Anda el patio revolucionado en la Justicia. Como nunca. Esta semana se han realizado Juntas de jueces, que muy descontentos y en una poco común unanimidad, manifiestan su rechazo a las pretensiones del Ministro de Justicia, Gallardon, siendo el detonante la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Me llama la atención no solo que se hable de posibles huelgas, o esa unión entre diferentes asociaciones, también que los "disparos" se dirijan hacia uno de ellos, el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
En Zaragoza, el juez Decano Angel Dolado, persona que tiene todo mi aprecio profesional, señala que a dicha huelga probablemente se sumarán fiscales y secretarios judiciales. Creo que, más que a la huelga, sí a las acciones de protesta, se deberían sumar los otros profesionales que trabajan en la Justicia, como los abogados y los procuradores. La lucha por mejorar la Administración de Justicia, y su independencia, ha de ser tarea de todos.
Si no emitiera una crítica, no sería yo. Me gustaría que todos esos profesionales, hicieran una debida reflexión sobre su participación y responsabilidad en la situación de la Administración de Justicia, para que no se vuelvan a cometer errores. Es importante luchar por la independencia judicial, pero con la vista puesta atrás y en la situación actual, es muy importante también la calidad de la prestación de este servicio público.
Todas generalizaciones son injustas, y entre los jueces, como entre todos los colectivos, tambien hay buenos profesionales y muchos de ellos limitados por la carencia de medios o la sobrecarga de sus juzgados. Pero preocuparse por la Justicia, también era darle la debida importancia a procesos como los monitorios o a las ejecuciones judiciales, es decir, a entender que aunque la cuantia de un tema o la trascendencia juridica del mismo fuera pequeño, era y es muy importante que un deudor o quien acude como demandante a un juicio, tenga una satisfacción pronta y efectiva de su petición. Y en mi opinión, esto no pasaba, ni pasa en muchos juzgados.
Es importante para la Justicia, que quien acude ante un juzgado o tribunal sienta que es escuchado y que se le dedica un tiempo adecuado y suficiente a estudiar su petición. Y en mi opinión, esto no pasaba, ni pasa en muchos juzgados.
Es importante para la Justicia, que quien interviene ante un juzgado o tribunal, sienta que es respetado, lo que supone un trato considerado, que no sufra faltas de puntualidad no justificadas o suspensiones absurdas derivadas de falta de diligencia.
La Justicia, no se sustenta solo sobre grandes pilares, como la independencia judicial, sino tambien sobre pequeños detalles. Todo ello debe ser cambiado, como digo, en un trabajo conjunto y en equipo, por todos los profesionales.
domingo, 23 de septiembre de 2012
jueves, 13 de septiembre de 2012
BOLINAGA Y EL RESPETO A LAS DECISIONES JUDICIALES
Ha sido polémica la concesión de la libertad condicional en aplicación del artículo 196 del Reglamento Penitenciario a Uribechevarria Bolinaga condenado como terrorista de ETA. Siendo una decisión polémica, me gustaría incidir en esta entrada en dos cuestiones colaterales, más allá de la propia cuestión que ha sido el epicentro de la mencionada polémica, la excarcelación del mismo.
Me gustaría centrarme especialmente en el fundado y motivado Auto de 30 de agosto de 2012 del Juzgado de la Audiencia Nacional, con la debida brevedad en la que intento proceder en estas entradas. El mencionado Auto explica la normativa de aplicacion, y señala que conforme al artículo 196 del Reglamento Penitenciario que remite al 195, un requisito sin el cual no puede adoptarse la libertad condicional, es la concesión del tercer grado. El tercer grado, como señala dicho Auto, fue concedido por la Administración Penitenciaria. Dicho sea de otro modo, por el Gobierno. Sin recurso alguno contra el mismo.
El artículo 196 establece un imperativo, que es cuando haya una situación de enfermedad muy grave con padecimientos incurables. No se trata de una cuestión discrecional sino obligatoria. En estas situaciones, obligatoriamente se ha de conceder, de este modo, la junta eleva la propuesta y el Juzgado con funciones de vigilancia revisar si se cumplen o no los requisitos legalmente establecidos para conceder la libertad provisional por esta causa.
El dato es importante y lo reitero, si no se hubiera concedido el tercer grado por la Administración, que se concede precisamente por la situación médica del interno, no se hubiera podido conceder la libertad provisional. Tras el fundamentado Auto, insisto, sobre el que podemos incidir en otros momentos, pero del que aconsejo su serena lectura, sorpresivamente, es mi opinion subjetiva, es recurrido por el Ministerio Fiscal. De nada sirve, al ser posteriormente validado en segunda instancia.
¿Hasta que punto este recurso del Ministerio Fiscal no ha sido ordenado (recordemos la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal) para orquestar un "teatrillo" que salve la cara al Gobierno? Mi opinión subjetiva desde la conjetura, es que así ha sido. Y me lo ratifica el hecho de la pluralidad de politicos del partido popular diciendo sobre esta cuestión el manido "respetamos las decisiones judiciales". No señores, para mi han hecho todo menos respetar la decisión judicial, al no tener la valentía de asumir la decisión política (favorecer la concesión de esta medida) y utilizar a los jueces como muñecos de pim pam pum, señalandolos como los causantes de la excarcelacion. Y para ello, recurriendo el expresado Auto, queriendo dar la impresión de combatir hasta el final una libertad condcionales que ellos mismos empiezan concediendo el tercer grado por tales causas de enfermedad. Una nueva muestra de la cobardía de nuestros políticos y de su afición a la mentira. Y un gran ejercicio de cinismo.
Como he dicho al principio, quería trasladar dos ideas. La primera ya lo he hecho. Y sin entrar en la cuestión de fondo, si la medida adoptada es adecuada o no, pero directamente relacionada con la primera idea, lanzo la segunda. Lo que en mayor medida me repugna de esta decisión, es que es una muestra más de la desigualdad de los ciudadanos ante la ley, habida cuenta de la cantidad de presos que podrían acogerse a este supuesto, y no encuentran las facilidades que le ha dado el Gobierno a Uribechevarria Bolinaga.
Me gustaría centrarme especialmente en el fundado y motivado Auto de 30 de agosto de 2012 del Juzgado de la Audiencia Nacional, con la debida brevedad en la que intento proceder en estas entradas. El mencionado Auto explica la normativa de aplicacion, y señala que conforme al artículo 196 del Reglamento Penitenciario que remite al 195, un requisito sin el cual no puede adoptarse la libertad condicional, es la concesión del tercer grado. El tercer grado, como señala dicho Auto, fue concedido por la Administración Penitenciaria. Dicho sea de otro modo, por el Gobierno. Sin recurso alguno contra el mismo.
El artículo 196 establece un imperativo, que es cuando haya una situación de enfermedad muy grave con padecimientos incurables. No se trata de una cuestión discrecional sino obligatoria. En estas situaciones, obligatoriamente se ha de conceder, de este modo, la junta eleva la propuesta y el Juzgado con funciones de vigilancia revisar si se cumplen o no los requisitos legalmente establecidos para conceder la libertad provisional por esta causa.
El dato es importante y lo reitero, si no se hubiera concedido el tercer grado por la Administración, que se concede precisamente por la situación médica del interno, no se hubiera podido conceder la libertad provisional. Tras el fundamentado Auto, insisto, sobre el que podemos incidir en otros momentos, pero del que aconsejo su serena lectura, sorpresivamente, es mi opinion subjetiva, es recurrido por el Ministerio Fiscal. De nada sirve, al ser posteriormente validado en segunda instancia.
¿Hasta que punto este recurso del Ministerio Fiscal no ha sido ordenado (recordemos la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal) para orquestar un "teatrillo" que salve la cara al Gobierno? Mi opinión subjetiva desde la conjetura, es que así ha sido. Y me lo ratifica el hecho de la pluralidad de politicos del partido popular diciendo sobre esta cuestión el manido "respetamos las decisiones judiciales". No señores, para mi han hecho todo menos respetar la decisión judicial, al no tener la valentía de asumir la decisión política (favorecer la concesión de esta medida) y utilizar a los jueces como muñecos de pim pam pum, señalandolos como los causantes de la excarcelacion. Y para ello, recurriendo el expresado Auto, queriendo dar la impresión de combatir hasta el final una libertad condcionales que ellos mismos empiezan concediendo el tercer grado por tales causas de enfermedad. Una nueva muestra de la cobardía de nuestros políticos y de su afición a la mentira. Y un gran ejercicio de cinismo.
Como he dicho al principio, quería trasladar dos ideas. La primera ya lo he hecho. Y sin entrar en la cuestión de fondo, si la medida adoptada es adecuada o no, pero directamente relacionada con la primera idea, lanzo la segunda. Lo que en mayor medida me repugna de esta decisión, es que es una muestra más de la desigualdad de los ciudadanos ante la ley, habida cuenta de la cantidad de presos que podrían acogerse a este supuesto, y no encuentran las facilidades que le ha dado el Gobierno a Uribechevarria Bolinaga.
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