El Gobierno se propone que el Estado se persone en defensa de las víctimas de delitos sexuales. La noticia no solo es inesperada sino sorprendente, máxime cuando en el actual Consejo de Ministro hay una Ministra de Justicia que es Fiscal y dos magistrados (interior y defensa). Alguno de ellos, en particular la ministra de Justicia, debería saber cual es precisamente el funcionamiento y cometido de la Fiscalía, máxime cuando es en lo que ha estado trabajando estos últimos años. Precisamente el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice lo siguiente:
"El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social"
La mera lectura ya indica que el Ministerio Fiscal es el encargado de la protección de las víctimas de este tipo de delitos. A pesar de ello, también existen turnos de abogados de oficio especializados en asistencia a víctimas, en particular a víctimas de violencia de género y a víctimas de violencia sexual. Los primeros, son imperativos por la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género y los segundos dependen de cuestiones organizativas de los Colegios (y de que las administraciones se impliquen naturalmente) pero existen en muchos sitios. Independientemente de ello, el Estatuto de la Víctima posibilita a toda víctima de cualquier delito a contar con un abogado del turno de oficio para poder ejercer la acusación particular. Este tipo de acusaciones, sean por la vía que sean de las indicadas, son necesarias y convenientes, ofrecen un mejor acompañamiento de la víctima, mayor cercanía y facilitan el ejercicio de Derechos. El tándem Ministerio Fiscal - abogado de acusación es suficiente para proteger los intereses y derechos de las víctimas.
Expuesto lo anterior, y expuesto que al menos tres de los ministros deberían conocer lo indicado, ¿qué sentido tiene el anuncio del Gobierno? Ejercer un populismo en el ámbito judicial, al que alguien debería dar ya nombre, un populismo que busca satisfacer una calenturienta opinión pública. El problema es que estos mensajes son perjudiciales, como digo en el título:
- son ofensivos para el Ministerio Fiscal, al ningunear su función
- son ofensivos para esos servicios de turno de oficio ya existentes al despreciar su existencia
- mandan un mensaje de que lo existente hasta el momento no funciona y las víctimas están desprotegidas cuando no es así y puede tener un efecto disuasorio
- son perjudiciales en el plano procesal, pues como algún que otro fiscal ha indicado, acumular acusaciones populares suele desencadenar caos, falta de coordinación y retrasos que solo favorecen a los culpables (lo explica el fiscal Juan Antonio Frago en relación al Prestige en esta entrada de su blog)
Así que si verdaderamente te preocupa el funcionamiento de la Justicia, deberías aplaudir poco o nada estos desvaríos que solo buscan un efecto electoral y que sin embargo generan notables efectos perjudiciales en lo que verdaderamente interesa, la protección de las víctimas.
Por cierto, una vez más, la respuesta de Consejo General de la Abogacía Española y Colegios de abogados ante este desprecio a unos abogados de turno especializados y mal financiados ha sido el más ominoso silencio.
