Hoy se ha producido una grave situación jurídica en nuestro país. Una más. La privatización de nuestro registro civil entregándoselo a los registradores mercantiles después de una millonaria inversión pagada por todos nosotros.
Además se ha hecho a escondidas en un decreto ley que modifica muchas otras leyes de lo más diverso y variado. Recomiendo para ello la lectura del blog de Joan Coscubiela que desglosa las normas afectadas con similares conclusiones a las que expreso aquí.
En resumen si atendemos a la división clásica de poderes la competencia legislativa pertenece a las cortes generales y son en ellas donde se crean las leyes y la acción ejecutiva o de gobierno al poder ejecutivo, el gobierno, el cual se dota de las normas necesarias las cuales deben tener el amparo o cobertura de una ley.
Nuestra constitución española posibilita que el gobierno dice normas con rango de ley en unos supuestos muy concretos. Así el artículo 86 posibilita que el gobierno dicte un decreto ley EN CASO DE URGENTE Y EXTRAORDINARIA NECESIDAD
Artículo 86
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Los gobiernos suelen abusar de esta figura pero nunca como este gobierno despótico. Ha dictado más decretos leyes que leyes ordinarias se han creado en esta legislatura.
El colmo como digo en el BOE de hoy. Se reforman más de 20 leyes muy distintas entre ellas y se entrega un registro civil con TODOS NUESTROS DATOS y con obligaciones ciudadanas de inscripción a un colectivo, el de los registradores en mi opinión perfectamente suprimible. Todo ello a escondidas y a traición.
El decreto ley consta de 172 páginas.
Como han dicho otros juristas: cuantas de esas páginas pueden obedecer realmente a una situación de urgente necesidad? Tal es el estado de nuestro país? Es evidente que no es así
El infame ministro se ha despachado diciendo que no se preocupe la ciudadanía que el registro civil seguirá siendo gratis a pesar de que hace unas semanas se hablaba de implantar una tasa por las solicitudes de nacionalidad, por ejemplo.
Y es que España se divide entre los idiotas que se creen lo que dice Gallardon y los ciudadanos que no le creen.
Esto evidencia que en nuestro país tenemos un gobierno que desmantela la separación de poderes. Ningunea al legislativo mientras realiza un desmantelamiento sin precedentes de la Justicia.
Entiendaseme bien. Esto no es una cuestión ideológica de derechas o de izquierdas. ESTO ES UNA CUESTIÓN DE DEFENDER UN SISTEMA DEMOCRÁTICO O PERMITIR QUE EL GOBIERNO ACTUAL FINALICE SU TRANSFORMACIÓN A UN SISTEMA DESPÓTICO Y TIRANO.
Y mientras la sociedad y los juristas, salvo honrosas excepciones, en shock.
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