumido demasiado, algo insultante tanto por los ejemplos utilizados (televisores de plasma) como por el hecho de que fue el propio sistema financiero y político el que incentivo un sistema económico "productivo" sustentado sobre un exceso de consumo privado. La solución ofertada es que un gran porcentaje de los ciudadanos seamos abocados a un futuro de supervivencia y malvivir, frente a unos pocos privilegiados. Y encima sin quejarnos y dando las gracias.

Que harían los ciudadanos ante esta situación? Pues con mayor o menor énfasis rebelarse ante ella. ¿Como evitar esa rebelión? La mejor defensa es un buen ataque así como utlizar el siempre efectivo divide y vencerás. La estrategia política ha conducido a que cada ciudadano se vea atacado en diversos frentes, y que disperse su lucha y su respuesta en varios de ellos. Yo mismo en diversas ocasiones me encuentro agotado, en mi trinchera de abogado, en la trinchera de la defensa de la educacion publica, en acciones ciudadanas de barrio. Que cada lector examine en cuantas trincheras combate. Y cuantas más trincheras tengamos abiertas más difícil será (que no imposible) combatir las macrodecisiones politicas que implican la destrucción del Estado de Bienestar y además que no se depuren las expresadas responsabilidades por todo lo ocurrido. La guerra de desgaste no se inventó ayer. Y mientras yo estoy en mis trincheras estoy imposibilitado de apoyar otras.

Por eso es tan importante redoblar esfuerzos y sobre todo apoyar en la medida de lo posible las justas reivindicaciones de otros colectivos en defensa de derechos como la educación, sanidad, el sector publico, etc.

Y por eso es tan importante que la sociedad entienda la importancia de la lucha que como abogados (y otros profesionales del derecho) hacemos en estos momentos, pues lo que defendemos en esencia es la defensa de la totalidad de los derechos amenazados, de su ejercicio y disfrute, así como la del terreno de juego donde han de ser defendidos, una administración de justicia eficiente, eficaz e independiente.

RESTRINGIR DERECHOS SIEMPRE PERJUDICA AL MAS DEBIL

Las decisiones políticas suelen justificarse con números macro. Se habla de numero de afectados, de millones de ahorro, de grandes extensiones territoriales. Poco se habla de la incidencia individual, en nuestra pequeña comunidad que es donde verdaderamente se ve como afecta a los derechos de cada cual.

Un caso real. Extranjero en situación irregular, que sufre un accidente de tráfico. Se inicia todo el protocolo habitual, se levanta un atestado, se abre un procedimiento judicial que acabará en un juicio. Como cualquier otra persona tratará de que se satisfaga una indemnización, que de por sí ya no cubrirá totalmente el daño causado sino que se ajustará a unos baremos que no atienden a la verdadera reparación.

Pasará por un médico forense, donde la actuación de este se verá afectada al principio por características propias e intrínsecas a muchos extranjeros en situación irregular, el desconocimiento de sus derechos, la falta de herramientas culturales con las que se desenvolverse adecuadamente, un déficit en el uso de idioma. Todo ello conducirá a que en un buen número de ocasiones, el informe forense recoja unas valoraciones a la baja respecto a la realidad de las lesiones y secuelas.

Le añadimos que el extranjero se ha visto privado de tarjeta sanitaria. El mismo tiene dolores y secuelas evidentes, la más notable su cojera al andar. Sin ser médico se aprecia. ¿por qué no lo apreció el forense? porque decidió funcionar automáticamente sin el apoyo de informes médicos. ¿por qué no existen esos informes médicos? porque cuando el extranjero acudió al centro de salud se le dijo que solo podía ser asistido si firmaba un compromiso de pago de la asistencia sanitaria. A pesar de explicarle que luego el pago no sería efectivo (ya veremos), el extranjero tiene miedo y decide no ser atendido. Tampoco comprende adecuadamente lo que tiene firmar, ni lo que pone en dicho documento, pues a duras penas habla castellano y no lo sabe leer. Todo ello conduce a la inexistencia de un tratamiento y la inexistencia de unos informes que sustenten correctamente el informe forense.

Ello conduce a que la indemnización que podrá obtener en el procedimiento penal será inferior a la que podría obtener de no concurrir esos condicionantes. Se le explica, la posibilidad de acudir a otro procedimiento y de no aceptar el informe forense. ¿que habrá que hacer en ese caso? un informe pericial privado, que le costará aproximadamente 700 euros. ¿de donde los va a sacar si está en situación irregular? ¿y qué informes médicos sustentarán el mismo? Aunque los consiga ahora pasados varios meses del accidente, el abogado de la compañía de seguros se agarrará al informe forense, alegará que los informes se han emitido con mucha posterioridad y que pueden obedecer a lesiones producidas en otro accidente o de otro modo. El juez podrá sucumbir fácilmente a estos argumentos. Si además lo hacemos en otro procedimiento, en uno civil, por ejemplo, el extranjero tendrá que pagar las nuevas tasas.

La teoría siempre es clara. La práctica no es tan sencilla. Lo que habría que hacer en teoría, fácil de aconsejar. Lo que ocurre en la práctica? que aquellas personas en situación más vulnerable se ven enormemente afectados por las decisiones tomadas en despachos por personas que nunca sufrirán la falta de libertad derivada de no tener el dinero suficiente para ejercer adecuadamente sus derechos. 

Y ahora que vengan cínicos como Gallardon a decir que los abogados luchamos contra estas cosas para mantener nuestros status privilegiados o por nuestro propio interés.

Y no digo más, que me conozco.

Entrada publicada originalmente aqui

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL DERECHO DE MANIFESTACION

Es preocupante la proliferación de expedientes administrativos sancionadores dirigidos contra ciudadanos que libremente ejercitan un derecho fundamental como es el de manifestación. En diversas ciudades así como relacionadas con manifestaciones de diversas fechas, parece instaurarse un patrón comun policial cual es la de abrir expedientes sancionadores a manifestantes que fueron identificados en las mismas. Muchos de esos ciudadanos manifiestan no haber cometido ningun hecho ilegal o sancionable, más allá de la participación en la manifestación.

Hoy es noticia y sirve de ejemplo a esta entrada la existencia de procedimientos sancionadores contra 300 personas que intervinieron en las protestas del dia 27 de septiembre. La propia participación en una manifestación no es sancionable, así que dichos expedientes deberán concretar imputaciones individualizadas contra cada uno de los ciudadanos y que supongan que atentan contra algun tipo sancionable, como puede ser una alteración del orden público.

De tratarse de una estrategia gubernamental dirigida a generar miedo, a amedrentar a los ciudadanos para que no ejerzan un derecho fundamental, supondría derogar de facto el ejercicio de los derechos constitucionales. Este tipo de conductas debería ser revisada por el orden jurisdiccional, por los jueces, pero para ello, y debido a reformas ya pasadas y futuras, tal revisión se complica.

En primer lugar, los ciudadanos desconocen aspectos básicos para articular su defensa en un procedimiento sancionador. Funciona alguna buena guia como la de legal sol pero que adolece de algun que otro consejo práctico. Luego además ha de ser el propio ciudadano quien con dicha carencia se hace sus alegaciones o descargos.

Lo peor viene con posterioridad. Ante la imposición de una sanción el ciudadano deberá acudir al juzgado de lo contencioso administrativo buscando el amparo judicial y aqui se encontrará con unos importantes obstáculos.

1. El coste del procedimiento al tener que contar con un abogado

2. Las recientemente impuestas tasas judiciales de Gallardon, 200 euros mínimo por demanda en procedimiento abreviado.

3. El riesgo de la imposicion de las costas si se pierde el procedimiento tras la última reforma al respecto como puede verse en esta entrada escrita hace un año

4. Las dificultades inherentes al propio procedimiento dado el principio de presunción de veracidad de que gozará la denuncia formulada por un policía exigiendo un notable esfuerzo probatorio al ciudadano recurrente para probar que no hizo lo que en dicha denuncia dice que hizo.

En este entorno, no resulta casual, ni la expresada proliferación de expedientes sancionadores ni el incremento de los obstáculos (tasas y otros) para que el ciudadano pueda defenderse ante lo que entiende que es una desviación de poder de la Administración.

Esperemos que los jueces sepan cumplir su papel ante tan sospechoso aumento de este tipo de sanciones contra lo que recordemos, no deja de ser el ejercicio de un derecho fundamental.