El frenesí legislativo del gobierno ha puesto contra las cuerdas a todos los juristas, a los que trabajan con la norma y especialmente a los abogados, que por alguna extraña cuestión de justicia cósmica, la sociedad nos exige que sepamos de todo. Y por lo tanto estemos al tanto de todo.
Una de las cosas más temidas por los abogados es no estar al tanto de la concreta redacción vigente de una norma. Lo normal sería que no tuvieramos mayor problema para ello, pero ciertamente el gobierno nos está poniendo contra las cuerdas. A título de ejemplo hoy, día 27 de junio de 2013, el BOE publica la ley 8/13 de rehabiltación, regeneración y renovación urbanas. No se trata ya del esfuerzo de tiempo que supondría la lectura diaria de los BOEs y más allá de la mera lectura el estudio detallado de la normativa, más el disponer de una adecuada retentiva y de memoria. Algo difícil de por sí en esta profesión. Es que este gobierno realiza un sistemático abuso, proviniente de una deficiente técnica legislativa, por la cual en cada norma publicada se aprovecha para modificar muchas otras, algunas de las cuales nada tienen que ver con la materia en principio regulada en la nueva norma. En este ejemplo, son 17 las normas modificadas, con el agravante de que una de ellas, es la ley 1/13 que entró en vigor hace mes y medio. ¿que necesidades objetivas pueden llevar a modificar una norma solo un mes y medio tras su entrada en vigor? Solo las derivadas de una chapuza legislativa, de un mal redactarlas, sin reflexión ni trabajo adecuado.
Cuando ya hace años estudiaba en la Facultad recuerdo maravillarme en el buen sentido de la palabra, por el excelente en general trabajo legislativo realizado durante la década de los 80. Aprobada la Constitución en el año 78 fue preciso realizar leyes orgánicas que desarrollaran el llamado bloque de constitucionalidad y regularan algo tan importante como los derechos constitucionales. No solo eso, en esa década se produjo la incorporación a la entonces comunidad económica europea, lo que también originó un extenso e intenso trabajo legislativo de adaptación de nuestra normativa a los requisitos de la integración. Durante muchos años se hicieron muchas normas, muchas buenas e importantes normas.
No puedo dejar de imaginarme lo que hubiera sido aquello en manos de estos chapuceros. El problema no solo afecta a los que ejercemos el derecho, sino esencialmente a los ciudadanos. Como van a conocer los ciudadanos sus derechos ante tal caos legislativo? ahora te publico una norma, unos pocos días después tengo que sacar otra corrigiendo sus numerosos errores, y luego te modifico esto por aquí y esto por allá de tapadillo, sin que nadie se entere. He dicho chapuceros? Pues ahora voy a añadir que son unos trileros legislativos.
La cuestión no es exclusiva de estos momentos. Ya durante la Historia, los juristas y estudiosos trataban esta proliferación de normas y este caótico legislar. Napoleón creó la codificación como un sistema de acabar con la profusión de normas, el hecho de que los ciudadanos no pudieran conocer las aplicables, y de este modo recogerlas en un código al que acudir para conocerlas. Incluso en su afán de extender el bien sobre la humanidad, Napoleón pensaba que así acabaría con los abogados que vivían precisamente de ese caos. No lo consiguió.
Pero a este paso quien va a conseguir acabar con los abogados es este Gobierno. Cualquier día hacemos un suicidio colectivo.
Nota.- Fuera del tono irónico la cosa es grave. Se cuelan normas que afectan especialmente a los ciudadanos: ejecuciones hipotecarias, alquiler, normas que afectan a los estafados por las preferentes, etc. Es solo por la labor de arrojados y esforzados abogados, que profundizan, estudian, colaboran, etc. como se les va a poder plantar batalla.
En mi opinión este caos es algo más que una chapuza. Es deliberado. Precisamente para ir creando un marco jurídico en contra del ciudadano, sin que este se entere.
Tomás Aríñez