He debido tener un ataque de pereza blogera. Demasiados días sin escribir, rompiendo mi compromiso con este blog y como no con los lectores habituales, que los hay :)
El día elegido para escribir esta entrada es uno de los peores que he conocido nunca. Es la certificación de la intervención de nuestro país y de la toma de unas decisiones que arrojan un oscuro futuro sobre muchos de nosotros. Todos aquellos que no integramos al grupo de privilegiados a los cuales les da igual o que ocurra con el resto de sus conciudadanos y que no se verán afectados por las expectativas de miseria colectiva.
No pienso escribir sobre las medidas ni sobre economía. Sí dar mi visión como jurista. No deja de chirriarme que muchas de esas decisiones son en mi opinión de dudosa legalidad, por mucho que posteriormente sean refrendadas por un decreto ley o una norma, creo que juridicamente no caben algunas de ellas, como las que afectan a circunstancias laborales o retributivas de los funcionarios, que ven un nuevo tajo en sus emolumentos.
Al margen de la concreta perniciosidad de cada una de dichas medidas, hay una peligrosidad social en la aceptación de la corrección de este tipo de acciones. No puede ser aceptable, que unilateralmente, se rompa un determinado status quo y unos derechos adquiridos por los ciudadanos. Y nos estamos malacostumbrando a aceptar este tipo de decisiones gubernativas. No hace falta más que recordar los debates en relación a la dación en pago y como reiteradamente se argumentaba la imposibilidad de cambiar la situación contractual y legal existente, por muchos motivos de justicia que se alegaran. Sin embargo cuando se trata de cercenar derechos, todo vale.
Creo que la ultima trinchera que nos queda a los ciudadanos es la de los tribunales, ejerciendo lo que ya en otras entradas he explicado, "la lucha por el derecho". En dias como hoy, es cuando se muestra extremadamente clara la importancia para una sociedad democrática de contar con un poder judicial independiente que defienda la justicia contra los desvarios de los políticos. Hoy ha quedado absolutamente definida la perdida de soberania de nuestro país y como se ha diluido el poder ejecutivo y el legislativo (ya de por sí agonizante) siendo sustituidas por decisiones ajenas a los mismos. ¿A quien si no al poder judicial podemos dirigir nuestra mirada?
Sin embargo, mientras todo esto ocurre, los miembros del Consejo General del Poder Judicial llevan dos días incapaces de superar diferencias y elegir su presidente. Y vemos quienes son los beneficiados de tener un poder judicial endeble y sumiso. Y quienes los perjudicados.
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