El ministro de Justicia Catala con la unión del Consejo General del Poder Perjudicial (hasta ahora conocido como Consejo General del Poder Judicial) ha tomado la decisión de apoyar sin fisuras los intereses de los poderosos miembros de la Banca en contra de los consumidores bancarios.
Hagamos un poco de memoria. En enero, el prestidigitador Catalá se sacó de la mano un procedimiento extrajudicial para la devolución de lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo. Este procedimiento fue apoyado por el PSOE y Ciudadanos (Margarita Robles llegó a asimilar a buitres a los abogados que criticamos el procedimiento). No puede quedar en el olvido que ante la sorpresa de muchos abogados también fue apoyado por el Consejo General de la Abogacía en su habitual tendencia al lameculismo del ministro.
Algunas voces criticamos abiertamente el procedimiento por ineficaz, perjudicial al consumidor y denunciamos que no iba a servir de nada y que lo único que pretendía es dar unos meses de respiro a los bancos para evitarles juicios durante ese tiempo.
Pasados los tres meses iniciales de plazo y ante la mayoritaria respuesta negativa a la devolución por las entidades bancarias, se demuestra que efectivamente se buscaba ganar tiempo. Y ahora vemos que el plan tenía una baza oculta, que se ha destapado ahora. El Consejo General del Poder Perjudicial acuerda que los temas relacionados con las clausulas abusivas de las hipotecas sean resueltos por 54 juzgados provinciales, sin crear nuevos juzgados y del siguiente modo:
- Son provinciales lo cual supone vulnerar el foro del consumidor según el cual cuando un consumidor demanda, el juzgado competente es el de su domicilio. Esto se hace por la desigualdad de las partes entre consumidor y empresa y para que los consumidores no se vean desincentivados a ejercer sus derechos. De este todo modo, TODA la población española que no vive en una capital de provincia deberá desplazarse si quiere reclamar sus derechos. El banco, no.
- no se crean nuevos juzgados, sino que se "trasladan" funcionarios de juzgados y se usan la figura del juez JAT (jueces de adscripcion territorial).
- Se utiliza a los jueces recién escudillados de la escuela judicial sin experiencia previa en juicios. No critico su preparación, pero sin lugar a dudas es bastante más difícil que un juez recién escudillado se distancie de lo indicado "desde arriba" como sí sucedió con los bragados que ante la barbaridad de la sentencia del TS tumbada por el TJUE en relación a la retroactividad de las clausulas suelo, se distanciaron de dicha aberración y llegaron a interponer cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
- Las propias asociaciones profesionales de los jueces han criticado que se asigne esta cuestión a estos jueces y además la existencia de un curso "formativo", dirigido a dichos jueces en los que incluso se les ordena a que no admitan pruebas testificales. Esto ha sido considerado por las propias asociaciones profesionales como un ataque a la independencia judicial hablando alguna de que lo que se busca son jueces autómatas que hagan lo que se les dice desde el Consejo General del Poder Perjudicial.
- Si todas las demandas en esta materia se han de ver en un juzgado provincial, lo que se avecina es el colapso de los mismos, un enorme retraso en la resolución que solo beneficia a la banca al retrasar el pago de lo debido o darle una posición negociadora por la cual sabe que los reclamantes aceptaran ofertas a la baja con tal de cobrar cuanto antes.
Pero lo peor, es que viendo lo que se es capaz de hacer y la maldad intrínseca de Catalá y Lesmes (vean el caso del fiscal anticorrupción Moix) lo que se viene encima es un cambio del sistema judicial buscando jueces sumisos, una justicia ineficaz y tardía y un aplastamiento de las voces discrepantes e irredentas.
Y tu? vas a quedarte parado ante esto?
Notas complementarias
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