CREEMOS EN UNA JUSTICIA POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES

Si hay algo me repugna especialmente en estos días es escuchar, en relación a la crisis de sistema en la que estamos inmersos, la frase "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". En más de una ocasión estoy tentado de responder que eso, en todo caso, lo habrá hecho quien lo dice, y muy probablemente a mi costa, con dinero público, porque lo que es yo, nunca, he vivido por encima de mis posibilidades. Pero es tal la simpleza argumental de dicha expresión que a uno se le quitan las ganas de intentar rebatir, argumentar y explicarse. Para qué. Tiempo perdido.

La utilización desmesurada y reiterativa de la expresión (junto con otras similares) no es más que otro ejemplo de la herencia judeocristiana en nuestra cultura. Culpabilizar en vez de responsabilizar. De este modo, en vez de afrontar las cosas buscando quien es el responsable, la mácula del pecado, la culpa, se extiende sobre todos, se socializa, y la masa está dispuesta a aceptarla esperando que con dicha penitencia todo se resuelva. Ilusos.

Yo no he vivido por encima de mis posibilidades y no acepto un discurso tan vacuo y simplón. Es hora, de que  levantemos la voz ante tal falacia y pidamos cuentas a los verdaderos responsables de esta situación. Leía hoy este articulo y lo unía al tímido comienzo con unos cuantos valerosos compañeros abogados de dar respuesta pública a un grave ataque que el Gobierno y el ministro de Justicia Gallardón pretenden realizar contra la Justicia implantado tasas en el acceso a la misma.

Compruebo estos días como entre abogados y procuradores se vive con preocupación la misma, siendo plenamente conscientes de la lesión que supone al ejercicio de derechos, a la tutela judicial efectiva, a que un ciudadano pueda sentirse amparado por la administración de Justicia (para lo cual no ha de tener obstáculos para plantear sus derechos) y por tanto a uno de los poderes del Estado, y sin embargo, la sociedad, que en mi opinión está en shock es incapaz de alcanzar a entender, ni siquiera en grado mínimo, en que le afecta esta medida (como otras tantas) de implantarse.

Es hora por tanto de romper ese estado de shock. Que con energía, aunemos voluntades, que cada uno desde nuestra capacidad y limitados medios nos embarquemos en la batalla de defender los derechos individuales y colectivos (algo que un abogado debe llevar obligatoriamente en su ADN). Y que en lo que a la implantación de las tasas nos ocupa, digamos alto y claro, sin complejos, que sí creemos en una Justicia por encima de nuestras posibilidades, pues no otra cosa es tan alto valor y principio, una esperanza, un deseo de alcanzar un logro identificado con un sentido de lo justo común a la humana imperfección.

Si compartimos ese anhelo, debemos compartir la lucha contra lo injusto. Y todo lo que sea introducir desequilibrio, desigualdad, limitar el ejercicio de derechos, lo es.

CUESTIONES IMPORTANTES EN EL AUTO DEL JUEZ PEDRAZ EN RELACION AL 25-S

Segunda entrada sobre la cuestión, tras las consideraciones que he realizado en esta otra entrada. Ahora toca hablar de ese otro aspecto, que está pasando desapercibido oculto por la polémica sobre la crítica a la clase política.

De mayor gravedad, para la policía, para el Ministerio del Interior y por qué no, para esa clase política que mira para otro lado al respecto, son estas otras cuestiones a que me voy a referir a continuación. Lo que se refleja en dicho Auto, es un grave proceder policial dirigida a la criminalización de la protesta ciudadana.

Entremos a la esencia. Los primeros fundamentos del Auto recogen los pasos seguidos por la policía. me llama especialmente la intención la intención de averiguar quienes hacen aportaciones económicas a dicho movimiento, llegando a manifestar que los mismos sean también coautores de los delitos. La literalidad del Auto es la siguiente al recoger la petición de los investigadores de la policía:

“las personas encargadas de la apertura de las referidas cuentas corrientes desempeñan un papel activo en la organización  de los hechos presuntamente delictivos objeto de investigación y cabiendo ser 

consideradas las aportaciones económicas a las mismas como colaboración en dichos actos."

No hay que cansarse de repetir que una cosa son las apreciaciones policiales en los atestados, y otra distinta, las consideraciones o evaluaciones judiciales. Pero que la policía considere a quien haya hecho una mínima aportación (con total seguridad no son muy elevadas) colaboradores delictivos de los promotores, o es de una ignorancia abismal o lo que es peor, refleja unas directrices de superiores dirigidas a seguir un camino de máxima criminalización de la protesta social, con el único objeto claro está de amedrentar y coaccionar a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de sus derechos de reunión y de manifestación. Sobre algo parecido y coincidente escribí aquí. ¿a que viene sino pretender esa exhaustiva investigación sobre quien haya efectuado ingresos en las cuentas de dicha organización? Es como si algún integrante de Greenpeace fuera sometido a un proceso por alguna acción de dicha organización y se investigase y considerase colaboradores a todos los socios de la organización (yo lo soy). ¿Se ve así más claro el disparate?

En segundo lugar, en el propio Auto se recoge es que por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid se adopta un acuerdo incoherente con lo anterior, pues se expresa en dicha resolución administrativa que:


“la verdadera intención de la convocatoria es permanecer de forma indefinida
en el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso de los Diputados‛,


Con lo cual como dice el Auto, no existe ni esa gravedad que señala la policía, ni, digo yo, los fines que a la protesta se le atribuyo interesadamente con anterioridad y con posterioridad a la misma. Si la propia Delegación al autorizar la manifestación entiende que no se va a invadir el Congreso, a que se deben esas afirmaciones antes y después de la protesta? O dicho de otro modo, si la policía piensa que se va a invadir el Congreso, por qué se autoriza la manifestación?

Tal aspecto se corrobora, como dice el Fundamento Tercero del Auto, con las comunicaciones de la policía en relación a los hechos ocurridos en la manifestación del 25-S en los cuales en ningún momento se habla de intento de acceder o tomar el Congreso, sino de desordenes en los alrededores del mismo. Lo mismo ocurre con el atestado levantado, que entiende que se han cometido diversos delitos, pero ninguno de los que posteriormente se han comentado como dirigidos contra las altas instituciones del Estado. Es decir, que en documento oficial, la policía entiende que tales delitos tan graves, no se han cometido.

Es solo el propio día del auto, el 4 de octubre, cuando la brigada de información remite un informe en el que entiende que algunos (5 de 35 detenidos) sí que serían autores del delito contra altas instituciones. El propio juez recoge en el auto que se produce, y lo subraya, sorprendentemente, dado que no tiene coherencia alguna con lo que está relatando que ha ocurrido en los momentos anteriores por parte de la propia policía y la Delegación del Gobierno. Es más, esos 5 detenidos no están imputados en las diligencias de la Audiencia Nacional, sino que fueron sometidos al juzgado de instrucción por la propia policía, por lo que poco sentido tiene que dicho informe se remita a un juzgado, el de la Audiencia Nacional, que no conoce de ese proceso. A este respecto, el Auto también es duro y contundente:

"De ninguna forma, la unidad policial puede “sustraer” unos hechos  concretos
imputados a personas concretas  que son conocidos por un juzgado para
que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en
las funciones propias de la policía judicial"

En resumen, el Auto hasta el fundamento Séptimo incluido, recoge cronológica e historiadamente una enorme chapuza policial y un burdo manejo dirigido a criminalizar una protesta ciudadana, más propio de protagonistas de un comic de Ibáñez, que de una policía de un estado democrático del S. XXI. Lo relatado en dichos apartados, es mucho más grave que una mera opinión subjetiva sobre la convenida decadencia de la denominada clase política. Es el reflejo de una subdesarrollada forma de hacer política y de utilizar a la policía con fines políticos. Probablemente sea esto lo que más ha dolido a algunos de esos políticos, esa narración, clara, historiada, evidente de tan deplorable actuar. Como tanto molestó el libro de Roberto Saviano "Gomorra" a la Camorra.

Y aquí no dimite nadie.

LA POLEMICA SOBRE EL AUTO DEL JUEZ PEDRAZ Y EL 25-S

Menuda la que se montó ayer con el Auto del Juez Pedraz archivando las diligencias que en la Audiencia Nacional se seguían contra los promotores de la manifestación del 25-S Rodea el Congreso (ojo, contra los promotores, las abiertas contra los manifestantes siguen). La notoriedad se la llevó una frase o más bien dos palabras, la convenida decadencia de la denominada clase política. Y la clase política mayoritaria, dando razón a tales afirmaciones, reaccionó como si le hubiera generado una grave urticaria tal afirmación, incluso con exabruptos impropios (otro más, como la del que se jodan) de quien no deja de ser (ellos no lo piensan así) un representante de los ciudadanos. Las palabras de Rafael Hernando, son graves, y si las hubiera dicho un ciudadano, le hubieran generado un proceso por injurias.

Sin embargo, pienso, que el verdadero enfado de esa parte mayoritaria de la clase política no es por tal frase. Al fin y al cabo cosas peores se dicen en su actuar parlamentario, donde vuelan las faltas de respeto y los insultos hacia quien no piensa como ellos. Y se siguen hablando y saludando efusivamente.

Lo que de verdad les molesta es que el Auto, señala una obviedad y sobre el mismo se sustenta toda su argumentación: el derecho de los ciudadanos a manifestar su disconformidad. Algo que solo puede entenderse reprochable y perseguible penalmente en regímenes totalitarios. Pero aquí no tenemos un régimen totalitario, no?.

Y les molesta que esa protesta llegué incluso a una metáfora de aislamiento político, de desconexión y ruptura con la ciudadanía, como suponía rodear el Congreso. Y ahí es donde les ha dolido, cuando han sentido su territorio invadido, han visualizado la posibilidad de perdida de sus privilegios, y encima un juez, expresa que entiende tal sensibilidad ante "la convenida decadencia de la denominada clase política". Vamos, que ellos como políticos, se pueden decir todo tipo de insultos, injurias y calumnias. Pero ojo, que un ciudadano, aunque sea juez, no puede expresar una dura crítica.

Lo peor de este debate es que deja en las sombras cuestiones más graves que se reflejan en el auto del juez Pedraz y que dejo para una segunda entrada, para no alargarme más de lo debido en esta.

Cuestión ultima es la necesariedad o innecesariedad de aquella frase, la convenida decadencia de la clase política. Habrá quien con razón diga que era innecesaria, desde una perspectiva jurídica nada aporta ni añade aspectos esenciales a los argumentos ya expresados en el mismo, no dejaría de ser un ataque gratuito a otro poder del Estado (más bien a dos, ejecutivo y legislativo). Pero desde otra perspectiva, la de los ciudadanos deseosos de sentir que existen jueces atentos a lo que ocurre en la calle, a la pluralidad de sensibilidades, y por tanto con los pies en la tierra, es muy necesaria. Esa frase, ha hecho mejorar, sin duda, la valoración que de la Administración de Justicia, tienen muchos ciudadanos.

Nota personal.- Hace 20 años, estando en la Facultad de Derecho, se organizó una visita institucional a las Cortes de Aragón. Acudimos un puñado de estudiantes. Sentados en el hemiciclo, dos diputados nos informaron y explicaron su función, bla, bla, bla. Abierto turno para que preguntaramos, tomé la palabra, y solté un duro discurso contra los políticos. No se lo esperaban y tampoco tuvieron respuesta para las cuestiones que planteaba, más allá de un hábil argumento, por lo falaz, de que si pensaba eso, entrara en un partido político y consiguiera cambiar las cosas.

Las cosas no se cambian desde dentro de un partido político. Pero sí tenemos la posibilidad de cambiarlas, si cuando nos encontramos con nuestros representantes, les mostramos claramente nuestro descontento. Sin optar por el silencio complaciente.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL TURNO DE OFICIO

·       Búsqueda y consecución de mejoras en la prestación del servicio y para los abogados integrantes del turno de oficio

o   Retributivas: Incremento de la cuantía de las indemnizaciones así como de los conceptos que son retribuidos

o   Facilidad de acceso a autos, documentos, etc. Gratuitad absoluta en la entrega de copias del procedimiento. Implantacion de nuevas practicas: entrega de documentos escaneados, envio por correo electrónico, etc.

o   Gestion. En el funcionamiento de los juzgados y muy especialmente del juzgado de guardia, en los avisos para evitar desplazamientos nnecesarios o coincidencia con señalamientos judiciales y asistencias en comisaría

·        Mejora de la comunicación por parte del Colegio de Abogados. se preste información de interés a los integrantes del turno y trasladando comunicaciones de interés colectivo a los letrados

o   Información sobre cuestiones prácticas de interés

o   Información inmediata sobre situación en relación a organismos de gestion de la Comunidad Autonoma. Especialmente en materia de pagos

o   Transparencia en la gestión de guardias: listas, etc.

·        Promoción de una mejor consideración del abogado de oficio por parte de la sociedad, ciudadanos y personas relacionadas con la administración de Justicia

·        Revisión y mejora de la formación prestada buscando una mayor implicación del Colegio de Abogados en la formación de sus colegiados,  buscando una especificidad en aquellas cuestiones que se muestren necesarias y arbitrar nuevos mecanismos formativos como sesiones colectivas de puesta en común. Creacion de protocolos para supuestos especificos, con recomendaciones de como actuar avaladas con el respaldo colegial en supuestos que pueden generar tensiones con juzgados, policia u otros (p.e. asesoramiento previo a la declaracion del detenido en sede policial)

·        Mejora del sistema de cobros en aquellos en que el letrado pueda percibir directamente sus honorarios por no ser supuestos reconocidos con el derecho a la asistencia juridica gratuita.

SOBRE EL 25-S Y EL DELITO CONTRA ALTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Un nuevo ejemplo estos días de lo mejor y lo peor de la sociedad. Sin entrar en mayores detalles sobre el 25-S, pues considero que adoleció de algunos errores, es de agradecer una nueva muestra de ciudadanos disconformes con la deriva de este país y contra la estrategia de aprovechar una situación económica para imponer una reducción u eliminación de derechos que ha costado mucho conseguir.

Del otro lado, de lo peor, en lo que a este blog esencialmente me preocupa, cuestiones relacionadas con el derecho y la Justicia, el Auto por el que el Juzgado de Instrucción 8 remite los hechos a la Audiencia Nacional

En la audiencia nacional, con antelación a la manifestación del 25-S, se abrieron diligencias penales contra los promotores de la misma, por entenderlos autores de un delito del 494. Su apertura es sorprendente, dado que se trata de un delito de resultado, por lo que difícilmente podemos entender una comisión previa, sin tal resultado. Con posterioridad, en la manifestación, se producen incidentes en los cuales es detenida una pluralidad de personas, 34, debiendo señalarse que las imágenes profusamente difundidas reflejan que no había unidad o concierto entre las mismas. Son detenidas en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes acciones y parecen ser desconocidos unos con otros, con excepciones.

El gobierno plantea lo contrario, una unidad de acto con idéntico fin u objetivo y así plantea el atestado que remite a los juzgados. Lo primero que he de decir es que si tal era el convencimiento de la policía, la de un concierto previo de todos los manifestantes, por que no se ponen los medios adecuados para ello? Si verdaderamente  pensaban que miles de personas iban a invadir el congreso poniendo en peligro a los parlamentarios, porque no ponen tanques y cañones para protegerlos, y en vez de eso solo ponen un puñado de policías? El argumento cae por su propio peso ante la falta de coherencia del propio Gobierno.

Después asistimos a un sensato rechazo del atestado y de los detenidos por parte de la Audiencia Nacional, que son remitidos al juzgado de instrucción de guardia, que se descuelga con el Auto anteriormente mencionado y reenvia las diligencias a la Audiencia Nacional (edito que el Auto de la Audiencia Nacional por el que archiva ese anterior procedimiento señala que no se rechazo la competencia pues ni siquiera le fue remitido dicho atestado, sino que simplemente se le puso en conocimiento detenciones por delitos que no eran competencia de dicho juzgado).

Parte dicho Auto de insistir en que son diligencias ampliatorias de las previas que dan origen a ese procedimiento que menciono contra los promotores. Pero eso no es justificación suficiente, dado que quien califica y determina es el juez, y no la policía, por mucho que esta pretenda que todo vaya al mismo saco.

Y luego coge lo que le interesa de aqui, omite lo de allá, en relación a la convocatoria de la plataforma en pie: ocupa el Congreso (se puede leer aqui) y da a entender que la manifestación pretendía subvertir el orden constitucional, y en un salto mortal, entiende que el delito cometido no es ya el del 494 sino el del 493 y habla de invasión del Congreso identificandola con el intento de saltar el perimetro de vallas que realizó algún energúmeno. A todas luces parece desproporcionado identificar tal acción con una invasión del Congreso, pues tal es el verbo utilizado por el código penal y no otro "invadir".

La lectura de dicho Auto me planteó seriamente la duda de si verdaderamente el juez que lo dicta esta convencido de tal desvarío o si meramente es una manera de intentar quitarse un muerto de encima y mandarlo todo a la Audiencia Nacional, con la agravante de que da una respuesta general a 34 situaciones individualizadas, las de los detenidos, que insisto, todo ciudadano que haya visto algo en televisión sobre lo ocurrido ha podido comprobar donde y haciendo qué fueron detenidos muchos de ellos. Y no precisamente asaltando vaya alguna. Tal consideración llevaría a la paradoja de que entonces la totalidad, sí TODOS, de los manifestantes serían autores de tal delito y todos ellos deberían haber sido detenidos sin contemplaciones, cosa que evidentemente (por lo absurdo) no ocurrió.

Ambos supuestos, dar por valida tal majadería jurídica o inventarsela para tratar de darle la competencia a la Audiencia Nacional, son graves. Muy graves. Y esta señoría seguro es de los que querían ir a la huelga. Para mejorar la justicia, claro.