Era difícil de superar a Gallardón pero parece que Catalá lo ha conseguido. Quien durante años exhibía las cualidades de un encantador de serpientes y dispensaba sonrisas sin reparo y utilizando las palabras que le escuché a José Muelas en su día sobre él "no se le conoce una mala palabra ni una buena obra", al final ha acabado exhibiendo malas palabras.
Gallardón había conseguido algo que hace años parecía imposible, que todos los denominados operadores jurñidicos se pusieran en su contra, así que Catalá pareció aterrizar en el cargo con una clara estrategia, la de dejar que las aguas se apaciguaran sin que llegaran a ser calmas. Para ello buscó evidentes aliados (no hay más que ver como Consejos Generales de Procuradores y Abogacía siguen sin decir nada malo sobre él) y aplicó la técnica Rajoy de dejar que con el paso del tiempo los colectivos jurídicos fueran cansandose y desistiendo de sus protestas.
El colectivo de juristas sin embargo (tan atacado estos días) parece que tiene algo que le diferencia del resto de los ciudadanos (¿donde están aquellas masivas mareas? ¿aquellas protestas ciudadanas?) y es que aunque lento y con mucho protestón desde su casa y que poco da la cara, una vez movilizado para dificil que pare. Y ha seguido. Ha ayudado bastante una larga lista de afrentas por acción dolosa o culpable o por omisión:
- las deficiencias de Lexnet y del expediente digital
- la consolidada carencia de medios y ninguna voluntad por arreglarla
- ataques a la independencia judicial
- el maltrato económico tanto a los abogados del turno de oficio como a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios
- y sobre todo el desprecio a los profesionales en todos sus ámbitos
Pero el nivel de enfado y descontento ha alcanzado cotas inimaginables en el día de hoy hasta el punto de que todo tipo de profesionales de la Justicia, con todo tipo de ideologías, se han indignado ante lo que ha sido un ataque directo a la independencia judicial y con ello a todo el sistema jurídico. Ante la situación de indignación ciudadana por la sentencia de la Manada, como un sátrapa deseoso de contentar al pueblo exaltado, le ha ofrecido la cabeza del juez que se atrevió a emitir un voto particular en la citada sentencia.
No es casualidad que esto se produzca cuando jueces (y otros colectivos) anunciaban un calendario de movilizaciones con paros y amenaza de huelgas, y ha sido un claro anuncio más propio de películas de mafiosos de ejercicio de poder.
Si estos días me siento orgulloso de esos colectivos que están pidiendo la dimisión, es porque lo están haciendo como medida de defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la recuperación de un sistema democrático pleno y del efectivo ejercicio de principios constitucionales. Todo eso está en esa petición de dimisión, y todo eso está amenazado con un Gobierno que mantenga como ministro de Justicia a alguien como Catalá.
Harían bien el resto de ciudadanos en entender esto y sumarse a esa petición. Y también el Consejo General de la Abogacía, de escuchar la indignación de tantos y tantos abogados y de una vez por todas dejar su actual posición de complacencia.
